Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac
Durante la elaboración del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio se identificó la ausencia de un registro de estas víctimas y de programas estatales específicos para su atención, así como el desconocimiento de las autoridades sobre protección de los derechos de esta población.
Así lo reconocieron las titulares del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Nadine Gasman Zylbermann y Fabiola Alanís Samano, respectivamente, este 9 de agosto, durante la presentación virtual del Protocolo, que entró en vigor el pasado 4 de agosto.
La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que durante la elaboración del documento se percataron de que las fiscalías locales no cuentan con un registro de estas víctimas indirectas del feminicidio, ya que al menos 7 instituciones no atendieron la solicitud de entrega de datos y se observó que muchas entidades tenían múltiples registros sin formatos claros. Sólo la Ciudad de México, Coahuila y Jalisco tenían programas específicos de apoyo.
Sin dar nuevas cifras, Gasman habló de «cientos» de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio; y precisó que los contenidos del Protocolo se realizaron desde 2019 en el contexto de las «Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia para Mujeres y Niñas en casos de Muertes Violentas», donde se identificó la necesidad de que las autoridades generaran mecanismos para la definición, detección, registro, protección integral, reparación del daño y restitución de derechos para estos grupos, así como de un sondeo nacional a diversas instituciones para buscar el número total de víctimas.
Hasta agosto de 2020, el Inmujeres sólo tenía información de 26 entidades federativas que identificaron 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, datos que eran del periodo de enero a diciembre de 2019. Los estados de Oaxaca, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala no compartieron información sobre las solicitudes hechas por la instancia rectora de la política de género en el país. Tampoco se tiene información de años previos.
Cimacnoticias solicitó al área de Comunicación Social del Inmujeres una actualización de este registro, pero hasta el cierre de esta edición no se había proporcionado.
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¿Qué dice el Protocolo?
La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez —institución que será la principal responsable de la aplicación de este protocolo— dijo que este documento propicia una coordinación interinstitucional y define los mecanismos de integración de las y los niños a su familia ampliada y de acogida; y que cuenta con una ruta de atención que detalla cada uno de los pasos y procesos que deben llevarse a cabo para resguardar su integridad física.
El protocolo, anunciado desde julio de 2020 pero terminado este 2021, unifica criterios de actuación y define a niñas y niños y adolescentes en condición de orfandad como quienes por causa del feminicidio (u otro homicidio analizado jurisdiccionalmente con perspectiva de género) de sus madres o cuidadoras, quedan en desamparo y vulnerabilidad, independientemente que no haya sufrido la pérdida del padre y aún cuando se encuentren bajo la tutela y/o custodia de algún integrante de su familia de origen, extensa o ampliada.
Entre sus objetivos está la identificación y reconocimiento de la niñez en condición de orfandad que requieran servicios de protección; la definición de los términos específicos de la emisión de medidas especiales de protección y la prestación de servicios; información y coordinación entre autoridades; orientar el cumplimiento de las atribuciones de cada una de las autoridades que atiendan a estas niñas y niños.
El Protocolo también servirá para establecer los mecanismos de integración de ellas y ellos con su familia ampliada o de acogida; garantizarles acompañamiento psicológico y socio-educativo; de ser necesario, dar asesoría legal; y señalar cuándo las instituciones encargadas de atender los casos de feminicidio deben registrar a las y los menores de edad involucrados.
Esta ruta de acción es de observancia obligatoria para las unidades administrativas del DIF; obliga a la coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; y es de orientación para las demás autoridades.
Al participar en la presentación, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, informó que cada día ocurren 10 muertes violentas de mujeres y 2 de ellas ocurren dentro del hogar, en muchos de estos casos con la presencia de las hijas e hijos.
Alanís explicó que este Protocolo se planeó desde hace dos años, con base en el relato de las víctimas y de las y los servidores públicos, quienes, reveló, hasta hace poco ellos «desconocían las obligaciones que tenían en la materia».
La titular de la Conavim explicó que frente a la existencia de un feminicidio, las autoridades deben identificar si existen niñas, niños y adolescentes involucrados. Esto se debe identificar desde la investigación pericial, ministerial y judicial, hasta la judicialización del caso, «porque nunca más deberá invisibilizar a esas víctimas indirectas; es un acto de justicia visualizarlas pero también es un imperativo ético», dijo.
Alanís también dijo que está en las manos de las instancias de las mujeres de las entidades federativas y de los municipios, y en las atribuciones de las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas brindar el estatus de víctimas indirectas a niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, y garantizarles acompañamiento en el proceso del duelo. Sin dar datos puntuales, la funcionaria agregó que ya se envió el primer registro de estas víctimas para ser incorporadas en las Becas del Bienestar Benito Juárez.
En la presentación de este Protocolo también estuvieron presentes las y los titulares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; así como representantes de los DIF y Procuradurías estatales.
