SECTUR eleva requisitos para Pueblos Mágicos, pero municipios chiapanecos carecen de planificación, inversión y apoyo técnico. La magia no basta cuando reina el abandono institucional
Primer Plano Magazine/Noé Juan Farrera Garzón
Recientemente, la Secretaría de Turismo federal anunció una nueva etapa de evaluación para los 177 Pueblos Mágicos del país. Los municipios que ostentan este nombramiento deberán cumplir antes del 30 de septiembre de 2025 con una serie de requisitos que buscan elevar la calidad del turismo en México, como contar con un Plan Municipal de Desarrollo Turístico Sostenible alineado a los Objetivos 2030 de la ONU, reglamentos de imagen urbana aprobados por el INAH y registrar al 100% de los prestadores de servicios en el Registro Nacional de Turismo (RNT).
Para diciembre del próximo año, estos destinos serán clasificados por niveles de cumplimiento: Triple A, Doble A o A. Todo lo anterior, lo anunció el director general de Gestión Social de Destinos de la SECTUR Federal, Marte Luis Molina Orozco, que es quien coordina la estrategia Pueblos Mágicos a nivel federal.
La intención es positiva: generar una mejora continua en los destinos turísticos más emblemáticos del país. Sin embargo, este enfoque tropieza con una dura realidad en estados como Chiapas, donde los Pueblos Mágicos parecen sumidos en una preocupante inercia institucional.
San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Comitán, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla y Copainalá son ejemplos claros de este estancamiento. La denominación de Pueblo Mágico, que alguna vez fue celebrada como un impulso al desarrollo económico, cultural y turístico, ha quedado en muchos casos como una etiqueta decorativa sin seguimiento.
Las condiciones mínimas para ofrecer una experiencia turística de calidad—como señalización adecuada, infraestructura digna o servicios turísticos certificados—brillan por su ausencia.
Mientras la Federación lanza exigencias más altas y pone sobre la mesa una bolsa de 8 mil millones de pesos en créditos, no se observa en los gobiernos municipales la intención real de aprovechar esta oportunidad. Las denuncias de cobros indebidos, falta de transparencia y negligencia en el manejo de recursos públicos, como ocurre en algunos ayuntamientos chiapanecos, terminan por desvirtuar cualquier esfuerzo de mejora.
El caso de Copainalá es emblemático. Su templo colonial de San Miguel presenta graves daños estructurales, sin que hasta ahora exista un plan integral de restauración. La maraña burocrática entre municipios, estado, federación e instituciones como el INAH, convierte la atención urgente en un laberinto interminable.
Entonces, salta de inmediato la pregunta ¿Cómo hablar de sostenibilidad o reglamentos de imagen urbana, cuando ni siquiera pueden resolverse las urgencias patrimoniales más básicas?
También hay una crítica necesaria al modelo federal: exigir sin ofrecer acompañamiento técnico ni simplificación de trámites, es condenar al fracaso a los municipios más rezagados. A los créditos hay que sumar esquemas de capacitación, asesoría y vinculación efectiva con expertos en turismo, planeación urbana y conservación del patrimonio, además de la salud financiera.
Por ello, este proceso no puede ni debe asumirse como un mecanismo disciplinario, sino como una verdadera corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno. Las administraciones locales deben dejar de tratar el turismo como un asunto menor y comprender que un Pueblo Mágico, no se mantiene con discursos ni placas inaugurales, sino con planificación, inversión y voluntad política. Y el gobierno federal, si de verdad desea transformación, debe allanar el camino con una política menos centralista y más sensible a las realidades locales.
Chiapas, por su riqueza natural, histórica y cultural, debería estar a la vanguardia del turismo nacional. Pero, si no se atienden con urgencia estas fallas estructurales, corremos el riesgo de que lo «mágico» se vuelva una ironía dolorosa.
La tarea es titánica, pero no imposible. Requiere visión, compromiso y, sobre todo, respeto por los pueblos y su gente.
