El presidente de la Comisión Especial de Reconstrucción del Congreso del estado sostuvo que no se tolerará ningún acto de corrupción, y para que la población tenga certezas es necesario atender los señalamientos en contra del presidente municipal de Pijijiapan; de ameritarse, llegar hasta las últimas consecuencias en las indagatorias: esto es separarlo del cargo y quitarle el fuero para que rinda cuentas ante las autoridades
Esmeralda Fonseca / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]uego que pobladores de Pijijiapan denunciaran al presidente municipal, Aristeo Trinidad Nolasco, por la manipulación del censo de damnificados para destinar la ayuda a miembros de su cabildo y familiares, la presidencia de la Comisión Especial de Reconstrucción (CER) se pronunció ante las quejas con la postura firme de hacer que el servidor público enfrente el litigio correspondiente.
En conferencia de prensa, el presidente del Congreso del Estado, Willy Ochoa Gallegos anunció que, ante los acontecimientos expuestos por los habitantes, «la presidencia de la Comisión de la Reconstrucción y del Congreso del Estado sostiene su postura de no solapar actos de corrupción y en detrimento de los damnificados».
En la presentación del caso, añadió que se debe frenar el despojo hacia la entidad y sumar beneficios a los ciudadanos. Expuso que esto se puede lograr al responder con base al marco legal establecido cuando llegue el momento de realizar las investigaciones convenientes.
Aunado a lo anterior, también señaló que se deberán repartir las responsabilidades administrativas y establecerse como un jurado de acusación ante el tribunal de justicia administrativa; además, procurar que las indagaciones alcancen el orden penal.
De hallarse actos u omisiones hacia los derechos de los afectados, entonces el Congreso, mediante una petición formulada por el fiscal general del estado, y en compañía de una carpeta de investigación, podrá separar del cargo a Aristeo Trinidad; y, por lo tanto, dejarlo sin la protección del fuero constitucional.
En la ronda de preguntas, se le cuestionó respecto a las atribuciones y facultades que tiene la CER; es decir, si cuenta con el nivel de poder suficiente para responsabilizar a quien haya cometido algún ilícito en las denuncias expuestas en el municipio.
A lo que Willy Ochoa respondió que la función de la CER es separar del cargo de manera inmediata o lo que corresponde a retirar el fuero constitucional a través de la petición del poder legislativo, para que las autoridades puedan realizar su trabajo y conducirse hasta el último curso de las investigaciones debidas. No obstante, las sanciones están fuera de su alcance.
«A lo que nos toca a nosotros como legisladores, nos queda presionar, darle seguimiento a éstas y cada una de las actuaciones que hagan funcionarios públicos y que vayan en detrimento de los damnificados; es atribución de esta comisión estar muy al pendiente de todos y cada uno de estos temas, pero a la parte que te refieres a que si podemos sancionar, no lo podemos hacer hasta que haya una petición de las instancias correspondientes» argumentó.
Agregó que si el alcalde de Pijijiapan «(…) utilizó algún recurso público para favorecer o para no llegar a su fin debidamente solicitado, actuaremos con forme a derecho».
En relación a acudir personalmente a dicho municipio para constatar del problema, Ochoa dijo que se tiene prevista una reunión con la CER para que Pijijiapan se atienda con inmediatez.
Señaló que la comisión no ha registrado denuncias por parte de damnificados que provengan de otros municipios que hayan sufrido daños.
Asimismo, mencionó que esta situación no sólo es un mensaje para Aristeo sino para todos los funcionarios que tienen el manejo de los recursos destinados para los damnificados. Y también exhortó a todos los afectados por el terremoto a denunciar si aún no han sido atendidos.
Con respecto a la falta de entrega de las tarjetas, sostuvo que llevan un avance del 70 por ciento, y que la secretaria Rosario Robles, titular de la se comprometió que antes del 15 de diciembre se finalizará el reparto.
A su vez, en cuanto a los esfuerzos realizados por la transparencia en el uso de los recursos en la entidad, dio a conocer que son alrededor de 30 municipios que se les fincará responsabilidad penal; sin embargo, falta que la autoridad competente cumpla su función.
Se incluye a los municipios donde se han mantenido conflictos y no han entregado cuentas públicas; se integran las carpetas, según las autoridades correspondientes, para la rendición y la transparencia.
