La militarización entre la población se relaciona con la aprobación del Ejército entre la sociedad civil. En México, esta aprobación que es muy alta
Diana Hernández Gómez / Cimac Noticias
Actualmente, en México hay diversas reformas que están integrando a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública del país. Esta tarea le corresponde (o le correspondía) exclusivamente a las policías estatales y municipales; de ahí que la entrada de las fuerzas castrenses en dichas labores nos permita hablar de militarización.
De acuerdo con la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Fuerza Armada tiene la obligación de preservar la seguridad interior y la defensa exterior de México. Nancy Carmona Arellano —coordinadora del área de políticas públicas de la organización Equis Justicia— explicó a Cimacnoticias que esto tiene que ver con la defensa de la soberanía y con ofrecer auxilio en casos donde la población mexicana se vea vulnerada.
Al respecto, Carmona Arellano recuerda aquellas ocasiones en las que los miembros del Ejército han intervenido para atender y reparar los daños causados por desastres naturales. Desde la perspectiva de la especialista en políticas públicas, en este ámbito, el actuar de las fuerzas armadas ha sido bien visto por la mayoría de la población. Pero, ¿qué pasa cuando los militares intervienen en otras labores?
Además de participar en la seguridad local, el Ejército en México también se ha hecho cargo de la construcción de un aeropuerto y del Tren Maya, así como de la distribución de vacunas de Covid-19 y de dinero destinado a diversos programas sociales; de igual forma, participa en las operaciones de aduanas y puertos.
Nancy Carmona asevera que cuando el Ejército comienza a tomar atribuciones que no le corresponden estamos hablando de un proceso de militarización.
¿Cómo es la militarización en México?
El periodo de militarización actual en México tiene relación con la creación de la Guardia Nacional (GN) en 2019. Pese a su carácter militar, esta institución estaba ligada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y nació con la tarea de intervenir en la de seguridad pública de México.
Ahora, la Guardia Nacional pasó a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), un organismo del que también dependen el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Es decir: la GN oficialmente está incluida en el paquete militar, por lo que sus labores deberían adscribirse sólo a este ámbito y no a la seguridad pública. Sin embargo, como ya sabemos, desde el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa los militares están en las calles haciendo las labores de la policía.
Esto quiere decir que la inclusión de la GN a SEDENA sólo refuerza un periodo que ya venía desarrollándose desde hace décadas. Y, al parecer, es un periodo que no está cerca de terminar. Recordemos que este 4 de octubre, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional gracias a la cual la GN seguirá encargándose de la seguridad pública hasta 2028.
Pero más allá de las reformas institucionales, Nancy Carmona explica que la militarización también es un proceso que se ha dado dentro de las instituciones policiales y en la sociedad en general.
Lo primero tiene que ver con el hecho de que los organismos policiales adopten jerarquías y modos de actuar más militares. Además, de acuerdo con Carmona Arellano, «cada vez son más los funcionarios con trayectoria militar quienes están ocupando altos mandos en las instituciones de seguridad».
Por otro lado, la militarización entre la población se relaciona con la aprobación del Ejército entre la sociedad civil. En México, esta aprobación que es muy alta pese a las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. ¿Qué hay detrás de las calificaciones positivas?, ¿será que el Ejército realmente hace bien su trabajo?
La aceptación del Ejército es buena pero comienza a disminuir
Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del tercer trimestre de 2022 del Inegi, el 84.9 por ciento de la población en México califica el desempeño de la Marina como muy o algo efectivo. Por su parte, el Ejército tiene un 82.3 por ciento de aprobación. Para la GN y la policía estatal, la puntuación es de 71.9 y 52.2 por ciento respectivamente, y para la policía municipal, de 44.7 por ciento.
Como se puede observar, las fuerzas armadas son quienes tienen una percepción más positiva entre la población civil. Pero, ¿a qué se debe esto si constantemente vemos noticias sobre la violencia de estas fuerzas contra la población en general? De acuerdo con Nancy Carmona Arellano, para saberlo es necesario indagar en cómo es la presencia del Ejército en diferentes partes del país.
En los lugares donde la presencia es más disuasiva, por ejemplo, puede que la aceptación sea más elevada. Por el contrario, puede haber más rechazo en territorios donde las fuerzas armadas tengan enfrentamientos directos con grupos delictivos. Además, hay una diferencia importante entre la percepción de hombres y mujeres, ya que —de acuerdo con Carmona Arellano— estas últimas son quienes menos confían en las fuerzas militares y temen más a sus acto violentos como las agresiones sexuales o la desaparición forzada.
Para la integrante de Equis Justicia, estos y otros actos violentos como el reciente asesinato de una mujer embarazada tienen que ver con el entrenamiento de los militares. Ellos fueron entrenados para eliminar a un enemigo, afirma Carmona; de ahí que sean más incisivos en las revisiones corporales o miren siempre con ojos de sospecha a la población civil y la ataquen a la menor provocación pese a que ella no sea ese «enemigo».
Quizá, pese a los alto índices de aprobación, la población sí percibe esa violencia. Y es que el nivel de confianza en las instituciones armadas ha ido disminuyendo paulatinamente tal como lo muestra la siguiente gráfica del Inegi. En marzo de 2021, por ejemplo, las calificaciones positivas para la Marina y el Ejército eran de 87.5 y 84.9 por ciento respectivamente, por lo que hubo una disminución de entre 2 y 3 por ciento respecto a septiembre de este 2022.
Pero este rechazo no es suficiente para que la militarización cese o para que toda la población sea consciente sobre lo que puede implicar la militarización del país: un aumento en las violaciones a los derechos humanos y una jerarquización rígida del poder.
En este sentido, Nancy Carmona hace énfasis en que el debate debe enfocarse correctamente. «La petición no es que desaparezcan los ejércitos sino que se delimite claramente cuál debe ser su esfera de actuación», insiste la especialista frente al debate que se ha desatado entre la sociedad mexicana. Un debate que, sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados se han negado a escuchar.
