Mujeres de Chiapas
En Chiapas, la agenda pública muestra señales claras de un compromiso firme con la protección de los derechos de las mujeres, por parte del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, quien es un ferviente defensor de ellas, pero además no solo las visibiliza, sino las acompaña y las apoya.
Desde el 8 de diciembre que tomó posesión de la gubernatura, el mandatario ha sido puntual en este tema, por eso su interés en que ninguna mujer corra riesgos y de ahí los relojes digitales, de ahí que fortaleció la fiscalía de la mujer, de ahí que su gabinete cuente con mujeres capaces.
Pero no inicia como una política pública, Eduardo Ramírez, ha trabajado desde que era diputado local y presidente de esa legislatura, no permitió que nadie fuera violentada, generó condiciones como diputado para apoyar a sus compañeras tanto diputadas como trabajadoras, de quienes acudían.
Por eso mismo, el estado ha fortalecido acciones orientadas a hacer valer la ley frente a cualquier forma de violencia de género, enviando un mensaje contundente: en Chiapas, la seguridad y la dignidad de las mujeres no son negociables y lo ha dicho voz firme y fuerte.
Durante años, la violencia contra las mujeres ha sido uno de los grandes desafíos sociales y de justicia en el país. No se trata únicamente de un problema legal, sino también cultural y estructural. Por ello, la importancia de que desde el gobierno estatal se impulsen políticas claras, coordinadas y firmes para prevenir, atender y sancionar estos delitos.
Hay grupos antagónicos que quieren que no haya un solo feminicidio, como si el gobierno de Sheinbaum, el del estado o municipales, conocieran de antemano, quien, donde y a que hora va a cometerse un delito de tanto horror; lo cual no puede evitarse, porque ellos o ellas mismas no tienen en mente asesinar a alguien.
Lo que es una realidad del gobierno de la nueva ERA, es que la actual administración ha apostado por fortalecer las instituciones encargadas de proteger a las víctimas, mejorar los mecanismos de denuncia y garantizar que los casos de violencia no queden impunes.
La aplicación de la ley se vuelve entonces un pilar fundamental para reconstruir la confianza ciudadana y enviar una señal inequívoca de que el Estado está del lado de quienes más lo necesitan, como son ellas, pero también los niños, los migrantes, indigentes, indígenas, hasta los que generan economía para que sigan adelante.
Uno de los aspectos más relevantes es la voluntad política para enfrentar este problema sin evasivas. El combate a la violencia contra las mujeres exige decisiones firmes y una coordinación permanente entre autoridades de seguridad, procuración de justicia y organismos de atención social.
Cuando esta articulación funciona, los resultados comienzan a notarse no solo en las cifras, sino también en la percepción de seguridad de las mujeres, eso se ha visto, al grado que muchos ahora están en la cárcel, otros ya están por ser detenidos, todo es un trabajo arduo para reducir los hechos.
Además, el impulso a campañas de concientización y prevención ha contribuido a visibilizar una problemática que durante mucho tiempo permaneció normalizada. Hoy el mensaje es distinto: cualquier agresión, física, psicológica, económica o simbólica, debe ser denunciada y atendida.
La ruta que se ha marcado desde el gobierno estatal apunta precisamente a fortalecer una cultura de respeto y legalidad. En este esfuerzo, no solo se trata de sancionar a quienes cometen actos de violencia, sino también de construir un entorno social donde las mujeres puedan vivir libres de miedo, que es lo realmente importante, de nada sirve crear una ley que castigue con 200 años o cadena perpetua, si la mujer será asesinada.
El reto sigue siendo grande, pero los pasos dados por Ramírez Aguilar, muestran una dirección clara, cuando el poder público asume con seriedad la defensa de los derechos de las mujeres, se abre la posibilidad de construir un Chiapas más justo, más seguro y más humano para todas y todos. Porque garantizar la vida libre de violencia para las mujeres no es solo una obligación legal; es una responsabilidad moral de todo gobierno comprometido con la justicia social y esto incluye no solo al gobernador, va también para los funcionarios del gabinete legal y ampliado, a los del Poder Judicial y del Congreso del estado, desde luego que se suma a los de los 124 Ayuntamientos, a todos los trabajadores, estudiantes, maestros, periodistas.
Estos últimos, a ser inteligentes y pensar que no tiene que verse como un asunto de cifras, que publicar la muerte para llamar a los likes o compra de periódico e incluso de escucharlos o verlos más en los medios a los que pertenecen.
No se trata de ocultar una realidad, pero los medios de comunicación, deberían de cambiar la forma de informar, y respetar el dolor ajeno, de esas madres y padres que ven a su hija sin vida, no tiene porque hacerse una acción de negocio y menos utilizando el sufrimiento de terceras personas.
Los legisladores, aprovecho, deben hacer una ley, no para endurecer penas que insisto, no sirven en lo absoluto, sino para que no se victimice o re victimice a las personas, los diputados deben asesorarse para que no se haga del árbol caído más leña, ya basta de utilizar a las mujeres para fines económicos.
También las denominaciones religiosas, deben de hacer algo, porque es claro que la ley de Dios dice no matarás, y se sigue haciendo como si tuvieran el perdón asegurado del pastor protestante o de católico, es ahí donde tienen que empezar, tampoco sacándolos de sus congregaciones, sino atendiendo desde el primer momento, este tipo de fenómenos.
Los dos sindicatos en Chiapas del magisterio, tanto la 7 que es la federal como la 40 que refiere a los maestros del estado, deben trabajar fuertemente de la mano con el gobierno no para seguir peleando, sino para reducir ese fenómeno social que daña tanto a las mujeres en general.
