Los delitos de violencia familiar en contra de las mujeres y violencia sexual ha alcanzado máximos históricos en México
Alexis Ortiz / La Lista
La violencia familiar en contra de las mujeres alcanzó un nuevo récord histórico en México durante mayo del 2022. Un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra que solo en ese mes se abrieron 27 mil 108 carpetas de investigación por agresiones en el ámbito familiar, algo que no se había visto antes.
Una tendencia parecida han tenido los crímenes de carácter sexual. En total, en los primeros cinco meses del 2022, se han abierto 34 mil 049 carpetas de investigación por abuso, acoso, hostigamiento, violación simple y equiparada y otros delitos, mientras que en el mismo lapso del 2021 se abrieron 28 mil 494 indagatorias, es decir, hay un incremento del 19.5%.
Si tú has sido víctima de alguno de estos delitos o conoces a alguien que lo haya sido, te compartimos algunas claves para que una denuncia no se quede estancada y logres acceder a la justicia. Estos puntos fueron compartidos en un taller de la organización Impunidad Cero y la ponente fue Aída Enríquez Ostra, integrante de la Red de Abogadas Violeta.
Ratifica tu denuncia por violencia familiar y delitos sexuales
La denuncia que una víctima interpone por su propia voluntad se llama querella. Aída Enríquez compartió que, si al momento de acudir al Ministerio Público no hay ningún detenido por el delito, es necesario que la persona afectada vuelva con los agentes de seguridad para ratificar su denuncia. Las autoridades serán quienes pongan la fecha de la ratificación.
«Principalmente en los delitos de querella es muy importante que la denuncia, el escrito o la comparecencia sean ratificados porque al ser un delito de querella el Ministerio Público para poder investigar necesita que la víctima le aporte datos, evidencias y que dé su consentimiento», señaló Enríquez Ostra.
La ratificación de la denuncia se debe hacer en las fiscalías especializadas. En el caso de la Ciudad de México, estas se encuentran en el llamado «búnker» de la Fiscalía General de Justicia, ubicado en la colonia Doctores. Ahí son enviadas todas las carpetas de investigación por violencia familiar y delitos sexuales, sin importar en qué agencia se haya interpuesto la denuncia.
En caso de que haya un presunto agresor detenido, el Ministerio Público debe solicitar una audiencia en máximo 48 horas para que un juez de control califique de legal la detención o deje en libertad al probable responsable. En ese lapso, la víctima también tiene que ser valorada con un estudio psicoemocional, médico y de otros tipos para acreditar el delito de violencia familiar o sexual.
Ampliación de declaración y resolver dudas del Ministerio Público
La ampliación de declaración es fundamentales para que la autoridad pueda investigar el delito. Cuando se interpone la denuncia la víctima hace una narración de los hechos, pero factores como el temor, el cansancio o la carga de trabajo del Ministerio Público puede provocar que ese primer relato sea muy corto.
Por ese motivo, es fundamental volver en la fecha establecida por las autoridades para ampliar la narración de los hechos y compartir todos los detalles que fueron olvidados al momento de interponer la denuncia. Otro tipo de ampliación de denuncia es cuando los agentes de seguridad tienen dudas conforme investigan y llaman a la víctima para resolverlas.
Aquí es importante saber cuáles elementos son relevantes para la investigación. «Como denunciantes nosotros queremos dar todos los detalles porque pensamos que así va a ser muy exitosa nuestra carpeta, pero no siempre van a ser necesarios y detalles innecesarios contaminan la investigación. Hay que ser lo más concreto posible en nuestras declaraciones: en un robo, qué fue lo que te quitaron y qué valor tiene; en un abuso sexual, cómo fueron los tocamientos o si te enseñó imágenes de qué tipo; en un acoso, cuáles fueron las palabras que te dijo», compartió la abogada de la Red Violeta.
Es muy importante que después de cada entrevista que se rinda ante el ministerio público, la víctima pida una copia simple de su declaración para que tenga presente todo lo que ha dicho y no caiga en contradicciones o repeticiones.
Integración de la carpeta de investigación
Durante la integración de la carpeta de investigación serán fundamentales todas las pruebas que se obtengan para acreditar la violencia familiar y los delitos sexuales en contra de una mujer, una niña o adolescente.
Algunas de las pruebas básicas más importantes para acreditar estos delitos son las valoraciones psicoemocionales para confirmar la afectación que tiene la víctima o que la persona denunciada es generadora de violencia; los certificados psicofísicos que ayudan a identificar las lesiones; los dictámenes de antropología social para saber qué tanto ha afectado el delito a la víctima en los distintos ámbitos de su vida, muy útil para el momento de la reparación del daño; los dictámenes en fotografía forense para fijar los lugares, objetos y personas que sean relevantes para la investigación; y los estudios en criminalística de campo que tienen la opinión técnica-científica de un experto sobre el resguardo que se hizo del lugar de los hechos o la recolección de indicios.
La víctima debe exigir que el Ministerio Público le realice esas pruebas, pero si las autoridades no lo hacen se puede buscar a un experto independiente que realice estos estudios y después integrarlos a la carpeta de investigación. Cuando un estudio del Ministerio Público no acredita las agresiones, la víctima también puede pedir una segunda opinión con un especialista.
Aída Enríquez recomendó que los expertos independientes consultados lleven a cabo las mismas técnicas que el Ministerio Público para que sus dictámenes sean aceptados. En el caso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia tiene una lista de peritos auxiliares que están capacitados para realizar los estudios básicos ya mencionados.
Cómo reactivar una investigación si ya está en archivo temporal
Hay tres formas en que puede concluir una carpeta de investigación: ejercicio de la acción penal, cuando el Ministerio Público cuenta con los elementos necesarios para iniciar un juicio en contra del presunto culpable; el no ejercicio de la acción penal, cuando los agentes de seguridad no tienen suficientes indicios para acreditar que hay un delito y por lo tanto la investigación se desecha; y el archivo temporal, cuando el Ministerio Público no tiene suficientes elementos para llevar al caso ante un juez, pero se reserva la facultad de seguir con las indagatorias y la puede reiniciar en cualquier momento.
En caso de que una carpeta de investigación haya quedado en archivo temporal, la abogada de la red violeta explicó que la víctima puede pedir que se reactive la indagatoria a través de une escrito donde se le pida al Ministerio Público que continúe con su trabajo, toda vez que no se hizo la ratificación o faltaron acciones de investigación, dependiendo el caso.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas estatales pueden ayudar a la persona afectada a elaborar este escrito para que sacar una carpeta de investigación del archivo temporal.
Cómo solicitar medidas de protección para prevenir la violencia contra la mujer
Las medidas de protección son un derecho al que pueden acceder las mujeres que han sido víctima de un delito de género y su agresor representa una amenaza constante. El Ministerio Público tiene la obligación de explicar cuáles son estas medidas a la persona afectada y las emite a petición de ella o de oficio.
«Las medidas de protección son giradas por el Ministerio en Público con el objetivo de que el delito no se siga cometiendo o no escale, por ejemplo, en un delito de violencia familiar o de lesiones es muy importante que si dicten las medidas de protección adecuadas para que no haya un delito más grave como un feminicidio», señaló Enríquez Ostra.
Las medidas de protección tienen una duración de 60 días y se pueden prorrogar por otros 30 días. Estas medidas están contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los artículos 34 Ter y 34 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Algunas de las órdenes de protección son las siguientes: prohibición al agresor de acercarse a la víctima; separación del agresor del domicilio; vigilancia policial en el domicilio de la víctima; traslado de la víctima a un refugio o albergue temporal; el uso de dispositivos electrónicos para evitar el contacto del agresor con la víctima; embargo de bienes al agresor, entre otras.
En caso de que el personal del Ministerio Público se niegue a emitir estas órdenes de protección, las víctimas deben pedir hablar con el encargado de la agencia para reportarlo. Si esto ocurrió en la Ciudad de México puede acudir a la planta baja del «búnker», donde hay un área de protección de los derechos humanos y en la Visitaduría Ministerial.
El no emitir órdenes de protección también puede ser un argumento para que la víctima pida que su carpeta de investigación sea enviada a otro agente del Ministerio Público.
La Red de Abogadas Violeta, organización de la que forma parte Aída Enríquez, es una asociación civil que brinda asesoramiento legal gratuito con perspectiva de género a las mujeres y es posible contactarlas en sus redes sociales o por e mail: red.abogadas.violeta@gmail.com
