La ministra Lenia Batres consideró que la reducción del 50% de los salarios de las y los ministros, aprobada por la SCJN, es insuficiente, ya que aún excede el límite de remuneración presidencial
Aquínoticias Staff
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el 24 de octubre una reducción histórica en los salarios de las y los ministros, quienes verán sus ingresos disminuidos casi un 50% en 2025. En una sesión tensa, el Pleno respaldó esta medida con 10 votos a favor, recortando el sueldo anual bruto de 5.5 millones a 2.8 millones de pesos para los 11 ministros que integran el máximo tribunal. Sin embargo, la ministra Lenia Batres votó en contra, criticando que esta reducción no representa, en su opinión, una austeridad auténtica y señalando que los nuevos salarios todavía exceden el límite constitucional establecido por la remuneración presidencial.
El presupuesto anual de la Suprema Corte para 2025, aprobado en la misma sesión, también refleja un ajuste a la baja, pasando a 5,922.9 millones de pesos, una cifra considerablemente menor en comparación con el presupuesto de 2018. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández presentó este proyecto en el marco de una política de austeridad y racionalidad que la Corte ha implementado desde los recortes de la Cámara de Diputados en 2024, que alcanzaron los 321.9 millones de pesos, siendo los mayores en la última década. Este nuevo presupuesto, que será enviado al Ejecutivo antes del 5 de noviembre, responde a un exhaustivo ejercicio de planeación y a una política de gasto controlado que busca garantizar la eficiencia sin comprometer el funcionamiento del máximo órgano de justicia.
Según la SCJN, la reducción en los salarios de ministros y servidores públicos de alto nivel, que afecta también a 330 altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, está alineada con el artículo Séptimo transitorio del decreto de reforma al Poder Judicial. No obstante, Batres acusó que, a pesar de este ajuste, los ministros seguirán percibiendo ingresos superiores a los de la presidenta de la República. “Se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras. No se transparenta la totalidad de conceptos que la integran. Se suprime únicamente el pago de riesgos y se siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la Ley”, expresó en sus redes sociales, cuestionando la veracidad del ajuste.
Para 2025, el presupuesto también contempla una disminución del 4.1% en servicios personales, cuyo monto asciende a 4,813.2 millones de pesos, de los cuales el 80% se destinará al pago de salarios, reflejando la alta dependencia de la SCJN en su capital humano para las labores jurisdiccionales y de apoyo. De las 3,805 plazas actuales, dos terceras partes están ocupadas por personal dedicado a la impartición de justicia y actividades de apoyo, un recurso humano que el Pleno considera esencial para cumplir con las responsabilidades del tribunal.
La reducción del presupuesto para servicios personales, conforme al artículo Décimo transitorio del Decreto de reforma, responde al compromiso de la SCJN por mantener el respeto a los derechos laborales de sus servidores públicos. Aunque el proyecto presupuestal 2025 de la Corte destaca la racionalización del gasto, también implica un esfuerzo de adaptación frente a posibles ajustes legislativos que se planteen en el transcurso del año fiscal.
Este anuncio de la SCJN ocurre en un contexto donde el debate sobre austeridad y transparencia en el uso de recursos públicos se intensifica. La Corte ha expresado que, pese a los recortes aplicados por el Legislativo, mantiene su disposición de colaborar en la mejora de la eficiencia del gasto sin poner en riesgo su operación. Sin embargo, las críticas persisten, especialmente en torno a la percepción de que la austeridad aplicada a altos funcionarios no sea suficiente frente a las demandas de ajuste de los salarios en las instituciones federales.
Con información de Infobae
