En medio de la vorágine de acontecimientos recientes, los seres humanos, la especie animal dominante en el planeta –así es vista por sí misma–, han puesto a prueba sus conocimientos para sobrevivir. El miedo y el arrojo, extremos de la conducta, se han tocado y mientras algunas personas han permanecido vivas siendo en extremo precavidas, otras han superado los límites de la temeridad con el mismo resultado. Ambas antípodas ponen en peligro al sujeto. Lo cierto es que producto de la pandemia de COVID-19, los desastres naturales y los conflictos bélicos –de al menos las dos últimas décadas– la humanidad ha incorporado a su vocabulario la palabra resiliencia.
Los eventos que han puesto en peligro la vida de cientos de miles o millones de individuos alrededor del mundo y sus consecuencias directas e indirectas han hecho que la persona, en singular, tenga que aprender a situarse en el mundo a partir de la identificación de las adversidades del entorno y de sus propias debilidades en tanto ser humano frágil y sintiente. La idea que equiparó al humano a los dioses y a las diosas –la omnipotencia– ha quedado relegada. La finitud y la brevedad son las constantes (una temerosa verdad) y, en el periodo de vida, lo que cuenta es ser con los otros sin perder la identidad, buscando la plenitud.
Y si los seres humanos deben ser resilientes –tener las capacidades de adaptación, realismo y prospectiva– también los gobiernos deben serlo. La resiliencia debe ser una política pública que brinde a las autoridades el sentido de estrategia para los riesgos, las amenazas y los eventos catastróficos. La resiliencia gubernamental está en consonancia con una nueva forma de entender la administración pública: más flexible, horizontal y abierta. Las respuestas a los eventos del futuro tendrán que ser heurísticas.
No será un asunto sencillo. Habrá que lidiar con formas rutinarias de comportamiento y relaciones jerárquicas asumidas como inamovibles. Los problemas públicos reflejan el cambio social acelerado y afectan, al mismo tiempo, distintas áreas de vida colectiva; por lo mismo, su solución concita los esfuerzos de agentes públicos, privados y sociales.
En la actualidad, la cooperación entre actores tiene una relevancia mayúscula, sin que ello signifique que los gobiernos popularmente electos y legalmente conformados se retraigan. Ellos tienen una responsabilidad que ningún otro agente puede asumir: dirigir a la colectividad con acciones que beneficien a la inmensa mayoría.
Frente a entornos crecientemente más complejos, en donde la probabilidad de eventos disruptivos es mayor, las administraciones públicas y sus operadores tienen que estar listos para lo inimaginable. En medio de la crisis, la catástrofe y la incertidumbre, lo único que no se detiene es el Estado.
