Diversas organizaciones de defensa de los derechos indígenas actualizaron a la relatora de Naciones Unidas el contexto pormenorizado en que se desarrollan estos pueblos
Esmeralda Fonseca / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]n el marco de su pasada visita oficial a México, la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, recibió un informe que expone la situación de los derechos de los pueblos indígenas. Fue creado en conjunto por organizaciones de la sociedad civil y comunidades, con el propósito de ampliar la información acerca de la realidad específica de estas zonas de la entidad.
Disponible en el portal del Frayba, el documento de 25 páginas desglosado por secciones, contiene datos y pasajes de forma resumida, pero sustanciosa, que describen e ilustran el crudo contexto en el que viven los indígenas.
Defensa de la madre tierra y el territorio
La lucha por la defensa de la madre tierra comenzó desde hace más de 50 años a consecuencia de una política de despojo hacia las tierras de los pueblos indígenas, no sólo debido a megaproyectos extractivistas, también de infraestructura carretera o turística; de producción de energía hidroeléctrica y eólica; de agroindustria; explotación de bienes naturales y comunitarios, entre otros.
Es pues, la aplicación de estos megaproyectos, lo que ha propiciado la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.
Las Reformas Estructurales propuestas en 2012 por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y aprobadas en 2013, son el ejemplo más claro de privatización, desmantelamiento del sector social y de las protecciones legales a derechos civiles y sociales.
En la actualidad, el gobierno mexicano impulsa la creación de Zonas Económicas Especiales, que también hurtan las tierras de las comunidades.
Los megaproyectos, se expone, representan una forma de imposición autoritaria que obliga a los núcleos campesinos a otorgar sus latifundios. Sin embargo, los afectados, al negarse mediante movilizaciones y manifestaciones, ponen en riesgo su vida.
«Se agudizan las amenazas, la criminalización, la judicialización, el hostigamiento, la vigilancia, los encarcelamientos ilegales, las violaciones al derecho a la integridad física y psicológica hacia las comunidades en resistencia, así como agresiones a las y los defensores comunitarios de derechos humanos». Incluso, se cometen asesinatos. Se cita el caso del defensor, Mariano Abarca en Chicomuselo.
Respecto al acceso a la tierra, se menciona que a partir de 1992, el Estado mexicano promovió una contrarreforma a la Ley Agraria al modificar el artículo 27 constitucional, lo que dio fin al reparto agrario y ofreció al mercado las posesiones; fue así como se transformó la propiedad social de la misma en propiedad privada.
Otro tipo de despojo que han enfrentado los habitantes indígenas son las declaratorias de parques nacionales y Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales les ha arrebatado enormes fracciones de sus territorios. Aunado a ello, la incursión de especialistas, científicos y técnicos de la conservación pasan por alto la opinión del sujeto local y sus procesos bioculturales.
Más allá de proteger las áreas naturales, el Gobierno, mediante estos decretos, facilita la entrada de la iniciativa privada para el uso y aprovechamiento de estos espacios naturales.
Por ejemplo, la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules, se utilizó para extraer madera con fines acumulativos de empresas del estado mexicano, salpicadas de corrupción con la oligarquía local y el desarrollo de infraestructura portuaria.
Hoy, Chiapas es una de las regiones con mayor superficie decretada con restricción de uso de suelo por ser ANP. Tiene un total de 50 ANP, entre las que se encuentran siete Reservas de la Biósfera.
Asimismo, se da libertad de cercamiento a zonas boscosas para los mercados de carbono; la agenda de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal hace de la naturaleza una mercancía en beneficio de estados del Norte industrial o de corporaciones contaminantes como Coca-Cola, Ford y Grand Prix, entre otras.
De igual forma, cede paso a la expansión de la agroindustria (monocultivos, transgénicos, semillas industriales, ganadería), que contrasta con la supuesta agenda verde. «Está dejando extenuada grandes porciones de tierra plana, desecados fuentes de agua. Este escenario pone en franco riesgo la biodiversidad de semillas, especies nativas y la agrobiodiversidad, sustento y clave de soberanía alimentaria de pueblos indígenas en Chiapas».
En tanto, para las mujeres, la situación es más complicada. Desde la década de los 90´s se ha profundizado la exclusión de las mismas hacia la tenencia y usufructo de la tierra. En la entidad alrededor del 80 por ciento de la tierra está titulada de manera individual y a favor de los hombres.
De acuerdo con datos del informe, en el estado, el 47 por ciento de la superficie total se encuentra organizada bajo el régimen de propiedad social; lo que equivale a 3 mil 064 ejidos y 91 comunidades; pero sólo el 22.8 por ciento de los titulares son mujeres, en concreto viudas, de edad avanzada, y que son propietarias hasta que el hijo varón crezca.
Aunado a lo anterior, se suman las prácticas culturales de carácter patriarcal que instituyen restricciones a las mujeres, como el prohibir su participación en Asambleas, heredar derechos o en casos extremos, ordenar su expulsión del ejido o comunidad si contraen nupcias con hombres no originarios de la región.
Acerca de la militarización del territorio indígena, el documento indica que en el caso de Chiapas, desde los últimos años el Ejército mexicano ha justificado su presencia en la entidad mediante las siguientes razones, pero sin demostrar cambios en el panorama delictivo y violentando a los derechos humanos: Implementación de la Ley sobre armas y explosivos; flujo de migrantes indocumentados; tráfico de armas y maderas preciosas; atención social frente a la pobreza y los desastres naturales; y el crimen organizado.
De hecho, varias organizaciones de derechos humanos han señalado que desde la implementación del Programa Frontera Sur, aumentaron en alto grado los operativos, detenciones y deportaciones de migrantes en el país y, en consecuencia, las violaciones a los derechos humanos.
Reportan que en las casas que atienden a migrantes, observaron un alza en los abusos y delitos que consuman grupos criminales y agentes del Estado contra esta población, tales como secuestro, robo, extorsión y trata de personas. En el caso de niñas y mujeres, se registró más violencia sexual.
Acceso a la justicia
Alcanzar la justicia parece una utopía, no sólo para el estado, también para el país. En Chiapas, la tortura aún es una práctica generalizada, y no existe certeza en la población, de que la ley contra la tortura, de abril de 2017, se aplique con eficiencia.
La impunidad reina en la entidad desde tiempos inmemorables, se manifiesta en casos como la Masacre de Acteal, efectuada aquel 22 de diciembre de 1997; la violencia en la zona Norte (Ch’ol) entre 1995 y 2000; la tortura y violación a tres mujeres tseltales por militares en un retén irregular, en junio de 1994.
Las protestas e inconformidades sociales se criminalizan; organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han documentado en infinidad de ocasiones, casos de detención improcedente, en su mayoría cometidos por autoridades municipales, que se caracterizan por incomunicar, dar malos tratos y usar la tortura como instrumento de castigo y coerción hacia el «inculpado».
Al momento de ser aprehendidos no se les muestra la orden ni el motivo de su detención. En tanto, la lectura de los derechos de los imputados cae en otra violación porque se realiza sin el acompañamiento de un traductor o intérprete.
Estos actos son del conocimiento de funcionarios del Gobierno del Estado, quienes intervienen de manera corrupta; proponen a las víctimas negociar o conciliar con sus agresores.
Dentro de los penales, la situación de los presos indígenas es peor; tal es el caso de Alejandro Díaz Sántiz, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No 15 en Villa Comatitlán, quien ha denunciado las condiciones de maltrato a él y a sus compañeros, así como aislamiento, discriminación étnica, falta de atención médica y alimentación, así como falta a la inviolabilidad de la correspondencia. Además, se sabe de varios presos indígenas que fueron trasladados a dicho penal sin tener delitos federales que lo ameriten.
Una forma de exigir las correspondientes sanciones es recurrir al bloqueo de carreteras, estrategia que se ha multiplicado en todo el estado en los últimos años, para hacer presión hasta la obtención de sus demandas.
Aunque desde 2004 se han conseguido liberaciones de presos indígenas, no pueden considerarse como avances porque se llevaron a cabo luego de fuertes movilizaciones sociales; además, las personas redimidas sólo representan a un grupo reducido de las personas encarceladas de manera arbitraria, y unos cuantos logran tener acceso a reparación del daño tras su liberación.
Esta crisis de violaciones a derechos humanos por la que atraviesa el país en la actualidad, es a consecuencia de la falta de capacidad o disposición de las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia para resolver los casos y por la falta de voluntad política por castigar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas.
Movilidad humana
Los procesos de movilidad humana están presentes todos los días, son aquellos realizados por grupos de personas para establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente al que han nacido; incluye a personas emigrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio, refugiadas, asiladas, apátridas, migrantes y desplazadas internas, víctimas de trata y tráfico de personas, entre otras.
En el caso de las familias indígenas o campesinas de la entidad, el desplazamiento forzado está relacionado con el control de la población y territorio por parte de las autoridades en turno.
De acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, y otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, entre los estados con mayor número de desplazados se encuentra Chiapas.
Un ejemplo que ilustra estas acciones involuntarias es el sucedió en mayo de 2017. En la Colonia Puebla, municipio de Chenalhó, 248 personas tsotsiles se encuentran en situación de desplazamiento; de esa cantidad, 124 son niñas, niños y adolescentes. Esto fue a raíz de un conflicto por el poder político en el municipio.
Hasta diciembre de 2016, las personas desplazadas se ubicaron en la cabecera municipal de Chenalhó. De enero de 2017 a la fecha se encuentran en San Cristóbal de las Casas.
El documento también indica que la migración y el control de la frontera, otras de las categorías de movilidad humana, prevalecen y afectan a los habitantes de los pueblos indígenas; ya que pobladores locales han sido detenidos por agentes de migración al ser «confundidos» con personas de origen centroamericano.
Esto sucede en la frontera sur de México, una región conformada por cuatro entidades federativas: Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. La zona fronteriza abarca 23 municipios; de estos, 18 pertenecen al estado de Chiapas.
Desde antes del 2014 se tuvo conocimiento del intenso flujo de personas centroamericanas en México; a partir de esa fecha, se observa con preocupación la consolidación del modelo de militarización de la frontera sur y de las rutas migratoria porque vulneran a las poblaciones originarias en diversos aspectos.
Se destacan los acuerdos de colaboración en aumento entre el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República, los cuales favorecen un clima de criminalización, persecución de personas migrantes y de detención de personas indígenas por el simple perfil racial.
Así como la instalación del 4° Centro de Atención Integral al Tráfico Fronterizo, en particular en territorio indígena, ubicado en Rancho Verde, Palenque; con éste se refuerza la coordinación de las labores migratorias bajo espacios de control de población.
En el periodo de 2015 a 2017 se registró un incremento en el reporte de personas mexicanas detenidas por agentes de migración debido a la práctica de operativos de corte racista y discriminatorio hacia la propia población local; en ese momento no importa la acreditación de la nacionalidad, por ejemplo, los indígenas mayas son «confundidos» con personas de origen guatemalteco. Como consecuencia, son objeto de violencias graves tales como extorsión, secuestro e, incluso, desaparición forzada.
Se estima que en la zona fronteriza sur hay más de 200 rutas para el tránsito ilegal de personas. Los migrantes, en su búsqueda de llegar a Estados Unidos o establecerse en el territorio mexicano, no han estado exentos de ser violentados; en su traslado han sido víctimas de extorsiones, asaltos, secuestros y detenciones arbitrarias tanto por parte de autoridades federales, estatales y municipales como por grupos criminales.
Por su parte, las poblaciones indígenas mayas como los choles, tsotsiles, tseltales, tojolabales, entre otros del sur, región Altos y Norte de Chiapas, reportan un incremento en los últimos años de personas que se ven forzadas a migrar interna y temporalmente hacia la Península de Yucatán, Ciudad de México, Sonora y Sinaloa. En estos lugares son discriminados en gran medida y expuestos a explotación laboral en campos agrícolas, en la construcción y en labores de limpieza.
De igual forma, en el contexto fronterizo las mujeres son doblemente violentadas; se desempeñan en el trabajo remunerado del hogar, en el que sus condiciones laborales desconocen sus derechos humanos. Cabe señalar que gran porcentaje de las empleadas domésticas son indígenas, en concreto mayas Mam, con edad promedio de 22 años; el 51 por ciento son menores de edad de entre 13 y 17 años, y su escolaridad promedio alcanza el segundo año de educación preparatoria.
Violencia de género
El abuso doméstico hacia las mujeres indígenas radica en las tradicionales jerarquías patriarcales de género en sus comunidades; en los estereotipos étnicos y en la discriminación presente en el conjunto de la sociedad, así como en las relaciones entre la población indígena y las instituciones estatales.
El documento destaca que dicho panorama se observa en los municipios de Oxchuc, Chamula, Chalchihuitán, Chenalhó, Mitontic, Huixtán y Chanal; donde las autoridades tradicionales, municipales y los Jueces de Paz y Conciliación comúnmente sostienen que son las mujeres las que provocan la violencia en el hogar.
«Cuando las mujeres quieren denunciar el maltrato que nos dan los hombres en nuestra casa, nos dicen que nosotras somos las culpables porque no nos comportamos como manda la tradición, que debemos respetar a nuestro esposo, porque no lo respetamos por eso nos castigan. Nos dicen que si vamos a denunciar con las licenciadas nos van a meter a la cárcel. También a las licenciadas que estaban aquí las amenazaron que no vinieran a hablar sobre los derechos de las mujeres porque también se iban a la cárcel», sostiene una víctima bajo anonimato.
En la cuestión del tema de Alerta de Violencia de Género (AVG), declarada en Chiapas hace un año, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) ha denunciado omisiones de las entidades que reciben a las víctimas.
Por ejemplo, no hay una canalización de los servicios de salud a las instancias de investigación cuando se identifican situaciones de maltrato; también se reportan casos de víctimas de violación sexual a quienes les ha negado la interrupción del embarazo a pesar de la legislación existente en estos casos.
Además, en la investigación no se cumple el protocolo de la AVG. El CDMCH cuestiona también que los servicios son poco accesibles para las comunidades alejadas de las ciudades, y tampoco hay traductores de lenguas indígenas, ni mucho menos gente especializada.
Otra de las violencias que sufren las mujeres indígenas es la trata de personas. Chiapas es una entidad propensa al enganche debido a la situación de pobreza y marginación. Hay mujeres indígenas entre los 12 y 18 años que son engañadas con ofrecimientos de trabajo, que las traslada de las cabeceras municipales hacia otros estados de la república o fuera del país con fines de explotación laboral y sexual, perdiendo el contacto con sus familias.
Lo también alarmante es que esta misma práctica se realiza entre la población indígena. Los padres ofrecen a sus hijas al trabajo doméstico a cambio de algún bien material o económico; no obstante, el abuso se consuma al ser explotadas y violadas por los patrones.
Asimismo, debido a la militarización de comunidades, las jóvenes y niñas son entregadas a soldados acuartelados para su servicio doméstico y sexual. Los padres se benefician con el pago y cuando el soldado tiene su cambio de lugar, le devuelven a la joven, quien vuelve a servir como objeto para otro militar.
En otras circunstancias, las jóvenes son incitadas por sus padres a trabajar como meseras o ficheras en bares o centros de diversión en las cabeceras municipales; la mayoría es obligada a prostituirse o a ser violentadas en su integridad física y psicológica.
Niñez y adolescencia indígena
Sobre este rubro, el reporte señala que los niños y adolescentes de comunidades han sido víctimas de delitos, pero las autoridades responsables han sido omisas con las leyes que protegen a la infancia y adolescencia, tal es el caso de la Procuraduría de Protección.
Además, el recurso destinado al Sistema de Protección Integral de las Niñas Niños y Adolescentes, tanto a nivel estatal como municipal, así como para el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de los Sistemas DIF, no ha sido otorgado; el Congreso del Estado no lo ha entregado desde la aprobación de la ley en 2015.
De igual forma, la falta de una oportuna atención a los conflictos políticos y a los delitos, propician homicidios y ejecuciones extrajudiciales de niñas, niños y adolescentes. A su vez, la violencia contra las mujeres ha resultado en el feminicidio de al menos 47 menores de edad de 2011 a 2017.
Otras violaciones
Las mujeres y hombres indígenas experimentan tratos de discriminación en los espacios del servicio público y no público, tales como centros y clínicas de salud, escuelas, bancos, oficinas gubernamentales de todos los ámbitos; ya que por su condición de etnia y clase reciben malos tratos, ofensas, exclusión, segregación, entre otros abusos.
A pesar de ser el siglo XXI, se niega el acceso de mujeres, niñas, niños y hombres indígenas a ciertos hoteles, restaurantes y tiendas. Por su parte, las mujeres indígenas viven cuatro niveles de discriminación: por ser mujeres, indígenas, pobres y por su origen rural.
En relación con el acceso a la salud, en la entidad, una persona que vive en una comunidad tiene que recorrer entre 1.5 y 88.5 kilómetros para llegar al hospital de segundo nivel más cercano. En llegar a los de tercer nivel, los únicos equipados para atender las complicaciones más serias, tiene que recorrer, en promedio, 283 kilómetros.
Inseguridad y violencia
A raíz del aumento de la inseguridad y violencia asociadas a la delincuencia organizada en el estado, también ha incrementado el consumo de drogas en las comunidades originarias, como la cocaína y el crack; además de secuestros, derechos de piso, asesinatos, entre otros.
Dicha violencia se ha proyectado en años recientes en Benemérito de Las Américas, Frontera Comalapa, Comitán, Ciudad Hidalgo, Juárez, Reforma, Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, Palenque, Ocosingo, Marqués de Comillas, La Trinitaria, El Bosque, Oxchuc, Yajalón, Chilón y San Cristóbal de Las Casas.
Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el de Los Beltrán Leyva y Los Zetas son los grupos delictivos con más presencia en la entidad.
Y en cuanto a amparar los derechos se trata, los defensores indígenas, activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil en general aún experimentan actos de criminalización, intimidación y represión.
