El estudio del tratamiento del agua, sin previa autorización de la CONAGUA será un delito
Redacción
[dropcap]A[/dropcap]lejandra Soriano, diputada local del Congreso del Estado se manifestó en contra de la Ley General de Aguas toda vez que pretende ser privatizadora y represiva y que ha sido elaborada por el gobierno federal para dar respuesta a las necesidades de las grandes empresas nacionales y extranjeras.
Agregó que esta ley tiene por objetivo volver al agua objeto de lucro, contrariando así al derecho humano que todos tenemos al acceso al agua y saneamiento, incluso los académicos han advertido que se pretende tomar decisiones sobre este vital líquido a espaladas de la ciudadanía y ejecutarlas con el apoyo de la fuerza pública.
Destacó que pese a que México tiene una gran cantidad de agua, posee uno de los índices de acceso al agua más bajos de todos los tiempos y de América latina, esto equivale a 5 mil metros cúbicos de agua por habitante al año, un retroceso en comparación con los 31 mil metros cúbicos a los que se tenía acceso a principio del siglo pasado.
«Esto se traduce a que la única obligación de la autoridad sería garantizar un promedio de 50 litros diarios a los habitantes en asentamientos humanos», expresó.
Alejandra Soriano, agregó que el incluir en la Ley General de Aguas mecanismos como los trasvases, sólo reafirma que la iniciativa privada siga asegurando el abastecimiento de agua para usarla como fuente de enriquecimiento en detrimento de los ecosistemas, comunidades y ciudadanos de escasos recursos.
«Con estos trasvases se pretende que toda el agua de las cuencas a través de sistemas desemboque en otras zonas, comercializando, lucrando y negociando con este vital líquido, Chiapas es rico en materia de agua, pero con esta Ley se pretende llevar el agua que es de los chiapanecos a otras partes enriqueciendo los bolsillos de las grandes empresas nacionales y extranjeras», denunció.
De igual manera la Ley General de Aguas pretende evadir responsabilidades en cuanto a la calidad del agua potable, estableciendo sanciones que van desde mil a 50 mil días de salario mínimo para todas aquellas personas que realicen obras de exploración, de estudio, monitoreo y remediación, sin contar con el permiso de la CONAGUA, lo que se traduce en prohibir el estudio de la situación real del agua, explicó.
Bajo este panorama, Alejandra Soriano reafirmó su compromiso con las y los chiapanecos, así como con la Asociación Civil Chiapanecos en Defensa del Agua, gracias a quienes fue posible parar esta iniciativa y exigió a las y los diputados federales no aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados la Ley General de Aguas, misma que ya fue aprobada en comisiones y que no busca más que lucrar con el agua de las y los mexicanos, enriqueciendo una vez más a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, concluyó.
