En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, 663 mujeres en condición de reclusión en Santa Martha Acatitla enviaron una carta al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, para llamar la atención sobre las condiciones de precariedad, maltrato en su internamiento y la revisión de sus casos; reconocían por otro lado, que haya más mujeres en la impartición de la justicia federal.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, de las 1,370 mujeres privadas de la libertad en Santa Martha, 957 son mamás y 47 de ellas viven con sus hijos.
Datos del Instituto Federal de Defensoría Pública señalan que de las 222 mil 369 personas en reclusión a nivel nacional, 12 mil 480 son mujeres; de ellas 6,569 se encuentran en prisión preventiva, esto es, una de cada dos mujeres que están bajo esa figura, siguen esperando sentencia. En Santa Martha la cifra ronda el 70%.
Gran parte de ellas son pobres, marginadas, excluidas, y a diferencia de los hombres, cuando ingresan a la cárcel son abandonadas por sus parejas y una parte de su familia.
Se encuentran separadas de sus hijos que están a merced de la calle. La mayoría está en prisión por procesos legales viciados, pero no precisamente por cometer un delito o participar en actividades ilícitas directamente.
Existe una desigualdad hasta en cómo se les enjuicia a hombres respecto a las mujeres: más tiempo en los procesos legales, menor número de sentencias tal como lo admiten ellas mismas al señalar que jueces y defensores no les juzgan con perspectiva de género.
En un ejercicio inédito que es de reconocerse, el Ministro Zaldívar acudió a Santa Martha el 11 de mayo para escuchar el testimonio de unas 200 reclusas que le relataron sus casos y le mostraron sus expedientes, la mayoría del fuero común. Asimismo, pudo comprobar el abuso de la prisión preventiva oficiosa, mediante la cual ingresan a la cárcel personas acusadas sin sentencia.
Hace unos años participé en una campaña para visibilizar los abusos, e incluso la tortura sexual, que sufrieron mujeres a manos de cuerpos armados y de seguridad, un método brutal para obligarlas a inculparse o que hagan confesiones mediante esa práctica que violaba sus derechos; además de la agresión que quedaba impune, muchas estaban encarceladas, sin sentencia y separadas de sus hijos. Fue una lucha necesaria estar cerca de ellas, en la que la impotencia y el dolor estaban presentes.
Nadie merece algo así. Por ello celebro que uno de los pilares de la impartición de justicia, el propio Presidente de la SCJN esté escuchando, sensibilizándose con estos casos y sembrando el camino para una verdadera impartición de justicia con perspectiva de género.
