El reconocimiento constitucional de la autodeterminación de los pueblos originarios disminuiría la violación a los derechos humanos, la explotación irracional de los recursos naturales y, principalmente, la inoperancia gubernamental por la intromisión de partidos políticos en las comunidades; lo demás es demagogia
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a iniciativa de reforma a la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del estado, que principalmente busca fortalecer a los pueblos originarios mediante el reconocimiento de los usos y costumbres para elegir autoridades, podría ser lo más trascendental de la tan publicitada Reforma Integral a la Constitución de Chiapas que presume la actual legislatura.
La propuesta presentada el 29 de noviembre pasado por la diputada pevemista Cecilia López Sánchez, tiene como objetivo fortalecer a los pueblos originarios y formula la modificación de los artículos 2, 9, 39 y 42 de la citada legislación. En esencia, verbaliza el derecho de los pueblos indígenas a vivir en libertad dentro «de sus tradiciones culturales» sin que por ello sean víctimas de ningún tipo de discriminación; y que el Estado deberá garantizar tanto el fomento como el ejercicio pleno de sus identidades, en acuerdo con las propias comunidades.
Aparte de esta iniciativa postulada por la presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y que aún se halla en proceso de estudio para su dictamen, en julio pasado, la coordinadora estatal de Mujeres Indígenas, Margarita Gutiérrez Romero, propuso que se elevaran a rango de ley los usos y costumbres de los pueblos indígenas. En ese momento ya se trabajaba en reformas a la Constitución local a fin de reconocer estas figuras.
Gutiérrez Romero refirió que en un acercamiento con la Comisión de Equidad y Género del Congreso chiapaneco, en consenso, mujeres (indígenas y no indígenas) se pronunciaron contra toda violencia justificada mediante usos y costumbres pero concluyeron la importancia del reconocimiento en la ley de estas prácticas, siempre y cuando no estén por encima de los derechos universales. Su inclusión en materia legislativa, abonaría a su discusión y entendimiento pues los problemas derivados de éstas, se deben al desconocimiento o mala interpretación.
«No podemos romantizar ni satanizar los usos y costumbres, porque hay costumbres que no las avalamos, pero hay algunas que sí, como la lengua, las tradiciones, música, danza y todo lo que nos identifica como sociedad multicultural en Chiapas y México», declaró a la prensa local.
Las relatorías generadas en los foros que la LXVI Legislatura convocó para la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado de Chiapas destacaron: la obligatoriedad de proteger y garantizar la consagración de todos los derechos humanos y fundamentales de los pueblos indígenas; la armonización de la Constitución estatal con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar; la aplicación de medidas jurídicas para el respeto y protección de los derechos de la mujer indígena; la inversión en infraestructura de las comunidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Así también, el establecimiento de traductores bilingües y calificados en los procesos judiciales, de una ley para crear bancos de alimentos; de educación bilingüe e intercultural; de la Constitución estatal traducida; y de un código cultural donde se plasmen los usos y costumbres de los pueblos originarios. También se resaltó el deber del Estado de respetar la libre determinación y autonomía de los pueblos en relación a la elección de sus autoridades, lo que debiera dar lugar a un código electoral indígena.
La inclusión de estos aspectos supondría la armonización de la Constitución chiapaneca con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007), de la que México es firmante y por tanto, considera sus estatutos como de rango constitucional. De llevarlo a la práctica, se traduciría en mejores condiciones de vida, políticas y sociales para los pueblos originarios de Chiapas, lo que ha quedado demostrado con los casos de éxito en el país.
Casos de autonomía
La autonomía en los pueblos indígenas es una forma de gobierno que ya se implementa en varias comunidades del territorio nacional. Los yaquis, en Sonora, son quienes ostentan el registro más antiguo de esta manera de regirse; también se practica en San Juan Copala, Oaxaca, y entre los indígenas de Cherán, Michoacán; en Chiapas, el éxito es visible en las comunidades zapatistas.
En su estudio publicado en «Otras Geografías: Experiencias de autonomías indígenas en México», Enriqueta Lerma Rodríguez hace un recuento histórico acerca de las tribus yaquis; concluye que la mayor contribución de los yaquis como ejemplo de autonomía exitosa es su «larga historia de lucha» no sólo centrada en la defensa de su territorio, sino también en la obtención de su autonomía gubernamental y su autogestión económica».
Sus pueblos han mantenido su condición autónoma y de autogestión desde el acuerdo de restitución del territorio firmado en 1939 por Lázaro Cárdenas del Río, es decir, desde hace 77 años se han caracterizado por su capacidad para adaptarse a los cambios, lo que les ha permitido sobrevivir como etnia.
En la investigación, acusaron a las políticas subsistencialistas de coartar su dependencia económica —en este aspecto, aún dependen en cierta medida del exterior—. «Por ejemplo, el programa de Oportunidades: mucha gente de nuestras comunidades son beneficiarios. Mientras dependamos del gobierno vamos a hacer lo que las instancias, las dependencias y las instituciones normen. Entonces ellos dicen: «bueno, yo te voy a apoyar con Oportunidades, pero bajo estas condicionantes»».
Ellos son parte del Congreso Nacional Indígena y de la Otra Campaña, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); y reivindican los Acuerdos de San Andrés, con los que serían reconocidos como individuos de derechos en la Constitución Federal, de haber sido reconocida como originalmente se planteó; no como se les dio entrada en 2001, tras las modificaciones que se efectuaron por parte del Poder Ejecutivo, que en ese momento ostentaba Vicente Fox Quesada.
Acerca de que tal reconocimiento significaría una separación de la nación mexicana —según han argumentado algunos grupos—, un representante yaqui aclaró: «Hemos participado de México, desde el momento en que nuestros antepasados participaron en las Guerras de Independencia, de Reforma, en la Revolución… Eso de la separación es uno de los mitos del gobierno».
El 20 de enero de 2007, el consejo de ancianos de los barrios y comunidades que integran la región triqui establecieron formalmente el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, luego de haber denunciado reiteradamente (desde la década de los años 60) el abandono, la explotación de la mano de obra y el irracional saqueo de los recursos naturales en la región que habían padecido.
De acuerdo con la investigación de Francisco López Bárcenas publicada en el mismo libro, la organización propia de los triquis no es reconocida ni por la administración política estatal, ni por la legislación agraria federal. Ha sido un proceso lleno de tropiezos, más que aciertos.
No obstante, «la creación del municipio autónomo en San Juan Copala tuvo sus efectos. Por principio, con él varios barrios de la región triqui baja recuperaron la utopía de que es posible crear condiciones de vida dignas para ellos y las futuras generaciones; rompieron las redes de control político del Estado y se alejaron de los cacicazgos generados en su antigua organización».
Este 2016, el municipio de Cherán (Michoacán) —una localidad poblada por indígenas purépechas y liderada por mujeres— cumplió cinco años de haber reclamado su autonomía para expulsar de su territorio a depredadores madereros, políticos y el crimen organizado. El periodista Javier Vega, de Milenio, escribió al respecto: «Aquí no hay crimen organizado, secuestros o extorsiones. Tampoco hay deuda y el presupuesto se reparte según las prioridades de la gente. En este municipio la rendición de cuentas y la revocación de mandato son una realidad. Varios proyectos, únicos en América Latina, están en marcha».
Mediante organización ciudadana, han erradicado la delincuencia de sus comunidades, logro que atribuyen a la unión y a la expulsión de partidos. El periodista relata que la depredación de sus bosques, la ineptitud gubernamental y el crimen los llevó al límite.
«Nos unió el poder enfrentar un problema, pero también nos ayudó quitarnos esa venda de los ojos que eran los partidos. Partidos viene de partir, de dividir y ahora estamos más unidos que nunca», afirmó en ese reportaje el profesor Pedro Chávez Sánchez, miembro del Consejo Mayor de Cherán.
A 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el EZLN los ha llevado a la práctica en sus comunidades —luego que el gobierno federal se decantara por ignorar los convenios como originalmente se habían planteado—, lo que ha llevado a la consolidación del sistema de gobierno autónomo en sus territorios.
El 1 de enero de este año, en el aniversario del levantamiento zapatista, el Ejército emitió un pronunciamiento en el que afirmó que «las comunidades zapatistas no sólo están mejor que hace 22 años. Su nivel de vida es superior al de quienes se han vendido a los partidistas de todos los colores».
En septiembre de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la reforma indígena propuesta por Fox Quesada —se trataba de un replanteamiento de los acuerdos de San Andrés en detrimento de las poblaciones originarias—.
Ante estas contrarreformas, como el EZLN les denominó, decidieron poner «en práctica unilateralmente los acuerdos a partir de 2003 mediante la creación de las llamadas Juntas de Buen Gobierno, con sede en las comunidades de Oventic, San Andrés; La Garrucha, Ocosingo; La Realidad, Las Margaritas y Roberto Barrios, Palenque», documentó en febrero de este año, Elio Henríquez, corresponsal en Chiapas de La Jornada.
Son más de 40 municipios autónomos que cuentan con su propio sistema educativo, clínicas, cooperativas con diversos productos y tiendas donde expenden su propia producción agrícola y de ganado, además que cuentan con un Banco Autónomo Comunitario.
En un reportaje para ese medio nacional, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, opinó: «A 20 años, podemos decir que es una ley de las más vigentes que se siguen construyendo y se está aplicando aunque no haya sido reconocida oficialmente… han fortalecido sus procesos a partir de la inspiración de los acuerdos».
Condiciones similares
En Chiapas se viven condiciones similares a las que desencadenaron los procesos de reivindicación de la autonomía en las comunidades de otras partes de la República: violencia desmedida y por ende, violación a los derechos humanos, abuso de los recursos naturales e inoperancia gubernamental. La mayor parte de estos incidentes se han suscitado justo al comienzo de esta administración encabezada por Manuel Velasco Coello.
En abril de 2012, tsotsiles mataron a golpes al presunto asaltante de un taxista en Becheijtic (San Juan Chamula); en mayo, tseltales lincharon a un hombre que hirió a una mujer en un asalto suscitado en el barrio Jitotic, en la localidad Chololjá (San Juan Cancuc). En febrero de 2013, tseltales le prendieron fuego a otro indígena y golpearon a otro en la comunidad Plaza Yochib (Oxchuc); meses después, tsotsiles de la comunidad Las Ollas (San Juan Chamula) mataron a cuatro hombres, sospechosos de feminicidio.
En 2014, tseltales de San José Chacté (San Juan Cancuc) quemaron a un taxista y su ayudante que supuestamente arrollaron a un niño. De acuerdo con el portal noticioso chiapasindependiente.com, con ese incidente la Procuraduría General de Justicia del Estado reconoció nueve casos de personas linchadas en comunidades indígenas en el periodo de junio de 2012 a febrero de 2014.
En septiembre de 2015, al menos 200 indígenas de San Juan Chamula lincharon a dos hombres, a quienes se les acusó de robar un auto. El caso más reciente fue el del 22 de julio de este año, cuando una turba enardecida asesinó al alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, y al síndico Narciso Lunes Hernández.
Los dos municipios indígenas Oxchuc y Chenalhó se mantienen en desacato a la ordenanza que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acerca de la restitución de los derechos políticos de las alcaldesas constitucionales Rosa Pérez Pérez (Chenalhó) y María Gloria Sánchez Gómez (Oxchuc), pero las autoridades federales y estatales debían generar las condiciones de seguridad necesarias para que ello se efectuara, sin que hasta la fecha lo hayan logrado.
En el caso de Oxchuc, además del desconocimiento de la presidenta municipal y la postura de no reconocimiento de la determinación del Tribunal Federal, líderes de 105 comunidades se manifestaron a favor de la expulsión de los partidos políticos para regirse por usos y costumbres.
Para la investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Araceli Burguete Cal y Mayor, «estos eventos hacen visible una situación de disputas y descomposición del tejido social intramunicipal e intracomunitario, que se vive en los municipios indígenas, particularmente los del altiplano chiapaneco», según se lee en su artículo publicado en el portal Chiapas Paralelo.
Atribuye la crisis política a una estrategia en la que se usaron los denominados «partidos satélites», creados como mecanismos de control en la operación electoral, para dividir el voto «con el propósito de dirigir el triunfo de los candidatos del Partido Verde, rompiendo los equilibrios entre las fuerzas políticas más representativas en los municipios».
«La actual situación de crisis política que viven los pueblos indígenas de Chiapas, no se agota y no debe ser tratado como un conflicto post electoral, sino como una agenda pendiente desde 1994, que restituya a los pueblos indígenas de Chiapas sus derechos de libre determinación negados desde entonces», explica la especialista.
Asimismo, ante este panorama desolador de las comunidades indígenas, propone como soluciones desde una perspectiva de autonomía de las comunidades: el reconocimiento de los sistemas normativos electorales indígenas, es decir, que los mismos pueblos originarios organicen sus elecciones municipales.
Así también, el reconocimiento del gobierno indígena, donde predomina la idea de la representación territorializada (cada comunidad tienen el derecho a formar parte del gobierno municipal); y la del municipio indígena que consiste en reconocer tanto aquel con población predominantemente originaria, como el pluriétnico.
Reconocer los usos y costumbres dentro de la Constitución Política de Chiapas permitiría la reconstrucción del tejido social en las comunidades indígenas quebrantadas; volverían a sus formas ancestrales de gobernanza basadas en diálogo, respeto y concordia para la preponderancia del bien comunal; tendrían cabida todos los pequeños núcleos y las mujeres en la red política; y por ende, volverían a modos de producción tanto sustentables como autogestivos, ejes que repercutirían en su sistema educativo y cívico. De no hacerlo de esta manera, las consecuencias podrían ser devastadoras y traducirse en más violencia e ingobernabilidad. El Estado por fin se ve obligado a hacerlo.
FRASE
«La actual situación de crisis política que viven los pueblos indígenas de Chiapas, no se agota y no debe ser tratado como un conflicto post electoral, sino como una agenda pendiente desde 1994, que restituya a los pueblos indígenas de Chiapas sus derechos de libre determinación negados desde entonces» Araceli Burguete Cal y Mayor, investigadora del CIESAS
