Reducen edad mínima para pensionarse

La reforma avalada en la Cámara de Diputados en lo general, y que aún será revisada en lo particular, no solo amplía el acceso a las pensiones, sino que también eleva a rango constitucional diversos programas sociales

Aquínoticias Staff

La Cámara de Diputados ha aprobado una reforma histórica que reduce la edad mínima para acceder a la pensión de adultos mayores, bajando de 68 a 65 años. Esta decisión fue respaldada por un consenso casi total, con 483 votos a favor y ninguno en contra, demostrando el amplio apoyo que esta medida tiene entre los legisladores. Esta reforma no solo amplía el acceso a las pensiones, sino que también eleva a rango constitucional diversos programas sociales destinados a beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, entre ellos personas con discapacidad, campesinos y pescadores.

Este cambio tiene implicaciones profundas en la sociedad mexicana, especialmente en un contexto donde el envejecimiento poblacional está en aumento. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay más de 15 millones de personas mayores de 60 años, y la proyección es que esta cifra continúe en ascenso en los próximos años. La disminución de la edad de acceso a la pensión significa que más personas podrán beneficiarse de este apoyo antes de alcanzar los 70 años, momento en el que las condiciones de salud suelen deteriorarse de manera considerable.

La reforma también representa un avance en términos de derechos para personas con discapacidad. Al elevar a rango constitucional el programa de pensión para este sector, se asegura que el Estado mexicano no podrá eliminar o reducir este apoyo en el futuro. En particular, se prioriza a los menores de 18 años con discapacidad permanente, garantizando que reciban los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida.

Por otro lado, esta iniciativa incluye importantes disposiciones en favor de los campesinos y pescadores, dos sectores que han enfrentado históricamente problemas de marginalización económica. Se establecen apoyos anuales para la producción agrícola y pesquera, incluyendo fertilizantes y precios garantizados para productos clave como maíz, frijol, leche, arroz y trigo. Estas medidas buscan asegurar que los pequeños productores puedan sostener sus actividades y obtener ingresos justos por su trabajo. En este sentido, la reforma también promueve la siembra de árboles frutales y maderables, una iniciativa que podría tener efectos positivos tanto en la economía rural como en el medio ambiente.

Otro aspecto crucial de la reforma es su compromiso con la progresividad de los recursos. Esto significa que el Estado mexicano deberá garantizar que los fondos destinados a estos programas se asignen de manera oportuna y que el monto no sea reducido en términos reales, protegiendo así a los beneficiarios de eventuales recortes presupuestarios. Esta progresividad es fundamental para evitar que, en tiempos de austeridad o crisis económica, se vean afectados los derechos adquiridos por los grupos más vulnerables.

A pesar del apoyo generalizado, la reforma enfrentará un debate en lo particular debido a la presentación de más de 200 reservas por parte de diversos legisladores. Sin embargo, este proceso forma parte del diálogo legislativo y no se espera que las reservas cambien significativamente el fondo de la propuesta. El Congreso tiene ahora 180 días para armonizar la legislación secundaria con esta nueva normativa, asegurando que los cambios se implementen correctamente y de manera efectiva.

En resumen, esta reforma representa un paso importante hacia la consolidación de los derechos sociales en México, fortaleciendo el apoyo a los sectores más necesitados y garantizando que el acceso a pensiones y otros beneficios sea cada vez más equitativo. La decisión de reducir la edad mínima para recibir la pensión de adultos mayores, junto con los programas para personas con discapacidad y campesinos, subraya el compromiso del Estado con el bienestar de sus ciudadanos, cumpliendo con su responsabilidad de proteger y mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables.

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