La Cámara de Diputados aprobó una reforma que vetó a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, con opiniones divididas sobre su impacto en la salud pública y el posible crecimiento del mercado negro
Aquínoticias Staff
La reciente aprobación de la reforma en materia de salud para prohibir la producción, distribución y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos ha puesto en el centro del debate el equilibrio entre salud pública y regulación efectiva. Con 410 votos a favor y 24 en contra, la iniciativa promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador busca reforzar el marco legal para proteger la salud de los ciudadanos, especialmente la de los jóvenes. Sin embargo, sus detractores advierten posibles consecuencias adversas.
Para sus promotores, esta medida representa un avance en la prevención de enfermedades respiratorias y pulmonares vinculadas al uso de dispositivos electrónicos. La diputada Margarita García García, del PT, destacó que la reforma es “un paso relevante” para garantizar la salud de las generaciones futuras. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los vapeadores contienen sustancias tóxicas que, aunque menos dañinas que el tabaco tradicional, no están exentas de riesgos.
Además, la modificación de los artículos 4 y 5 de la Constitución busca combatir el uso ilícito de precursores químicos y drogas sintéticas, como el fentanilo. Esto refuerza la intención del gobierno de abordar problemas de salud pública con un enfoque amplio, aunque ha generado controversia al equiparar productos de riesgo diferenciado.
Los críticos, como Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de Movimiento Ciudadano, argumentan que la prohibición total no es una solución efectiva. “Las actuales regulaciones han fomentado el mercado negro, y las prohibiciones solo agravan los problemas que intentan resolver”, afirmó.
La experiencia internacional respalda esta preocupación. En países como India y Brasil, donde los vapeadores están prohibidos, el mercado negro ha florecido, dejando a los consumidores sin acceso a productos regulados y seguros.
El diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez añadió un matiz crucial al debate al criticar que la reforma coloca a los vapeadores en el mismo nivel que el fentanilo, una de las drogas más letales. “Esto desvirtúa el esfuerzo que deberíamos enfocar en combatir las verdaderas amenazas”, afirmó, subrayando la necesidad de priorizar estrategias para enfrentar la crisis del narcotráfico y la drogadicción.
Por otro lado, la implementación de esta reforma plantea desafíos logísticos y legales. La vigilancia de la prohibición requerirá recursos significativos y una coordinación estrecha entre las autoridades sanitarias, aduaneras y de seguridad. Además, organizaciones internacionales y expertos han señalado que las políticas prohibicionistas tienden a ser menos efectivas que aquellas que combinan regulación con educación pública.
La reforma contra los vapeadores es un intento de abordar problemas urgentes de salud pública, pero su enfoque totalitario podría generar consecuencias no deseadas. Si bien busca proteger a los jóvenes y reducir los riesgos asociados al tabaquismo electrónico, existe el peligro de fomentar un mercado negro descontrolado y limitar las opciones de quienes buscan alternativas menos dañinas al cigarro tradicional.
La clave estará en la implementación: ¿será capaz el gobierno de prevenir el contrabando y ofrecer soluciones de fondo, como educación y programas de cesación del tabaquismo? Lo cierto es que la reforma abre un debate crucial sobre cómo balancear la protección a la salud con los derechos de los consumidores y la efectividad de las políticas públicas.
Con información de Tribuna
