La enmienda a la Constitución no solo busca transferir el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que también otorgaría inmunidad a sus integrantes en la comisión de delitos, lo que, según advierten especialistas, podría limitar el acceso a la justicia para las víctimas
Aquínoticias Staff
La reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la Guardia Nacional (GN) ha generado un debate intenso en México. La propuesta busca transferir el control total de la GN, una institución creada en 2019 con carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto no solo implica el cambio de mando, sino también el otorgamiento de fuero militar a sus miembros y la ampliación de sus facultades para investigar delitos. Esta iniciativa ha encendido alarmas entre organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos que denuncian el riesgo de una militarización permanente de la seguridad pública.
El Fuero Militar para la Guardia Nacional
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la inclusión de la GN dentro de la jurisdicción de los tribunales militares. De aprobarse, la reforma modificaría el artículo 13 de la Constitución para permitir que los tribunales militares puedan juzgar a los elementos de la GN. Este cambio preocupa a diversas organizaciones debido a las posibles repercusiones en el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por guardias nacionales.
Jonathan De Vicente, director de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), ha señalado que la reforma «abre nuevamente la ventana de opacidad» al permitir que los militares investiguen y juzguen a otros militares. De Vicente advierte que «serían militares cuidando a militares», lo que aumenta el riesgo de impunidad en casos de violaciones a derechos humanos, especialmente en un país donde las Fuerzas Armadas han sido señaladas por diversos incidentes de abuso.
Predominio militar en la investigación de delitos
La reforma también propone cambios al artículo 21 constitucional, otorgando a la GN la facultad de investigar delitos, un rol que históricamente ha correspondido a las autoridades civiles. Lilian Chapakoloffon, experta en seguridad pública, señala que este es un cambio sin precedentes en México: «Se crea un nuevo precedente en donde los militares ya estarían incursionando en funciones de investigación criminal».
Esto genera preocupación en un contexto donde la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instituciones civiles como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tienen un número limitado de policías de investigación. Según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, mientras que la FGR cuenta con menos de 4,000 policías de investigación, la GN tiene más de 126,000 miembros. La reforma podría llevar a una situación en la que el Ejército, a través de la GN, tenga una influencia desmedida en las investigaciones criminales del país, diluyendo el papel de las instituciones civiles.
El debate político: la fuerza de Morena y la resistencia de la sociedad civil
A pesar de las críticas, la mayoría legislativa de Morena, junto con sus aliados del PVEM y el PT, ha asegurado que la reforma será aprobada sin contratiempos. Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que el debate sobre la militarización ya está superado y que la aprobación de la reforma es inminente. Sin embargo, las voces de la sociedad civil continúan oponiéndose con firmeza.
Diversas organizaciones de derechos humanos y activistas han advertido sobre las posibles implicaciones de esta reforma en el acceso a la justicia y la protección de los derechos civiles. Desde México Unido Contra la Delincuencia hasta académicos y expertos en seguridad pública, el consenso parece ser que esta reforma representa un riesgo significativo para la democracia y el estado de derecho en México.
Implicaciones sociales y económicas
La militarización de la seguridad pública no solo tiene repercusiones en el ámbito de la justicia y los derechos humanos, sino también en el tejido social del país. En un contexto donde la violencia y la inseguridad siguen siendo uno de los mayores desafíos de México, muchos temen que un enfoque militarizado exacerbe las tensiones en lugar de resolver los problemas de fondo. La falta de controles civiles efectivos sobre las Fuerzas Armadas podría agravar la desconfianza hacia las instituciones de seguridad y justicia.
Además, el aumento en el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas podría tener consecuencias en otras áreas críticas, como la educación, la salud y los programas sociales. El fortalecimiento del aparato militar podría desviar recursos de sectores que necesitan urgentemente inversión y desarrollo, afectando el bienestar de la población a largo plazo.
Con información de Animal Político
