La enmienda aprobada en la Cámara de Diputados no solo busca transferir el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, si no que también abre una puerta a la inmunidad, advierten especialistas, pues militares juzgarían a sus propios compañeros
Aquínoticias Staff
La Cámara de Diputados aprobó, con 362 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, la reforma constitucional que otorga nuevas facultades a la Guardia Nacional (GN), consolidando su adscripción plena al Ejército y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los temas más polémicos del sexenio, generando un amplio debate sobre la militarización de la seguridad pública en México y sus repercusiones sociales, políticas y económicas.
La reforma modifica 12 artículos de la Constitución y ha generado profundas divisiones en el Congreso. A pesar de que la oposición intentó modificar el dictamen, la mayoría parlamentaria de Morena, junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), se mantuvo firme, enviando el proyecto directamente al Senado para su aprobación final.
Contexto de la Reforma
La Guardia Nacional, creada en 2019, surgió con un carácter civil, pero desde su concepción ha tenido una composición predominantemente militar. En tres años, se ha consolidado como una de las principales instituciones encargadas de la seguridad pública en el país, con más de 126,000 efectivos desplegados. Sin embargo, la propuesta de López Obrador busca ahora transferirla completamente bajo el mando de la Sedena, otorgándole también fuero militar y facultades para la investigación de delitos.
Este cambio, que implica una militarización sin precedentes de la seguridad pública en México, ha sido recibido con preocupación por parte de organizaciones civiles, activistas de derechos humanos y especialistas en seguridad. Temen que se refuerce un modelo de seguridad militarizado, con riesgos de abusos y violaciones a los derechos humanos, y con la posibilidad de erosionar el control civil sobre las fuerzas armadas.
¿En qué consiste la Reforma?
La reforma propuesta implica tres aspectos clave:
- Transferencia de la Guardia Nacional al control de la Sedena: El cambio más significativo es la incorporación total de la GN bajo el mando de la Sedena, eliminando su adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esto consolida su carácter militar, tanto en términos de operación como de administración.
- Ampliación del fuero militar: La reforma modifica el artículo 13 de la Constitución, otorgando a los tribunales militares la facultad de juzgar a los elementos de la GN, algo reservado hasta ahora para casos estrictamente vinculados al servicio militar. Esta medida ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, ya que podría permitir que los militares juzguen a sus propios compañeros, aumentando el riesgo de impunidad en casos de violaciones a derechos humanos.
- Facultades para investigar delitos: La reforma también modifica el artículo 21 constitucional, otorgando a la GN la capacidad de investigar delitos, una tarea tradicionalmente reservada para las autoridades civiles. Esta disposición preocupa a diversos sectores, ya que otorga a una fuerza predominantemente militar funciones que históricamente han correspondido a la policía civil.
El debate político y las críticas a la Reforma
A pesar del apoyo mayoritario en el Congreso, la reforma ha sido objeto de intensas críticas por parte de la oposición y de la sociedad civil. Jonathan De Vicente, director de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), ha advertido que «se corre el riesgo de que los militares investiguen y juzguen a otros militares, lo cual abre la puerta a la opacidad y la impunidad«. Según De Vicente, la reforma «militariza aún más la vida pública de México y desvía el control de la seguridad de las manos civiles».
Por su parte, Lilian Chapakoloffon, experta en seguridad pública, ha señalado que este cambio crea un nuevo precedente en México, al permitir que los militares incursionen en funciones de investigación criminal. Esto podría generar un desequilibrio en la balanza de poder entre las instituciones civiles y militares, diluyendo la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades civiles para realizar investigaciones independientes.
Implicaciones sociales y económicas
La militarización de la seguridad pública también tiene consecuencias sociales profundas. En un país donde la violencia y el crimen organizado siguen siendo desafíos enormes, el enfoque militarizado podría agravar las tensiones y generar un aumento en las violaciones a los derechos humanos. Desde la declaración de guerra contra el narcotráfico en 2006, la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha estado acompañada de señalamientos por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros abusos.
Además, la militarización implica un aumento en el presupuesto destinado a las fuerzas armadas, lo que podría afectar sectores prioritarios como la educación, la salud y los programas sociales. Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, defendió la medida asegurando que «la seguridad es la prioridad», pero los críticos advierten que el desvío de recursos hacia el fortalecimiento del aparato militar podría tener efectos negativos a largo plazo en la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Qué sigue para la Reforma?
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma será enviada al Senado para su discusión final. Si se aprueba, consolidará a la Guardia Nacional como una fuerza bajo control militar, lo que marcaría un punto de inflexión en la estrategia de seguridad de México.
Mientras tanto, las organizaciones civiles y los activistas de derechos humanos seguirán presionando para frenar esta medida, alertando sobre los riesgos de consolidar una militarización permanente en el país. Las preguntas clave son si esta reforma podrá realmente mejorar la seguridad en México o si, por el contrario, podría abrir la puerta a más violencia, impunidad y erosión democrática.
Con información de Animal Político y El Financiero
