Reiniciar un proyecto de vida desde la colectividad al salir de prisión: Caso Leslie

La perspectiva de género en el sistema de justicia pocas veces se implementa, dejando al desamparo a miles de mujeres en México

Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias 

Ciudad de México.- ¿Qué voy a hacer con mi vida cuando salga de aquí? Se preguntó Laura Leslie durante los cinco años, cinco meses y cinco días que permaneció en el reclusorio femenil de Barrientos, en el Estado de México. El 5 de agosto de 2022 finalmente obtuvo su libertad, pero debió enfrentarse a una realidad que juzga, criminaliza y obstaculiza la reinserción social de las mujeres.

Leslie recuerda que al ingresar a prisión la soledad, el abandono y la incertidumbre calaron su ser. “Qué voy a hacer”: es el temor. “No tengo el apoyo de nadie”: se decía mientras reafirmaba el desamparo que la ciñó durante toda su vida, pues creció en un entorno violento que le negó el cobijo.

La mujer de 31 años narró a Cimacnoticias que a su ingreso a prisión se consideraba una persona agresiva, se mostraba renuente e incluso incitaba a sus compañeras a pelear. Durante este tiempo sólo fue visitada en tres ocasiones por su madre. Y dedicaba los días a “hacer talachas” para generar dinero que le permitiera sobrevivir al interior de la cárcel y también brindar recursos económicos a sus cuatro hijas e hijos.

Entre sus “talachas” estaba hacer comida y venderla, también calentar por cinco pesos los alimentos que llevaban las familias a sus compañeras. “Eso era aunque sea una solvencia, tanto para mis hijos como para mí”, cuenta, pues artículos personales como papel de baño o pasta dental no son sencillos de conseguir al interior de Barrientos.

Su realidad cambió cuando llegaron a su vida las mujeres integrantes de La Cana, una organización que nació en 2016 luego de que un grupo de amigas visitaran el penal donde Leslie se encontraba para realizar una práctica escolar.

“Somos cuatro socias; tres abogadas y una psicóloga. La Cana surge de una visita que realizamos a Barrientos. Al llegar vimos una fila enorme y a lado una fila chiquita. Al preguntar descubrimos que la fila larga era visita de los hombres y la cortita era la visita a las mujeres. Entonces, desde antes de entrar ya hay un bombardeo fuerte de información”, rememoró Raquel Aguirre García, una de las socias fundadora de la organización, junto a Daniela Ancira Ruíz, Wendy Balcázar Pérez y Mercedes Becker Pérez.

Las fundadoras de La Cana, quienes entonces estudiaban en la Universidad Anáhuac México, descubrieron que lejos de necesitar un consejo jurídico, las mujeres privadas de su libertad querían ser escuchadas, “sentir un apapacho”.

“Salimos del reclusorio y pues desde ahí, tanto mis socias como yo, dijimos: algo tenemos que hacer por esta población sumamente abandonada, porque realmente están solas”, contó Aguirre García a Cimacnoticias.

Gracias al apoyo de personal docente de su institución lograron acercarse a autoridades penitenciarias para que les permitieran el ingreso a centros de reinserción social femenil y pudieran realizar actividades recreativas con las mujeres. Pasó el tiempo y así descubrieron que esto no era suficiente, entonces llegaron a la conclusión de iniciar capacitaciones laborales que brindaran herramientas para preparar una futura reinserción social.

Fue entonces cuando dio arranque uno de los ejes pilares de La Cana, el cual permitió a las mujeres ocuparse en actividades remuneradas para obtener ingresos que no sólo las beneficiaran en lo económico, sino que lograra hacerlas sentir orgullosas de sus capacidades.

Entre las mujeres beneficiadas estuvo Leslie, quien recuerda su renuencia a participar. Sin embargo, poco a poco comenzó a integrarse a las actividades que consistían en técnicas de tejido, bordado, costura, tramado textil y macramé. La organización es la encargada de vender los productos realizados a mano por ellas y posteriormente entregarles el dinero generado por dicha transacción. Los pedidos son realizados para fiestas, pero también hoteles se han acercado a La Cana para adquirir los ositos, elefantes y zorros que las mujeres producen en prisión.

“Nosotras no les pagamos directo a ellas, si no que es a través de la industria penitenciaria. Entonces nosotras depositamos a la industria penitenciaria y ellos hacen la dispersión, pero nosotros garantizamos que eso pase, o sea, siempre nos preguntan si el gobierno no se queda con algo, pero la verdad es que les llega completo, aunque sí tiene retrasos importantes por un tema burocrático”, explica Raquel Aguirre.

Para Leslie, integrarse a La Cana le cambió la vida. “Sentía que me escuchaban, me sentía acompañada, me comencé a sentir muy bien”. Y es que no sólo recibió capacitación laboral, ya que la organización integró más ejes de acción para apoyar integralmente a las mujeres.

Fue así como se abrió el eje de Salud Mental, donde se comenzaron a brindar charlasde sobre erradicación de violencia de género, maternidad, autoestima y adicciones. También se añadió el área de Educación, para dar talleres de lectura, redacción, teatro, meditación, entre otros.

La escucha hacia las mujeres permitió que las integrantes de La Cana descubrieran que muchas de ellas permanecían en prisión injustamente o que incluso no habían recibido una asesoría con perspectiva de género, misma que les impedía conocer su situación actual. Entonces surgió el Proyecto Libertad, para brindar representación legal a aquellas que puedan ser candidatas a algún beneficio preliberacional, a la Ley de Amnistía, o que simplemente no contaron con una defensa adecuada.

Actualmente la organización trabaja en el penal de Santa Martha Acatitla, en la CDMX. Y en el Edomex en los reclusorios: Barrientos, Ecatepec, Neza Sur, Neza Bordo y Chalco.

El derecho a la reinserción social

Una de las mujeres privada de su libertad en Barrientos fue puesta en libertad un día lunes, ella sabía que La Cana acudía al penal los martes, por lo que decidió esperarlas toda la noche para pedir su ayuda, pues luego de 15 años tras las rejas, no tenía a dónde ir.

“No sé ni en dónde estoy parada. No había ni banquetas cuando llegué, no tengo a dónde ir, no tengo familia”, les dijo.

Entonces llegó otra visión de la realidad: “Está increíble lo que hacemos adentro, pero qué pasa cuando las mujeres salen”, se preguntaron las fundadoras de la organización. Así inauguraron el eje Seguimiento en Libertad, con el objetivo de “brindar herramientas psicológicas, sociales y laborales a las mujeres que egresaron de un centro penitenciario para fomentar su empoderamiento y el desarrollo de un proyecto de vida independiente alejado del delito”.

El proyecto trabaja en la reconstrucción de la relación madre, hijas e hijos. También canaliza a las mujeres a empleos, capacitaciones o incluso la posibilidad de continuar sus estudios.

“Después de pasar tantos años en la cárcel, sales y tienes antecedentes penales. Todo el mundo te rechaza, probablemente ya ni siquiera tengas contacto con tu familia. Entonces precisamente para esto es seguimiento en libertad. Lo que buscamos es un espacio seguro para ellas, que puedan salir adelante. Tenemos alianzas con empresas, por ejemplo, varias mujeres están ya laborando en el Hotel St. Regis (ubicado en la CDMX), otras están con diseñadoras, en clínicas de nutriólogas, varias continuar tejiendo y otras estudian gracias a una alianza que tenemos con la Universidad Iberoamericana para que acaben la preparatoria y puedan cursar una carrera técnica o incluso una licenciatura, tenemos un caso de una mujer que está estudiando enfermería y otra Derecho”, detalló Raquel Aguirre.

Tras obtener su libertad Leslie continuó siendo escuchada y capacitada por la organización, de esta forma logró acceder a un empleo en un nuevo restaurante, donde laborará en el área de caja. Su emoción es evidente, “pagué mi condena”, asegura, y ahora no dará un paso atrás.

Como Leslie, más de mil 500 mujeres se han visto beneficiadas en todos los programas con los que cuenta La Cana. Pero su labor no termina ahí, pues ahora tiene como objetivo crear una Casa de camino a la que se pueda recurrir como un espacio seguro y libre de violencia.

Sistema de (in)justicia para las mujeres

La perspectiva de género en el sistema de justicia pocas veces se implementa, dejando al desamparo a miles de mujeres en México. Y es que aún permea el nulo análisis de contexto que realizan las autoridades encargadas de impartir justicia en los casos. Raquel Aguirre señala que la mayoría de las beneficiadas por La Cana se encuentran en prisión por el delito de secuestro; sin embargo, sus historias tienen un trasfondo violento.

“No es que ellas hayan cometido el secuestro, sino que estaban relacionadas con la pareja que sí lo cometió. Entrevistamos a una mujer que sus papás la vendieron a los 15 años a un hombre 25 años mayor que ella. Le empieza a dar dinero, pero ella se da cuenta que desde luego lo que tiene no es de una fuente lícita, pero al preguntar pues le iba muy mal, le ponían unas golpizas, pues mejor no preguntaba. Al momento de que lo detienen a él por un secuestro estaba con ella y pues se los llevan a los dos, incluso a ella le ponen una pena mayor que a él. Desde ahí te das cuenta la violencia estructural, desde que su familia la vendió y cómo incluso los jueces juzgan con mayor severidad a las mujeres”.

Lo anterior aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en 2013 un protocolo para juzgar con perspectiva de género, el cual atiende las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos González y otras (Campo Algodonero), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en el país.

Entre otros puntos, el protocolo dicta la obligación de identificar si existen situaciones de poder o contextos de desigualdad estructural y/o contextos de violencia que, por cuestiones de género, pongan en evidencia un desequilibrio entre las partes, ya que históricamente niñas y mujeres han sido subordinadas por la masculinidad hegemónica.

En este contexto se suma el debate de prisión preventiva oficiosa, medida que mantiene privadas de su libertad a miles de mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 2021 cerró con 12 mil 420 mujeres ingresadas en penales federales, estatales y centros de reclusión para adolescentes en México. De ellas, seis mil 564 no tienen una sentencia.

“Tengo una chica ahorita en seguimiento de libertad que pasó 23 años en la cárcel de los cuales 17 no tuvo sentencia. ¿Quién te devuelve 17 años de tu vida? Entonces todo esto de prisión preventiva oficiosa es algo que se debe terminar, fomentemos los derechos humanos y como sociedad nos queda rechazar estas propuestas”, destacó Raquel Ortiz.

Para remediar esta situación es necesaria la existencia de políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres, señala la cofundadora de La Cana. Un caso referente es el que ha propiciado el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con el gobierno federal para liberar a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Hasta el 13 de septiembre, 70 mujeres habían obtenido su libertad debido a problemas de salud, por ser originarias de pueblos y comunidades indígenas, además de aquellas que purgaban penas “irrelevantes” para los fines de la reinserción y podían obtener beneficios penitenciarios.

Sin embargo, aún con lo anterior, el trabajo por hacer es demasiado. Deben existir programas efectivos que brinden a las mujeres herramientas al salir de prisión, que se otorgue el presupuesto suficiente y que además se genere conciencia en la población, para dejar de lado la estigmatización y criminalización, sentenció Raquel Aguirre. “Al final de cuentas cada una de nosotras ya pagamos nuestro delito”, expresó Leslie, mientras celebra que su proyecto de vida se reinició.