Desde que fue aprobada la Cámara de Diputados, el revuelo entre la ciudadanía se hizo presente debido a las altas posibilidades de militarización en el país y violación a los derechos humanos, por lo que organismos, activistas, legisladores y sociedad en general se han pronunciado en contra. A esta postura se unen los sobrevivientes de la masacre de Acteal y la organización civil «Las Abejas»
Esmeralda Fonseca / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]os fantasmas se asoman a la memoria para traer consigo recuerdos que golpean en forma de tiroteo, machetes, llanto, quejidos, dolor y gritos; elementos que describen una de las tragedias más crueles que cimbró tanto al país como al mundo entero a causa de las irrupciones militares.
Arrodillados orando por la paz, tranquilidad y armonía, el pueblo de Las Abejas, en la comunidad de Acteal, en los Altos de Chiapas, se cobijaba en la fe, implorando por sus vidas. En ese momento, antes del mediodía, comenzó la lluvia de balas; arribó un pelotón de paramilitares a disparar hacia la ermita donde se hacían las plegarias. Era diciembre de 1997.
En la capilla se encontraba junto a su madre, Guadalupe Vázquez Luna; mientras rezaban, alzó la cabeza y se percató que los paramilitares se acercaban; apenas logró pronunciar la palabra mamá cuando ésta recibió el primer impacto de bala en el brazo; Gabriela, que tenía 10 años, se levantó llorando de terror. En ese momento su papá le ordenó que huyera de ahí.
Atemorizada y aún con lágrimas rodando por sus mejillas, salió corriendo; en el camino vio a más gente en la misma situación. Ya había caído la noche cuando se halló a un grupo de personas refugiándose debajo de los cafetales; al terminar el tiroteo, se fue con ellos a la base zapatista.
A una veintena de años desde aquella masacre, Vázquez Luna confiesa que no olvida porque «no puede ser que la sangre de mis padres se olvide». Y hasta el momento, no hay justicia.
Ley de Seguridad Interior
Desde noviembre pasado, cuando se dio a conocer que la Ley de Seguridad Interior (LSI) fue aprobada por la Cámara de Diputados, el revuelo entre la ciudadanía se hizo presente debido a las altas posibilidades de militarización en el país y violación a derechos humanos; por lo que organismos, activistas, legislativos y sociedad en general se han pronunciado en contra. A esta postura se unen los sobrevivientes de la masacre de Acteal y la organización civil «Las Abejas».
Aunque, en 2006, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, decidió sacar al Ejército de sus cuarteles para combatir al crimen organizado, aún no existe un marco normativo de actuación para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública.
Por lo que, antes que el plazo se venza, los integrantes de la organización rechazan la decisión aprobatoria del Congreso de la Unión hacia la iniciativa, ya que no se abrió un debate internacional para escuchar la voz de la población, informaron este martes a través de un comunicado de prensa. En tanto, exigen a:
a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare la inconstitucionalidad de la propuesta.
b) Los legisladores federales, quienes han rechazado la aprobación de la LSI, lleven a cabo ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad.
c) Al Ayuntamiento de Chenalhó presentar una controversia constitucional relacionada con dicha ley.
Debido a lo que vivieron en carne propia, consideran que si la ley entra en vigor, traerá consigo un alto riesgo a la población civil; además, representaría un retroceso a la democracia mexicana porque la ordenanza cambiaría la relación entre el estado y la ciudadanía, violentando así la soberanía nacional.
«Nosotros, sabemos que la función constitucional del ejército mexicano es defender nuestro país ante una invasión extranjera, por esa razón no puede ni debe realizar labores de seguridad pública porque no está capacitado para convivir con civiles. Tenemos suficientes pruebas para sustentar esta afirmación, basta con mencionar la masacre de Acteal para demostrar que el ejército no está capacitado para tareas de seguridad pública», afirma la organización.
El asesinato de 45 habitantes de dicha comunidad se mantiene impune; los sobrevivientes relatan que alrededor de 500 metros de la escena del crimen había un destacamento del ejército mexicano, mismo que adiestró a los grupos paramilitares que realizaron el atentado.
Asimismo, el texto recuerda que en el país hay una larga lista de crímenes perpetrados por el Estado, como tortura, homicidios, desapariciones forzadas, en los cuales, las Fuerzas Armadas han tenido un alto nivel de participación e involucramiento.
Esas razones, señalan, deberían ser suficiente muestra para que el ejército no esté en las calles, poblaciones y comunidades rurales.
«Indígenas Tzotziles de Las Abejas tenemos claro que los mexicanos necesitamos una seguridad sin guerra y una estrategia que permita al ejército regresar a sus cuarteles, y no una ley que legitime su permanencia indefinida en las calles, poblaciones y comunidades rurales porque su presencia no significa seguridad sino guerra».
Otras opiniones y manifestaciones
Por su parte, un grupo de diputados federales de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) y de Morena, así como 43 senadores, encontraron que 28 de los 34 artículos que componen a la LSI violan los derechos, por lo que asistieron a la SCJN para interponer acciones de inconstitucionalidad contra dicha ley.
Esto porque, según los legisladores, contrastan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Además, se viola, entre otras cosas, el principio de máxima publicidad, permite la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior sin que exista una petición expresa de los gobiernos de las entidades; limita la intervención del Ministerio Público en la atención de delitos, así como las atribuciones del presidente de la República para la aplicación de una Declaratoria, según datos retomados del portal Animal Político.
La acción de los legisladores se suma a otras que tienen la misma causa. El 2 de enero, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CNC), interpusieron amparos contra la LSI, tras considerarla una ley de militarización.
El 8 de enero, las autoridades municipales de Cholula, Puebla, presentaron la primera controversia institucional. Aunque ésta fue admitida, se rechazó la demanda porque, según los ministros, el municipio no fundamentó bien la solicitud.
Un día después, el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hizo lo mismo para los artículos 6 y 31 de la LSI, los cuales, a su juicio, quebrantan las garantías sobre el manejo de información pública y privada.
En diciembre pasado, la inconformidad ante dicha ley también se había hecho presente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El órgano considera que ésta propicia la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas; afecta la estructura y equilibrio entre instituciones; órganos del Estado y poderes, y facilita que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre los mexicanos, de acuerdo con información retomada de Forbes.
Asimismo, mediante sus redes sociales, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González hizo un llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a formular observaciones al proyecto de ley con base en el artículo 72 constitucional, que establece el Ejecutivo para realizar comentarios, desecharla o regresarla a los legisladores a fin de que sea discutida de nueva cuenta.
«Apelo a que todavía se puede atender esa circunstancia, ya que el propio Ejecutivo de la nación puede también ponderar esa circunstancia pues tiene la facultad de veto a lo que apruebe el Congreso. Ahí hay todavía una posibilidad», señaló González al periódico El Heraldo.
Mientras tanto, la ciudadanía también rechaza la ley; cientos de personas en la Ciudad de México se manifestaron este domingo, en la Estela de Luz, cerca de las 12:45 horas. En los carteles se podía leer «No a la Ley Golpista», «No al Ejército, sí al diálogo», «Un Estado militar es el comienzo de una dictadura genocida», y «Ya basta de hacernos la guerra a nosotros mismos».
