Involucrarnos en la protección y restauración de los ecosistemas de los que formamos parte no solo es una opción, es nuestra obligación. Para un país megadiverso, como México, que según el WWF alberga gran cantidad de especies, la mayoría de ellas endémicas, entre ellas 535 mamíferos (13% del total mundial), 361 anfibios, 804 reptiles, 1,096 aves y más de 23,000 plantas vasculares, resulta fundamental tomar acciones.
Pareciera que los daños que ha traído la actividad humana a la naturaleza son irreversibles, sin embargo, 2020 nos dejó claro que no. A pocos meses de iniciado el confinamiento nos sorprendimos de ver en las noticias videos realmente esperanzadores sobre animales recuperando el espacio, peces y delfines nadando en las aguas temporalmente cristalinas del Canal de Venecia, ciervos caminando por las calles de Japón, cabras en Gales, además de monos, lagartos y felinos grandes deambulando el territorio que la humanidad dejó vacante. Se vuelve evidente el daño que generamos como especie.
Diez años, parece poco, pero pueden significar mucho si cada una y cada uno asumimos el compromiso personal, de modificar hábitos, adoptar mejores prácticas y buscar un mejor futuro. Actos individuales son fundamentales, pero necesita agregarse a los de las demás personas en las comunidades, en las ciudades, incluso las naciones deben unirse y promover la acción global. Lo que requerimos hoy día son políticas públicas nacionales y acuerdos regionales y globales que tomen en cuenta la transversalidad de la sostenibilidad. Este sábado arranca el Decenio de Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas justamente en el Día del Medio Ambiente.
Por esta parte, además, un gran ejemplo de un esfuerzo regional por fortalecer el derecho ambiental se ha desarrollado: El Acuerdo de Escazú. El proyecto deriva de la Cumbre Río+20 en 2012 y tras años de trabajo, con la ratificación de México en 2020 y la de Argentina a principios de año, el «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe» por fin entró en vigor el 22 de abril, Dia de la Tierra. Pero qué significa para un país como México en el que el año pasado se reportaron 18 muertes de personas dedicadas al activismo ambiental y más de 80 en la década anterior.
De entrada, un compromiso regional vinculante sobre la defensa activa de los derechos ambientales, así como la protección de quienes deciden ser defensores de la Naturaleza y denuncian los crímenes ambientales y sus devastadores efectos. Cada una de nuestras acciones individuales, con conciencia, puede generar el inicio de un cambio colectivo que gran falta nos hace.
