La enviada de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas finalizó su visita de ocho días por México. Chiapas, de sus principales agendas
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]as arbitrariedades a los derechos humanos de los pueblos indígenas en México es un «serio patrón». Ese es uno de los análisis sobre el tema que hizo la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, al finalizar su visita oficial en el país.
Al mismo tiempo llamó a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a implementar una relación igualitaria y respetuosa con las comunidades indígenas.
«Este compromiso debe ser coherente y debería reflejarse en la aplicación de estos estándares en México. El Gobierno mexicano debería adoptar medidas decisivas para mostrar un verdadero compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas», expresó Tauli-Corpuz, en un comunicado oficial emitido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos.
En esta misión recién finalizada, la Relatora sostuvo reuniones con más de 200 personas, pertenecientes a 23 grupos indígenas, de 18 estados de la República Mexicana. La mitad de ese conjunto de participantes son mujeres.
«A medida que integrantes de pueblos indígenas iban compartiendo conmigo sus problemas y sus historias, pude reconocer un serio patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de acceso a la justicia, entre otras violaciones de derechos humanos (…) tengo la intención de enviar al Ministerio de Asuntos Exteriores una lista de los casos que se me presentaron, para lo cual cuento con el consentimiento de los implicados».
Durante su visita a México, del 8 al 17 de noviembre, mantuvo esas sesiones de trabajo con representantes de diversos grupos indígenas, todo ello con sede en Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.
En su declaración de cierre de misión, Victoria Tauli-Corpuz señala algunas de las principales problemáticas detectadas durante su estancia en México: «El inadecuado reconocimiento legal vigente de los pueblos indígenas como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural están en la base de todos los temas y las preocupaciones, incluyendo tierras y territorios; autonomía, libre determinación y participación política; auto-adscripción de los pueblos indígenas; acceso a la justicia; violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; consulta y consentimiento libre, previo e informado; derechos económicos, sociales y culturales, y la situación particular de sectores específicos de los pueblos indígenas».
Además, indica que hay algunas cuestiones que son de carácter transversal y son recurrentes, por lo que deben tomarse en cuenta.
«Otro problema serio que me fue presentado es el hecho de que los pueblos indígenas no están siendo apropiadamente consultados, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre proyectos y otras decisiones que afectan sus derechos, incluyendo el derecho a la vida.»
En relación a esto, hace énfasis al tema de la auto-adscripción a ciertas instituciones federales y estatales como la Secretaría de Salud, mientras que otras utilizan el criterio de inclusión basado en listas gubernamentales, para reconocer a una persona o comunidad como indígenas.
Autonomía, libre determinación y participación política
En cuanto al tema de Autonomía, libre determinación y participación política, la Relatora explica que, con base en el artículo 1 de la Constitución, dichos conceptos deben ser considerados conforme a los estándares internacionales. «En este sentido, debe prestarse atención al reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas al autogobierno, al derecho a elegir sus propias autoridades de acuerdo con sus propios procedimientos y a la aplicación de sus propios sistemas jurídicos y normativos.
«He recibido información sobre algunas instancias de que, como respuesta a lo antes señalado, los propios pueblos indígenas están desarrollando y fortaleciendo sus propios sistemas de autonomía y autogobierno. Un ejemplo es la elección de autoridades municipales de acuerdo con los usos y costumbres indígenas».
Considera que estas propuestas han sido bien recibidas por las autoridades estatales y federales: esto es una buena práctica que dará cuenta en su informe final, el cual entregará en septiembre del 2018.
Violencia, impunidad y acceso a la justicia
En lo que respecta a Violencia, impunidad y acceso a la justicia, Tauli-Corpuz menciona dos temas centrales: El reconocimiento de sus propios sistemas jurídicos y su acceso al sistema de justicia ordinario.
De acuerdo con su informe preliminar, los sistemas de justicia de los pueblos indígenas cuentan con reconocimiento de la Constitución Mexicana, bajo el término «usos y costumbres». En su visita por México, pudo ver que «no hay todavía una armonización y coordinación adecuadas entre las jurisdicciones indígenas y estatal para que dicho reconocimiento se haga efectivo».
Esto se basa en cifras de las autoridades mexicanas en cuestión de impunidad, en la que se alcanza el 98 y 99 por ciento. «La impunidad aumenta el sufrimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos y elimina los incentivos para que los perpetradores respeten la ley. Un reconocimiento efectivo de la jurisdicción indígena podría ayudar en la lucha contra este grave problema».
Ante ello, comentó que se han presentado avances en el reconocimiento de esas formas de justicia indígenas. Sin embargo, recomienda «que se lleven a cabo discusiones en profundidad entre los órganos de justicia, las autoridades mexicanas pertinentes y los pueblos indígenas con objeto de desarrollar la necesaria armonización. Esto incluiría mecanismos para garantizar que el ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus sistemas de justicia no tendrá como resultado su criminalización».
En el renglón de Derechos económicos, sociales y culturales, Victoria Tauli-Corpuz habla sobre temas centrales como el acceso a los servicios de salud. De entrada, se lleva una impresión no muy grata de lo que encontró en el país, pues asegura haber recibido varias quejas sobre la falta de equipos y personal médico debidamente instalados en zonas indígenas.
En general, la Relatora considera haber detectado algunos avances en el manejo gubernamental hacia los asuntos de las comunidades indígenas, pero también encontró muchos huecos tanto en la teoría como en la práctica de las leyes mexicanas; espacios vacíos que dejan en situación vulnerable a esta población amplia y variada que aún lucha por alcanzar un trato igualitario y respetuoso.
El reporte de fin de misión también considera los temas de Grupos específicos, en el que entra el tópico de desplazados forzosos; también incluye el tema de Consulta y consentimiento libre, previo e informado. Dentro de un año, Victoria Tauli-Corpuz presentará el informe final ante el Consejo de Derechos Humanos, de la ONU.
