Arrancó el segundo ciclo escolar que inicia en incertidumbre. Entre las políticas públicas de educación, las medidas internas en escuelas públicas y privadas, y la decisión de asumir o no el riesgo que representa enviar a niñas y niños a las escuelas, el tema central de está en la salud, al que muchas veces permean las razones económicas. No hay una visión única, ni fórmulas mágicas. Cada familia enfrenta circunstancias diferentes.
De acuerdo con un el reporte de COVID-19 en Niñas, Niños y Adolescentes, a finales de julio se registró un aumento de casos en personas de 0 a 17 años curvas de contagio al alza. Hoy, además de los 232,637‬ contagios de 0 a 19 años, ha habido 720 decesos entre este grupo etario. Ello contrasta con los 25.4 millones de alumnas y alumnos de educación básica y 5.2 millones de estudiantes nivel medio superior que calcula UNICEF México que cerraron el ciclo anterior sin asistir a clases.
Aunque gran parte de las familias proveyeron medios para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tomaran clases a distancia, el acceso es diferenciado dependiendo de la ubicación geográfica y del nivel socioeconómico. Es decir, de acuerdo con un estudio del organismo, 39.5% reporta tener conexión fija a internet, 34.0% tener al menos una computadora y 49.1% tener dos o más celulares, con menores porcentajes para los hogares de menores niveles socioeconómicos.
En esta circunstancia sin precedentes, puede equiparar su estado de emergencia al de tomar decisiones en un estado de guerra, y la perspectiva de género influye. Entre las diversas aristas se encuentran madres y padres que no cuentan con redes de apoyo para el cuidado de sus hijas e hijos, lo que coacciona su decisión en favor de regresar a clases presenciales con el fin de poder salir a trabajar sin preocuparse. Por otra parte, varias mujeres que han dejado sus empleos por asumir el cuidado de la familia podrían retomar sus actividades económicas, fundamentales sobre todo en tiempos de crisis, en el que el 11.9% de desempleo impacta en la participación de las mujeres.
Por otra parte, vivimos en una era digital, 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet, así como entre 80 y 94% de 12 a 17, de los que 25% ha declarado haber sufrido alguna forma de ciberacoso. El protocolo anti acoso sexual es un asunto detenido debido a la pandemia que debe priorizarse, así como reforzar la educación básica en materia de igualdad, salud y nutrición, para formar y preparar mejor a la población estudiantil para el contexto real en el que se desarrollarán.
En 2 o 3 semanas habrá más claridad para evaluar esta etapa educativa, presencial o híbrida, para mantener la salud de niñas, niños y adolescentes que tienen vulnerabilidad incrementada por el coronavirus. Actuar con conciencia de la situación de emergencia, y con la paciencia que implica esperar a que haya luz verde en la vacunación de menores de 12 años, para proteger a las y los más valiosos de las familias, nuestras hijas e hijos.
