Por Rosy Urbina
Diputada Federal por el Distrito 12 de Chiapas
En la frontera sur de México la migración no es un concepto abstracto ni una cifra estadística. Son los rostros de la esperanza y el desasosiego. Es una madre que cruzó selvas huyendo de la violencia, es un niño que pregunta cuándo volverá a abrazar a su padre, es una familia que encontró el porvenir en nuestro país, pero no ha podido reencontrarse.
México tiene una tradición histórica de asilo y un marco constitucional que reconoce el derecho a buscar y recibir protección. Sin embargo, la realidad nos demuestra que aún existen obstáculos administrativos y requisitos desproporcionados que impiden que el principio de unidad familiar sea plenamente efectivo. No basta con otorgar refugio si las personas que ingresan al país por motivos humanitarios permanecen separadas de quienes constituyen su red más cercana de cuidado y afecto.
Por esos motivos, presenté ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar la Ley sobre Refugiados y la Ley de Migración, a fin de armonizarlas con estándares internacionales y fortalecer el derecho humano a la reunificación familiar. La propuesta elimina requisitos que condicionan el acceso a este derecho, como lo es la acreditación de solvencia económica. Esta iniciativa sustituye la exigencia rígida de dependencia económica por un enfoque que valore también la dependencia emocional y social, entendiendo que el núcleo familiar se sostiene en redes de cuidado y no sólo en ingresos comprobables. La protección internacional no puede medirse en estados de cuenta. Quien huye de la persecución no trae consigo comprobantes bancarios; trae historias de dolor y esperanza.
La reforma amplía el derecho a la reunificación a todas las personas con necesidades de protección internacional, desde solicitantes de asilo, personas con protección complementaria y todo tipo de refugiados, para evitar que la protección se fragmente o dependa del momento procesal en que se encuentre cada caso.
Se reconoce expresamente a familiares que ya se encuentren en territorio nacional, evitando duplicidades administrativas y la revictimización de quienes ya han acreditado su vínculo familiar. Además de las facilidades administrativas y la eliminación de cargas probatorias desproporcionadas, se plantea el fortalecer la coordinación entre la COMAR, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores para agilizar procedimientos, homologar criterios y garantizar mayor certeza jurídica. Defender la unidad familiar no es un acto de generosidad: es una obligación jurídica y moral del Estado mexicano y un mandato coherente con el principio de progresividad de los derechos humanos.
Esta iniciativa surge del trabajo territorial y del diálogo permanente con agencias internacionales como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para losRefugiados (ACNUR), la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que acompañan al Estado mexicano en la protección de personas refugiadas, particularmente niñas, niños y adolescentes. De ese intercambio de experiencias y buenas prácticas se identificaron áreas de oportunidad para fortalecer nuestro marco normativo, armonizarlo con estándares internacionales y consolidar una política migratoria que combine legalidad, orden y profundo sentido humanitario.
En esta etapa de transformación, el humanismo que guía al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum nos recuerda que la política migratoria puede ser firme y, al mismo tiempo, profundamente humana. La seguridad y los derechos no son excluyentes.
Cuando una persona refugiada logra reencontrarse con su familia, no sólo estamos cumpliendo la ley; estamos fortaleciendo el tejido social de México. Proteger a las familias más vulnerables es, también, proteger la dignidad de nuestro país.
