La Red de Mujeres Periodista del Estado de Morelos, lanzó un llamado a las personas que integran el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado de Morelos para proteger a las víctimas
Estrella Pedroza / Cimac Noticias
La Red de Mujeres Periodista del Estado de Morelos denunció irregularidades en el Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos que permitieron la filtración de información y datos personales de la periodista y activista Adriana Mújica Murias, tras solicitar la activación del protocolo de seguridad.
Mújica Murias, fue blanco de amenazas por parte del dueño de un medio de comunicación digital de la región oriente por dar seguimiento (desde el Observatorio de Paridad de Género y de manera paralela como periodista de opinión especializada en género) a la violencia política y digital de género que enfrenta una regidora.
Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado ante amenazas recibidas el pasado 28 de julio, motivo por el cual también se solicitó la activación del Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
Las y los integrantes del citado Mecanismo sesionaron el pasado viernes y fue aprobada la activación estableciendo medidas de seguridad que serían notificadas a Mújica Murias este lunes. Sin embargo, según denunció la Red de comunicadoras, durante el fin de semana fue filtrado, en grupos de WhatsApp, el documento que establece las medidas incluyendo sus datos personales.
«Lo que genera nuestra preocupación es que a través de diversas redes sociales se está compartiendo un documento emitido por la agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Unidad de Atención Temprana, fechado el 28 de julio de 2022, en donde se exhiben datos personales de la denunciante, por lo que consideramos que no sólo se exhibe a la compañera Adriana Mújica Murias, sino que además se vulnera su privacidad, debido a la falta de secrecía por parte de las dependencias involucradas, como son: la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca», se lee en un pronunciamiento emitido por la Red de Mujeres Periodista del Estado de Morelos.
Agregaron: «es necesario precisar, para evitar dudas entre las y los integrantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos que Adriana Mújica Murias tiene una trayectoria de más de 40 años de periodista, además del importante trabajo que realiza en defensa de los derechos de las mujeres, por lo que con base en su trayectoria puede acogerse a la protección de dicho Mecanismo».
La Red subrayó que «las amenazas, filtraciones e irregularidades ocurridas en este proceso toman especial relevancia en una entidad donde desde el 2015 se decretó Alerta de Violencia de Género (AVG) en 8 municipios».
En ese contexto, lanzaron las siguientes exigencias que reproducimos de manera textual.
–Que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, como sujetos obligados, cumplan con la tutela y garantía del derecho humano a la protección de datos personales como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos. Así como que realicen la investigación correspondiente para encontrar a la persona responsable de dicha filtración.
-Que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos intervenga a fin de exigir a la Fiscalía General del Estado, que dicho sea de paso, forma parte de este órgano, que se investigue de dónde surgió la filtración que atenta contra el Artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos que establece:
«El Estado garantizará la protección de los datos personales de los individuos y deberá velar porque en los sujetos obligados no se incurra en conductas que puedan afectar la esfera de los mismos arbitrariamente».
De la misma forma exigimos a las y los integrantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos a que no violen lo establecido en el Artículo 29 inciso c) que señala que el Subcomité debe:
c) Manejar confidencialmente la información de las solicitudes recibidas, en términos de la normativa aplicable, sin perjuicio de que las mismas sean aceptadas o rechazadas.
–Solicitamos a las y los integrantes del Mecanismo Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos que se apeguen a la definición de usuarios (periodistas y personas defensoras) consagrada en el Artículo 3, numeral XX y XXI de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Morelos que señala:
«XX. Periodista: a las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o promover información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.
XXI. Persona defensora de derechos humanos: las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como las personas morales, grupos, organización, o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción y la defensa de los derechos humanos en el orden estatal, nacional o internacional».
Además solicitamos a las y los integrantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos sean capacitados con perspectiva de género y derechos humanos, tanto el funcionariado como las y los representantes de los dos sectores beneficiarios.
La Red de Mujeres Periodista del Estado de Morelos, lanzó un llamado a las personas que integran el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado de Morelos «a que actúen de manera objetiva, sin filias ni fobias y atiendan la responsabilidad que les fue conferida para proteger y garantizar el libre ejercicio de la actividad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas».
