Pese al subdesarrollo económico, «incluso si existiera impopularidad de la figura gubernamental, crisis política, económica y social», sería insuficiente para mermar la capacidad del Ejecutivo estatal de incidir en el proceso electoral concurrente
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]o que sucedió el pasado 4 de junio en el Estado de México se trató de una elección de Estado, y el mismo contexto podría presentarse en Chiapas para el proceso electoral 2018, cuando las estatales sean concurrentes con las federales, opinó el dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Óscar Gurría Penagos.
El 24 de mayo pasado, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, difundió documentos —sin que identificara la fuente de procedencia— en los que figuran mandatarios estatales que operaron en determinados municipios de aquella entidad, en lo que denominó táctica fraudulenta para otorgarle el triunfo al priista Alfredo del Mazo. Entre la lista, mencionó a Manuel Velasco Coello, quien debió encargarse de Netzahualcóyotl, aseveró.
En declaraciones para medios locales, Gurría Penagos dijo lamentar que una maquinaria de aproximadamente 300 servidores públicos chiapanecos se haya desplazado a la Ciudad de México, para apoyar la campaña del contendiente mexiquense. Incluso aseveró que se hizo con la presunta utilización de recursos públicos.
Luego que en el pasado proceso electoral que se vivió en la entidad, los integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) enfrentaran un proceso legal acusados por incumplir con la paridad de género y por fraude electoral, el líder morenista advirtió que vigilarán a los miembros del Órgano Público Local Electoral para verificar que trabajen con apego a la Ley.
¿Se cumplirá vaticinio?
La periodista Gabriela Coutiño, colaboradora del portal Chiapasparalelo, escribió en un artículo que data de 2016 que el escenario estatal es muy similar al nacional —como el evidente el proselitismo político de los «suspirantes» a manera de promoción personal— pero con diferencias sustanciales, como el subdesarrollo o infradesarrollo económico.
Aclara también que pese a esta condición y en las peores circunstancias, «incluso si existiera impopularidad de la figura gubernamental, crisis política, económica y social», sería insuficiente para mermar la capacidad del Ejecutivo estatal de incidir en el proceso electoral. A la injerencia del Poder Ejecutivo en un proceso de la naturaleza como los comicios, se le denomina elección de Estado.
Asimismo, identifica esa incidencia e influencia del Ejecutivo estatal en tres momentos que describe de esta manera:
1.- Cuando los aspirantes, «suspirantes» o candidatos se placean.
2.- Cuando se intenta imponer sucesor y se logra (en los últimos tiempos sólo ha sucedido en el periodo Pablo Salazar-Juan Sabines, explica).
3.- Cuando la clase política estatal no logra imponerlo y el Ejecutivo estatal se somete a los intereses políticos económicos nacionales y al de los partidos políticos.
El primero, a grandes rasgos, se refiere a cuando los políticos «suspirantes» aprovechan el momento político actual de incertidumbre, de falta de transparencia financiera y de defensa de los derechos políticos individuales para comenzar a figurar en la escena.
«Vemos a muchos buscando la nominación de su partido, otros coqueteando con la posibilidad de ser independientes o ser incluso nominados por un partido político pequeño y muchas mujeres —que han saltado de puesto en puesto— apelando a la equidad de género.
«Las redes sociales son un buen nicho para promover esas aspiraciones y los funcionarios y políticos usan y abusan de esa condición», explica Coutiño.
Quienes se mueven se hacen evidentes y dominan el primer momento electoral, pero deberán demostrar que son competitivos para mantenerse y «ser nominados por quien hoy es el gran elector, es decir el gobernador del estado».
El hecho que haya un nominado, podría permitir la prevalencia del partido actual —o al menos de sus intereses— en el dominio de la política estatal por otros seis años; y al mandatario actual, «ser el referente moral y dominante de su sucesor, hasta que alguna coyuntura política los distancie como siempre ha sucedido a nivel local y nacional».
«Para que este escenario se cumpla, se necesita que el ejecutivo estatal sea una fuerza política local fortalecida, y sea escuchado a nivel nacional», advirtió la analista.
El último escenario sucede cuando al Ejecutivo estatal no le basta su fortaleza para imponer un sucesor, y al final prevalecerán los intereses nacionales, tanto económicos como políticos. Al final, «habrá candidato y también imposición. Así el sucesor no sea de los afectos de quien se va», vaticinó la periodista.
El precio del voto
Arturo Moo Cahuich, columnista del portal electrónico Página Abierta, comentó en una de sus entradas que la elección de Estado se caracteriza por todo el respaldo económico y político que otorga y articula el Ejecutivo en favor de su preferido.
«La maquinaria oficial se echa a caminar y llegan recursos de toda índole para respaldar al consentido. Discursos y regalos sin ton ni son, todo por tu voto, comprometen. El compromiso claro y directo es el voto en favor del preferido, pero antes, el secuestro de la credencial de elector. Las cifras por el voto, varían. El refrán del según el sapo es la pedrada viene como anillo al dedo», se lee en su entrada de blog, a propósito de las elecciones en el Estado de México.
Con respecto a este punto, mientras que Raymundo Riva Palacio estimó la cotización del voto mexiquense en 12 mil 500 pesos, el periodista e investigador chiapaneco Sarelly Martínez Mendoza hizo lo propio para el chiapaneco: «Para el 2018, de acuerdo con la marca olímpica impuesta este año, si el candidato del PRI desea ganar la gubernatura de Chiapas deberá contar con 9 mil millones de pesos, para allegarse de unos 700 mil votos». En 2012 el voto chiapaneco se cotizó en mil pesos, con picos en las zonas indígenas, añadió.
Coincide con Coutiño acerca de las particularidades del territorio pues sí, Chiapas no es Estado de México. Además, enfatiza que la principal fuerza opositora Morena, no contaría con la suficiencia presupuestal para inhibir prácticas deshonestas como entrega de tarjetas, despensas y hasta pantallas planas, en las que incurren sus adversarios.
«Aquí el partido de Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a la falta de comités locales y movilizadores del voto en la zona rural (51 por ciento del territorio estatal), la cual es determinante para ganar la elección a gobernador», se lee en su colaboración para Chiapasparalelo.
Hace distinción entre la zona urbana mexiquense y chiapaneca. Si bien en este lado del Sureste mexicano la gente de esa región «se mueve aparte, con personas menos atadas a programas sociales y más participativas en la defensa de casillas y de sufragios», sólo representa el 49 por ciento del territorio estatal. En el Estado de México, los habitantes de la zona urbana representan el 87 por ciento.
Es justo de la mayor representación, los rurales en condiciones de pobreza que alcanzan una representación del 76.2 por ciento para Chiapas, de los que los adversarios se aprovechan por medio de la compra de votos a cambio de efectivo, programas sociales o electrodomésticos, consideró el analista.
«Debido a que la autoridad electoral se pone al servicio del Estado, las impugnaciones y solicitudes de nulidad sólo sirven para debilitar a quienes protestan», concluyó Martínez.
