Aunque fue aprobada por el Congreso y los estados, la reforma del salario digno sigue sin entrar en vigor por razones políticas y presupuestales, denuncian legisladores
AquíNoticias Staff
La reforma que podría cambiarle la vida a millones de trabajadores en México ya fue aprobada… pero no avanza. Y no porque falte voluntad legislativa —el Congreso ya le dio luz verde y la mayoría de los congresos estatales también—, sino porque alguien decidió pisar el freno. Y ese freno, dicen desde el PRI y Movimiento Ciudadano, no es técnico. Es político. Y tiene nombre: presupuesto.
La iniciativa propone algo que parece de sentido común: que ningún salario en el país esté por debajo de la inflación. O lo que es lo mismo: que el aumento salarial no se quede atrás frente al alza de precios, como históricamente ha ocurrido.
Pero va más allá. La reforma constitucional también establece que maestros, policías, médicos y militares —trabajadores públicos esenciales— no deberían ganar menos que el promedio salarial de los afiliados al IMSS, que hoy ronda los 18 mil 400 pesos mensuales.
Un cambio así significaría que cientos de miles de personas pasarían de un salario apenas sobreviviente a un ingreso verdaderamente digno. ¿El problema? Cuesta. Y mucho.
Aunque la propuesta fue celebrada en su momento como un avance histórico, el paso final —la declaratoria de constitucionalidad— sigue sin publicarse. Morena, mayoría en ambas cámaras, ha mantenido silencio. Y eso no es casualidad.
Desde hace meses, el PRI y MC insisten en que el trámite pendiente no es menor: sin esa publicación, la reforma no entra en vigor. Incluso han recordado que si el Senado no actúa, la Comisión Permanente tiene facultades para hacerlo.
Pero el tiempo pasa. El sexenio corre. Y la idea de un salario digno garantizado en la Constitución se queda, por ahora, en promesa a medias.
Mientras tanto, la inflación sigue su curso, los salarios pierden poder de compra, y miles de trabajadores públicos continúan enfrentando condiciones salariales que no corresponden ni a su responsabilidad ni a la realidad económica del país.
¿Se hará realidad la reforma? ¿O se quedará como otra promesa en papel, archivada por razones presupuestales?
