Diversos académicos y exconsejeros electorales exhortaron a las autoridades a poner el tema sobre la mesa para analizar la estrategia y buscar los mecanismos que respeten los principios democráticos
Portavoz Staff
[dropcap]M[/dropcap]ientras que en la entidad el Congreso ya autorizó por unanimidad la eliminación del financiamiento público a partidos políticos para la contienda electoral de 2018, a fin que sea destinado a los afectados por el terremoto de 8.2 de magnitud y a la reconstrucción de sus viviendas, diversos académicos y exconsejeros electorales exhortaron este lunes a poner el tema sobre la mesa para analizarlo con mayor profundidad.
En un foro llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), los especialistas coincidieron en que por ninguna razón se debe eliminar el financiamiento, ya que esto traería como consecuencia una falta de equidad en las contiendas y, por ende, en la injerencia de poderes fácticos legales e ilegales en las campañas electorales.
Según información de la agencia Reforma, el jurista Diego Valadés expresó que en México, al ser un país tan desigual, esta demanda ciudadana afectaría la equidad en la contienda y dominaría una plutocracia.
Otra de las consecuencias, refirió, es que la posible inequidad en el proceso electoral podría derivar en la nulidad de la elección presidencial de 2018.
Valadés destacó que al dar pie a la sustitución del modelo de financiamiento público por uno privado, se provocaría la exclusión de sectores como los indígenas y los pobres de la participación ciudadana.
Asimismo, dijo, se haría evidente la brecha política entre los estados con bajos niveles de pobreza como Nuevo León o Ciudad de México, comparado con las entidades donde gran parte de sus habitantes viven en la marginación, tales como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
En la opinión de la ex consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván, el recurso público evita que los intereses de las empresas y el sector privado prevalezcan sobre el interés público.
Además, señaló que para reducir el costo de los sistemas de partidos, es necesario reflexionar respecto a la alternativa de que éstos adelgacen su burocracia interna. La investigadora lanzó una cuestión a considerar «¿Cuántas personas viven hoy de los recursos de los partidos?».
Por su parte, el exconsejero del INE, Jaime Cárdenas planteó la propuesta de modificar la fórmula que se utiliza para calcular el monto que reciben los partidos.
Por ejemplo, en lugar de disponer la totalidad del padrón electoral, como lo indica la Constitución, sólo se utilice la mitad, y que esa cifra no se multiplique por 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización sino por 32.5 por ciento.
Otra de las participantes del foro, la académica de la UNAM, Rosa María Mirón, planteó reforzar la fiscalización de los recursos de los partidos e imponer multas más severas antes las irregularidades financieras.
La académica de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Irma Méndez Hoyos, señaló que la fiscalización no debe enfocarse a los egresos de los partidos, sino en la exhaustividad de sus ingresos.
En una postura externa al foro, la politóloga Denise Dresser escribió una columna para Reforma donde desmenuzó los motivos por los cuales eliminar por completo el financiamiento público a los partidos es un grave error.
De forma resumida, considera que es: «Una regresión. Una trampa. Un ejemplo de populismo postsismos que todos los partidos han aplaudido para congraciarse con una población enardecida, pero una propuesta equívoca, basada en tres P’s perversas: la priización, la privatización y la plutocratización de la política».
