San Fernando, bajo una «dictadura familiar» que se niega a morir / Hector Estrada

El tráfico de influencias, la corrupción y hasta el uso del medio colectivo como medida de control social han mantenido por alrededor de década y media en el gobierno del municipio de San Fernando a la familia Castillejos; una situación que con todas las argucias que permite el abuso del poder han convertido a este pedazo de Chiapas en su «imperio familiar».
La ambición por el dominio de la familia surgió en los años ochentas con la aspiración y candidatura fallida de Lisandro Castillejos quien, pese a su compadrazgo con el empresario cervecero Antonio Pariente Algarín, no pudo hacerse de la alcaldía del municipio vecino a la capital chiapaneca.
Con el respaldo económico que amasaron durante años gracias al negocio de las cantinas y las influencias de la familia, fue hasta a principios de la década pasada (2002) cuando por fin Juan Antonio Castillejos, uno de los hijos de Lisandro, logró obtener la presidencia municipal sanfernandense.
Se convirtió sin duda una estrepitosa carrera política que lo ascendió en cuestión de años de director del centro de readaptación social a coordinador estatal de esa dependencia penitenciaria, y finalmente a alcalde electo, dando así inicio al desmedido «imperio familiar» en aquel municipio chiapaneco.
Tony Castillejos, como es conocido popularmente, no sólo gobernó San Fernando durante el periodo 2002-2015, ha sido diputado local y repitió en la alcaldía sólo una administración después de la suya, para finalmente heredar el bastión familiar a su hermana Carmen, actual alcaldesa, quien también ha sido ya señalada de varias arbitrariedades.
Para hacer más memoria, los Castillejos, con el liderazgo de Tony se han mantenido en el poder bajo la corrupción misma, con la venia de ex gobernantes que con tal de mantener control regional han solapado todos sus abusos y han propiciado la extensión de un gobierno familiar que se ha prolongado.
Escándalos capturados en video en 2008 donde Tony habla de más sobre recursos, y acusaciones de los pobladores por supuestas amenazas de muerte, cierres arbitrarios de establecimientos que resultan competencia para los negocios familiares, robo de materiales de programas gubernamentales y hasta presuntos asesinatos son parte de sus expedientes.
Para citar sólo un par de ejemplos, basta recordar las acusaciones y denuncias ciudadanas vertidas tras la tragedia del huracán Stan cuando se les señaló por su presunta participación en el desvío y robo de material destinado para la reconstrucción en Tapachula.
Además del candado comercial que la familia en el gobierno ha aplicado para evitar la apertura de nuevos establecimientos dedicados a la venta de abarrotes y negar así cualquier posible competencia a su red de minisúper. Sin olvidar el operativo de clausura a bares y cantinas, donde paradójicamente sus establecimientos fueron los únicos en mantenerse operando.
Sin embargo, todo esto es poco ante el caso suscitado hace sólo dos años donde Roberto Antonio Ramos Castillejos, sobrino Tony y la alcaldesa Carmen, fue involucrado de manera directa en el asesinato de Miguel Ángel Gutiérrez Zomá.
El aterrador caso comenzó con el hallazgo de la osamenta de Gutiérrez Zomá, interno del Centro de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Anexo Jóvenes Guerreros, propiedad de Roberto Antonio. El cadáver fue encontrado calcinado entre restos del diésel y llantas en el predio llamado El Cidral.
Pese a que se trató de ocultar el hecho, el propio Roberto Ramos Castillejos confesó que como se realizaba habitualmente en el centro de rehabilitación, Gutiérrez Zomá fue golpeado en múltiples ocasiones, sin embargo éste falleció a consecuencia de las lesiones, por lo que decidieron deshacerse del cuerpo incinerándolo.
Las acusaciones sobre los abusos que se cometían al interior del supuesto centro de rehabilitación no eran un secreto. Fueron constantes las denuncias por parte de los vecinos sobre la violencia física con la que eran tratados los internos. No obstante, el encubrimiento de los familiares en el poder siempre pesó más.
Hoy todo apunta a que la contienda electoral de próximo año podría poner fin a la era de este imperio familiar que es claro ejemplo de los tantos casos que aún son vigentes en otros tantos municipios de la entidad chiapaneca.
Aunque se niegan a dejar el bastión familiar con la imposición de candidatos a modo, ojalá los comicios del año entrante traigan nuevos rostros y apellidos al gobierno de aquel municipio que aunque se ubica a sólo 14 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez sigue siendo víctima de los cacicazgos arcaicos que se aferran a vivir a costa del pueblo.