La detención por horas de la exconsejera electoral Margarita Esther López Morales no fue un simple ajuste de cuentas, sino el envío de un claro mensaje al gobierno y a los políticos de Chiapas: ni se les ocurra volver a vulnerar las elecciones, no se permitirá una nueva vergüenza para la autoridad electoral
Portavoz
[dropcap]T[/dropcap]al y como lo anunció el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, los amparos que evitaron hace unos días la liberación de órdenes de aprehensión en contra de los exconsejeros electorales de Chiapas fueron impugnados.
Ayer se dio a conocer que se cumplimentó una de seis órdenes de aprehensión en contra de una exconsejera electoral del estado de Chiapas (se supo que se trataba de Margarita Esther López Morales, quien presuntamente fungía como directora jurídica del Congreso del Estado, aunque en el organigrama no aparezca), toda vez que en su conjunto, estos exfuncionarios permitieron la comisión del delito de fraude cibernético y usurpación de identidad, al haber inscrito de manera ilegal a más de 10 mil supuestos ciudadanos al listado electoral, y permitir que con ello se emitieran más de 6 mil sufragios que beneficiaron la elección del que fuera diputado migrante Roberto Pardo.
El fiscal electoral recordó que los exconsejeros electorales de Chiapas contrataron a la compañía DSI Elecciones S.A. de C.V., que era la compañía que menos garantizaba la seguridad en ese proceso electoral.
La compañía señaló haber recibido un total de 17 mil 573 solicitudes de registro de votantes chiapanecos en el extranjero, y de estos el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana validó 10 mil 808 registros, sin embargo, los consejeros electorales no cotejaron ni verificaron la veracidad de los datos incluidos en el listado local de electores, y con ello no se impidió la alteración de listado de electores.
La Fepade detectó que se incluyeron datos falsos respecto a la residencia en el extranjero de 10 mil 808 personas y esto llevó a que supuestamente se obtuviera el 55.59 por ciento de votos para el Partido Verde Ecologista de México, y 44.17 por ciento para el Partido Mover a Chiapas, lo cual resulta inverosímil, ya que ningún otro partido obtuvo un solo voto, señaló Nieto Castillo para esa elección.
De los 10 mil 808 registros falsos se consolidó la votación de 6 mil 628 supuestos electores a través de medios electrónicos, e inclusive más de mil de estos sufragios se realizaron desde una computadora del propio instituto electoral.
Para realizar este fraude electrónico se utilizaron servicios de redes virtuales privadas a fin de ocultar la identidad IP real de donde se emitieron los sufragios, se utilizaron servicios de correo electrónico falso y desechable, como es el caso de yopmail, entre otros.
En total, para la elección que se realizó en 2015 en Chiapas se hizo un registro de 17 mil 573 solicitudes –entre ellas las 10 mil 808 falsas— de ese total, la investigación de la Fepade detectó 15 mil 268 casos presuntamente provinieron de Estados Unidos, 65 de África, 794 de Europa, 51 de Asia y 30 de Australia.
Durante la indagatoria llamó la atención que se detectaron supuestos registros provenientes de naciones como Cabo Verde, Angola, Armenia, Sri Lanka y Andorra, así como Vietnam y Bosnia.
En ese sentido, la consejera electoral detenida fue puesta a disposición del juzgado segundo de distrito y los otros cinco consejeros fueron considerados prófugos de la justicia. No obstante, para la tarde noche de ayer se supo, que Margarita Esther había quedado en libertad tras pagar una fianza de apenas 15 mil pesos.
La investigación se ha extendido a integrantes de la empresa DSI Elecciones, y de acuerdo con la legislación en materia electoral los inculpados pueden recibir una condena que va de tres a siete años de prisión. Y como los delitos no están tipificados como graves, pueden enfrentar su proceso penal en libertad.
No obstante, en los círculos políticos del estado, la retención por horas de López Morales y el previsible pago de multas de los demás exconsejeros del IEPC para no pisar la cárcel, no es precisamente un ajuste de cuentas, sino el envío de un claro mensaje tanto al actual consejo general del OPLE como al gobierno del estado: «no se permitirá, de nuevo, el manoseo de las elecciones en Chiapas. Saquen las manos».
