El magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá plantea «tumbar» la elección de jueces, bajo el argumento de riesgo a la autonomía, sin embargo, también buscará defender los altos sueldos y eliminar lo que para él son desventajas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra ante una discusión de gran relevancia, en la que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá invalidar la elección de jueces de Distrito y magistrados de Circuito mediante voto popular, como se establece en la reforma judicial aprobada en meses recientes. Este proyecto de resolución, presentado este lunes, responde a acciones de inconstitucionalidad planteadas por legisladores de la oposición, quienes argumentan que dicha reforma vulnera la independencia del Poder Judicial y la división de poderes. El ministro sostiene que someter a elección popular a estos funcionarios afecta gravemente el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial y altera el debido proceso judicial, al introducir factores externos que podrían influir en la objetividad de los jueces y magistrados.
La propuesta también considera que la simultaneidad de las elecciones para cargos judiciales con las renovaciones del Ejecutivo y Legislativo, como establece la reforma, generaría una presión política sobre los votantes que podría comprometer la elección judicial. González Alcántara argumenta que esta situación traería consigo una influencia de poderes externos que atentan contra la independencia judicial y desvirtúan la función esencial de la justicia en México. El proyecto se enmarca en una defensa a la autonomía judicial, una piedra angular de la democracia mexicana, que busca mantener a los jueces y magistrados alejados de influencias políticas y externas en sus decisiones.
El proyecto de González Alcántara Carrancá también cuestiona otros aspectos de la reforma judicial, como la figura de los “jueces sin rostro” y la prohibición de otorgar efectos generales a las suspensiones y declaratorias de inconstitucionalidad en juicios de amparo. Al considerar inconstitucionales estas medidas, el ministro defiende el principio de transparencia y el derecho a la defensa en los procesos judiciales, ya que, según argumenta, las medidas de la reforma restringen la accesibilidad y efectividad de la tutela judicial. Además, el proyecto sugiere que las reducciones salariales impuestas a los jueces de Distrito y magistrados de Circuito también vulneran la independencia judicial, al comprometer la inamovilidad y la garantía de salarios irreductibles que son esenciales para su imparcialidad y autonomía en el ejercicio de su función.
Si bien el proyecto propone invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular, contempla mantener la elección de los ministros de la Suprema Corte, así como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) mediante sufragio. Esta decisión refleja una visión matizada que permite ciertas formas de participación popular en los niveles más altos del sistema judicial, en tanto que preserva la independencia en otros niveles para evitar que el sistema se vea comprometido por influencias externas y políticas, preservando el carácter neutral de la justicia.
Para que esta propuesta se convierta en resolución de la Corte, se requieren ocho votos en el Pleno. Hasta ahora, tres ministras de la SCJN —Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel— han manifestado públicamente su respaldo a la reforma judicial, lo cual plantea un escenario de amplio debate al interior de la Corte. La decisión que tome la SCJN en esta materia será fundamental, pues no solo definirá el alcance de la reforma judicial en México, sino también el camino de la independencia del Poder Judicial y su relación con los demás poderes.
La propuesta de González Alcántara Carrancá refleja un intento de salvaguardar la independencia judicial y proteger los derechos constitucionales del debido proceso y la imparcialidad de los tribunales. Desde una perspectiva política y social, este debate subraya las tensiones entre la visión de un Poder Judicial autónomo y una tendencia a democratizar la elección de sus funcionarios. Aunque la independencia judicial es vista como un pilar de la democracia, la participación popular también busca una justicia más cercana a la sociedad. La resolución que adopte la Corte tendrá implicaciones a largo plazo sobre la estructura y funcionamiento del sistema judicial mexicano, y sobre cómo se concibe la justicia en el país.
