A través de este programa el gobierno mexicano coadyuva a Estados Unidos en políticas que violan el derecho a la protección de las personas consideran las organizaciones que promovieron el amparo
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil mexicanas solicitaron mediante un amparo ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, poner fin al Programa «Quédate en México», ya que significa un riesgo para la vida de las personas que buscan protección internacional.
El amparo (1887/2021) fue promovido en la Ciudad de México el pasado 30 de diciembre por Asylum Access México, Sin Fronteras IAP, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
De acuerdo con las organizaciones, a través de este programa el gobierno mexicano coadyuva a Estados Unidos en políticas que violan el derecho a la protección de las personas. Además, va en contra de la Constitución mexicana y los compromisos internacionales de este país.
«No podemos seguir permitiendo que el Estado mexicano siga coludido con el gobierno estadounidense para poner en riesgo la integridad de las familias que buscan protección. Las personas están huyendo de sus países porque su vida corre peligro y como Estado mexicano tenemos el compromiso de garantizar protección a quienes buscan asilo, no de revictimizarles y colocarles en condiciones de mayor vulnerabilidad», expresaron las organizaciones.
El Programa «Quédate en México» fue puesto en marcha por primera vez en enero de 2019 a enero 2021. Durante este periodo se devolvió a México a más de 72 mil personas -40 por ciento mujeres y 33 por ciento niñez- sin garantizarles acceso a salud, educación, empleo y vivienda pese a que el gobierno mexicano se comprometió a hacerlo.
Si bien el programa quedó suspendido durante el año pasado, fue reinstalado el 2 de diciembre de 2021 y ya se ejecuta. De acuerdo con la organización Human Rights First el 7 de diciembre de 2021 se regresó a las primeras personas a través de Ciudad Juárez, Chihuahua; mientras, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reporta que del 7 de diciembre al 4 de enero de 2022 se han regresado a 217 personas provenientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ecuador y Colombia.
Las organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y México han señalado que «no hay forma de que este programa tenga un enfoque de Derechos Humanos ni de protección», por el contrario, se ha documentado cómo expone a las personas migrantes a diversas violencias como secuestro, extorsión y violaciones sin que el Estado mexicano garantice su acceso a la justicia.
Además, de acuerdo con la documentación de Human Rights First se registraron más de mil 300 eventos violentos -incluso la muerte- contra esta población, perpetrados por policías, agentes de migración y bandas del crimen organizado.
Hasta mayo de 2020 cerca de mil 114 personas sujetas al programa han sido víctimas de secuestro, violación sexual, extorsión, tortura y asesinato. En total, 256 niñas y niños fueron víctimas de secuestro e intento de secuestro, según los datos recogidos en el reporte.
Sobre la situación particular de las mujeres, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner, detalló en 2020 que las mujeres que estuvieron dentro de este programa han declarado a la organización que tienen miedo de salir de los albergues o los campamentos en los que viven por el miedo a ser secuestradas, como ha ocurrido en otros casos.
Por ejemplo, una joven de 18 años, embarazada, fue secuestrada. Su mamá pagó en EU más de 3 mil dólares a través de giros bancarios. «Hay muchísimas familias de madres con niñas y niños que están esperando en México, Si son los hombres quienes están trabajando fuera del albergue son las mujeres y los niños quienes se están quedando pero sin acceso a los servicios», detalló la defensora.
Es de recordar que el acuerdo del que nació este programa fue firmado por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que no tenía la facultad de firmar esta política migratoria que, al mismo tiempo, es un tratado internacional. El acuerdo se hizo sin consultar al Senado de la República y sin coordinación con la Secretaría de Gobernación.
El 15 de diciembre de 2020, el IMUMI y la FJEDD presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por dichos actos violentos sin que a la fecha haya alguna respuesta o reparación del daño, al tiempo que se presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además de que desde 2020 las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen en sus manos la oportunidad de pronunciarse contra la participación del gobierno mexicano en políticas de asilo contrarias a nuestra Constitución como el Programa «Quédate en México». A la fecha no hay ningún pronunciamiento al respecto.
Cabe señalar que a diferencia de la primera vez que se instauró dicho programa, que se limitaba a personas de países hispanoparlantes, esta reinstalación establece el regreso de personas de todo el continente, incluido Haití. Los puntos fronterizos por donde se han realizado las devoluciones hasta ahora son San Diego y El Paso.
