Municipios con la declaratoria no han invertido los suficientes recursos ni han transparentado su implementación
Sandra de los Santos / Ana Liz Leyte / Lucero Natarén
Aquínoticias
Después de tres años de haber solicitado que en Chiapas se declarara la Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres, el 18 de noviembre del 2016 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobierno declaró la alerta para siete municipios de Chiapas: Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Así también ordenó que se implementen acciones específicas que atiendan la violencia de género contra las mujeres indígenas que viven en la región Altos del estado.
Martha Figueroa del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal consideró que la alerta se debió de declarar para todo el estado, y no sólo en siete municipios ya que la solicitud fue hecha para proteger a las mujeres de todo el estado, ya que todos los municipios se presentan situaciones similares.
¿Qué es la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)?
La declaratoria obliga al Estado y los municipios a implementar acciones urgentes para evitar y erradicar la violencia feminicida.
Esta medida se implementa cuando en un territorio determinado existe una situación grave de violencia en contra de las mujeres asociada a prácticas machistas y patriarcales persistentes en la sociedad.
Al declarar la alerta, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la entidad federativa y los municipios de los que se trate, implementan medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra.
¿Qué se le ordenó al Estado de Chiapas?
En la declaratoria, se le ordena al Estado, una serie de medidas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en la entidad, como: se resuelvan los casos de violencia contras las mujeres y feminicidios; determinar una medida de reparación simbólica para las mujeres por los feminicidios; acatar la norma 046, que habla sobre la violencia familiar, sexual contra las mujeres; fortalecer el centro de justicia para las mujeres y la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres (Sedem); generar campañas en contra de la violencia machista; capacitar a las y los servidores públicos y personal de salud; entre otras. Todas las medidas son complementarias, no excluyentes.
El gobierno del estado de Chiapas tenía hasta 10 días hábiles a partir de la notificación de la declaratoria para informar a cuánto dinero destinaría a la contingencia por la Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres; sin embargo a cuatro años de esta implementación no se conoce cuántos recursos se ha invertido.
¿Cómo fue el proceso de la declaratoria de AVGM?
El 25 de Noviembre del 2013 la agrupación civil Centro de Derechos de la Mujer solicitó la declaratoria de alerta en Chiapas debido a la violencia feminicida en la entidad enmarcada en la situación de pobreza extrema; ubicación geográfica, un conflicto armado no resuelto, ocupación crítica para las mujeres y la falta de procuración de justicia.
A diferencia de otros estados en donde el principal argumento de parte de las organizaciones para declarar la alerta ha sido el número de feminicidios, en Chiapas lo que señalaron las agrupaciones que impulsaron la declaratoria fue la violencia estructural que existe en contra de las mujeres.
El gobierno de Chiapas por medio de quienes estuvieron como titulares de la Sedem se había negado a la declaratoria de alerta de violencia de género. La ex secretaría de esa dependencia, Sasil de León Villard, quien actualmente es senadora, dijo que 156 muertes violentas de mujeres –que eran las que se tenían registradas en ese entonces-no ponía en riesgo la paz social en Chiapas por lo que no había necesidad de una declaratoria de este tipo.
Con base a la investigación realizada por un grupo interinstitucional y muldisciplinario, que debe de conformarse, cuando hay una solicitud de alerta de violencia de género es que se hizo la declaratoria.
Este grupo determinó que en Chiapas existe una violencia sistemática en contra de las mujeres y que esa violencia se traduce en delitos que atentan contra la vida de ellas y por ello se declaró la alerta.
Municipios con AVG omisos a invertir recursos
Sólo uno de los 7 municipios que tienen declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) ha invertido poco más de un millón de pesos desde que iniciaron las actuales administraciones municipales para atender este tema. Los demás no rebasan esa cifra y hay una localidad que reconoció que no ha destinado ni un solo peso a atender esta emergencia.
Tuxtla Gutiérrez es el municipio que ha invertido más recursos, pero que también sigue teniendo cifras más altas sobre violencia en contra de las mujeres, y el que no invirtió ni un peso el año pasado en este rubro fue Villaflores.
Los recursos presupuestados para la Alerta van desde la remodelación y ampliación de módulos de atención integral para víctimas de violencia hasta el pago de teléfono de las Secretarías Municipales de la Mujer, de acuerdo a información proporcionada por los propios gobiernos municipales mediante distintas solicitudes de información.
A la Secretaría de la Igualdad de Género del Estado mediante la solicitud de información 00805219 se le pidió informar sobre los recursos y acciones que ha realizado desde que inició la actual administración para atender la declaratoria, pero su respuesta es que se declaraba incompetente para dar información al respecto.
La travesía de familias víctimas de feminicidio
El 18 de noviembre de 2016 en Chiapas se activó la Alerta de Violencia de Género en siete municipios de la entidad. Esto serviría para implementar acciones urgentes para evitar y erradicar la violencia feminicida, sin embargo, los feminicidios se siguen presentando.
Siete días después de haber emitido la Alerta, Yuri Lizeth Méndez Trejo, fue asesinada por su supuesto amigo, Iván Alonso Orantes y desde esa fecha, comenzó la travesía para su mamá, la señora Yamili Trejo Arrazate, quien ha tenido que enfrentar una serie de obstáculos, desde insistir que el feminicidio de su hija fuera tipificado como tal.
«Por el hecho de no estar en la vía pública expuesta, no está considerado como feminicidio»
Itzel Molina, hermana de Yuri, señaló que desde que se inició la investigación del feminicidio de su hermana, las autoridades les dijeron que ni podría ser tipificado como feminicidio porque el cuerpo de Yuri no se encontraba sobre la vía pública expuesta.
«Porque feminicidio es en la vía pública expuesta, o sea, debió haber estado a la mitad de la carretera o acá (a la orilla), pero él tuvo la amabilidad, porque si hubiera estado en la mitad hubiera pasado carro, entonces ellos la jalan hacia un lote baldío», expuso Itzel.
La muerte de Yuri ocurrió el 25 de noviembre del año 2016, un día después de que ella, junto con dos amigos, salieron a cenar. Sin embargo, Yuri no regresó a casa. Poco después se dijo que había sido atropellada en la carretera hacia Ocozocoautla, pero las investigaciones hechas aparte por sus familiares, llevaron a la conclusión de que había sido víctima de feminicidio.
La señora Yamili Trejo y su hija Itzel, desde el 25 de noviembre, fecha en que coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, había denunciado faltas en el proceso, pues el feminicida de su hija, fue detenido y posteriormente liberado en marzo del 2017, acción que le permitió gozar de su libertad hasta el pasado 2019, cuando finalmente fue recapturado.
«Homicidio simple y no feminicidio»
Karla Yesenia Gómez Velasco tenía 21 años de edad, estudiaba la licenciatura en Derecho y trabajaba en la campaña del excandidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Penagos, sin embargo, fue hallada muerta el 4 de julio de 2018, un día después de las elecciones.
Maricruz Velasco Nájera, mamá de Karla Yesenia, asegura que la joven fue asesinada, pues su cuerpo tenía huellas de violencia, sin embargo, no se tipificó como feminicidio, sino como homicidio simple. Hoy, a dos años de lo ocurrido aún no se esclarece el caso.
La familia, detalló que actualmente un hombre está detenido como el presunto responsable, pero el proceso ha sido suspendido por malas prácticas y burocracia que ha arrastrado el Poder Judicial de Chiapas.
La familia de Karla Yesenia pide que las investigaciones continúen, ya que el día 4 de julio del 2018, la joven les notificó que saldría con un grupo de amigos, mismos que colaboraban en la campaña electoral de Carlos Penagos.
Es por eso que piden justicia, ya que tampoco se tiene la certeza de que todos los culpables respondan a lo que hicieron, denunció Maricruz Velasco Nájera, madre de la víctima.
El único detenido es Marvin Eduardo «N», quien enfrenta el proceso recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa.
Ambos feminicidios se presentaron después de emitirse la Alerta de Violencia de Género, así como cientos de feminicidios y muertes violentas de mujeres, lo que quiere decir, que la principal finalidad de haber emitido esta Alerta, hasta el momento, no ha dado resultados.
¿Qué ha pasado después de cuatro años de la AVG?
Karen Diane Padilla, integrante de iniciativas feministas, expone lo que pasa con la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas, y lo que ocurre con el tema en el país. Los avances, los muros y los retos con lo que aún se enfrenta la alerta que pretende atender este flagelo, pero que al parecer cayó en tierra estéril.
«No hay un solo estado en el que se haya decretado Alerta por Violencia de Género y que los mecanismos hayan funcionado, no se ha disminuido la violencia contra las mujeres, no ha habido un cambio significativo en las incidencias de feminicidio, al contrario, esto ha aumentado».
En términos concretos, indica que las Alertas no han servido para lo que fueron creadas. «No significa que el mecanismo este mal, sino que tiene que ver más en cómo se ejecuta».
De acuerdo a la activista, el fracaso de las AVG inicia desde la selección de funcionarios o funcionarias, con quienes se gasta presupuesto para «sensibilizarlos».
«Las formas en las que se intenta acabar o remediar con esta violencia es lo que está mal. Según mi perspectiva está mal como se ejecutan, porque casi siempre le toca ejecutar estos proyectos a personas que no tienen ningún tipo de formación, que no saben y tampoco tienen la sensibilidad.
(…) Ya no queremos gente que llegue a aprender, queremos gente que ya aprendió, que ya trae una trayectoria importante en los derechos de las mujeres y aquí no vamos a enseñarle a nadie que las mujeres tienen que respetarse».
Prueba de lo dicho, indica, son los módulos de «atención inmediata» en Chiapas. «No funcionan porque están mal implementados y mal ejecutados por personas que no saben, que son machistas, misóginos que aplican las leyes a modo».
Diane Padilla enumera como debilidades de la AVG la falta de acceso a la justicia, además de la politización del tema.
«Creemos que todo es propaganda, que siempre que se hable de mujeres en Chiapas solamente se cae en propaganda, no hay acciones contundentes que nos hablen de que a mediano o a largo plazo haya una disminución de violencia contra las mujeres.
(…) lo que está pasando en los juzgados familiares y lo que pasa con las mujeres que van a denunciar violencia. La Alerta por Violencia de Genero en Chiapas no ha funcionado porque no se ha traducido en un esfuerzo institucional».
Otro de los muros con los que se enfrentan las AVG es la posición sociocultural y económica en la que están las mujeres
«(…) hay todo un montón de problemas que están conectados y a los que se les debe dar solución primero para que se pueda disminuir la violencia contra las mujeres y sobre todo la violencia feminicida.
Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, y en cada oportunidad, la única manera de atacar los feminicidios, es decir, que dejen de asesinar mujeres, es poniendo atención a como son obligadas a vivir las mujeres, en desventajas económicas, políticas y culturales. Mientras no le demos remedio a todas estas desventajas, no vamos a poder atacar el tema de los feminicidios».
Precisamente, esa diversidad en los estados de México juega un papel importante en la forma en que se experimenta la violencia contra las mujeres:
«La violencia contra las mujeres como se manifiesta en Chiapas, es diferente a como se manifiesta en el Estado de México y en el Norte del país, porque allá se vienen atravesando otros problemas que también vienen arrastrando desde hace mucho, como lo son el hecho de que haya tantas armas circulando y el hecho de que las mafias masculinas estén completamente asimiladas allá».
Padilla ejemplifica como la violencia sanguinaria comienza a percibirse en el estado a través del caso ocurrido hace unos meses donde una mujer fue encontrada desmembrada, dentro de una maleta en Tuxtla Gutiérrez, sin que a la fecha se sepa lo que pasó.
Ante este panorama, la luchadora social hace un llamado a las autoridades a usar adecuadamente los recursos destinados a atender la violencia contra las mujeres y no ocultar la realidad.
«No se trata de que disminuya el número de víctimas, se trata de que no maten a ninguna mujer, a ninguna niña, que no abusen de nadie en estos estados y estos municipios».
Además, concluyó aseverando que no se puede hablar de una Alerta de Violencia de Género en tanto el aborto no sea legal. «Necesitamos políticas públicas que no solamente sean en el sentido de atender una emergencia», acentuó.
