El Estado mexicano estuvo involucrado en 2 de cada 5 agresiones contra la prensa y que el 2021 fue el año en el que más se invisibilizó la problemática relacionada con los Derechos Humanos desde el discurso púbico
Ciudad de México.– Los primeros 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido los más violentos para la prensa de los que se tenga registro, y representan un 85 por ciento más que lo registrado por su antecesor, Enrique Peña Nieto, afirmó la organización Artículo 19 en su informe «Negación» presentado esta mañana en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) de la Ciudad de México.
En un comunicado de prensa, la organización defensora de la libertad de expresión señaló que en lo que va del sexenio de López Obrador se documentaron un mil 945 ataques contra la prensa: 30 asesinatos de periodistas y dos desapariciones en comparación con el mismo periodo de Enrique Peña Nieto, en el cual se registraron 15 asesinatos contra periodistas en posible vínculo con su labor y un mil 53 ataques.
«Esto quiere decir que los primeros tres años de López Obrador representan casi un 85 por ciento más de ataques contra la prensa que los primeros tres años del anterior mandatario, marcando el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro», enfatizó.
Tan sólo durante 2021 la organización registró siete asesinatos y 644 ataques contra la prensa vinculados al ejercicio periodístico, es decir, una o un periodista agredido por su labor cada 14 horas y por tema, corrupción y política fueron los que registraron más agresiones, con 258.
El Estado mexicano estuvo involucrado en 2 de cada 5 agresiones contra la prensa y que el 2021 fue el año en el que más se invisibilizó la problemática relacionada con los Derechos Humanos desde el discurso púbico, dice el comunicado.
El director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado afirmó que existe desinformación oficial, «estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital, y violaciones a los Derechos Humanos, que vulneran la libertad de expresión».
Y destacó que la conferencia mañanera se ha convertido en el mecanismo empleado para anular cualquier crítica o comentario que se oponga a su interlocutor, además de que los datos expuestos en ese espacio son difíciles de confirmar. Durante estas conferencias, dijo, por lo menos en 71 ocasiones, un promedio de 6 al mes, el presidente y otros integrantes de gobierno denostaron a la prensa.
La narrativa oficial de comunicación centrada en este espacio, afirmó, «sirve como un espacio de deslegitimación del mensajero institucionalizada a través de la sección «Quien es quién en las mentiras» y de desinformación, donde se exponen dichos que no son verificables».
Esta narrativa descalificadora imitada por diferentes niveles de gobierno también ha derivado en el debilitamiento significativo de las instituciones encargadas de velar por la prevención y protección de la violencia y señala que la propia Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce que de 2017 a 2021 se cometieron nueve homicidios de personas que contaban con medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En tanto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quedó acéfala por 18 meses, y recibió en 2021 un presupuesto 62.8 por ciento menor al solicitado, que contrasta con el incremento de 70 por ciento recibido por la Guardia Nacional en 2022, agregó el comunicado.
El reporte también señala la desconfianza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de periodistas, quienes dijeron no sentir confianza para presentar una queja o solicitar apoyo a esta instancia. De 35 personas entrevistadas, 56 por ciento dijo no confiar en ella.
El informe destaca la persistencia de violaciones a Derechos Humanos, incluso algunas de ellas se incrementaron en lo que va de esta administración.
Por último y como parte del programa, se dio a conocer la actualización para 2022 de su Agenda Mínima 3.0, una lista de 36 acciones urgentes en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan:
- Eliminar el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial como recurso de control indirecto de las líneas informativas de medios de comunicación.
- Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión.
- Desarrollar una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio de libertad de expresión de las y los periodistas.
- Asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19.
- Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad.
- Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales y de utilizar mecanismos de censura en internet.
- Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet.
- Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación.
- Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital.
- Controlar el uso de herramientas de vigilancia.
- Garantizar el acceso a la información a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
