La desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional el cual se ubica en 25 por ciento, y que en entidades como Campeche alcanza 67 por ciento y más de 60 por ciento en Chiapas, Tabasco y Yucatán
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México.- Durante el contexto de pandemia en México aumentó el número de desapariciones en niñas a partir de los 12 años y adolescentes con diferentes fines, sustracción de menores de edad dentro o fuera del ámbito familiar, como medida para ocultar la violencia sexual y el feminicidio o para reclutamiento con fines de trata de personas.
Así lo reveló el informe presentado hoy por el Comité contra la Desaparición Forzada resultado de su visita al país del 15 al 26 de noviembre de 2021, que señala que en algunas entidades federativas la desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional el cual se ubica en 25 por ciento, y que en entidades como Campeche alcanza 67 por ciento y más de 60 por ciento en Chiapas, Tabasco y Yucatán (en su mayoría se trata de niñas y adolescentes de 10 a 19 años).
El informe aborda la situación de las mujeres que son familiares de personas desaparecidas que se han hecho llamar «buscadoras», y consideró «de particular preocupación» la victimización específica de las mujeres que, en la mayoría de los casos, quedan a cargo de su familia y afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos al tiempo que sufren los graves efectos sociales y económicos de las desapariciones, además de que en muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias.
Esta situación de victimización es particularmente preocupante para algunos grupos de la población en situación de vulnerabilidad como las mujeres, niñas y niños, personas indígenas, personas con discapacidad, personas migrantes, personas adultas mayores, personas de comunidades rurales y personas LGBTIQ+, que se enfrentan, entre otros, a obstáculos geográficos, idiomáticos y de carácter discriminatorio, reconoció el Comité.
Por ejemplo, durante la visita del Comité una víctima relató las dificultades encontradas para explicar a su sobrina, sorda, que su padre había sido desaparecido: «Siempre es difícil explicar lo que es la desaparición. Para una niña que no puede escuchar, es peor. Nosotros no sabemos hablar el lenguaje de señas. Y las autoridades a cargo del caso tampoco. Pedimos apoyo, pero la persona que sabe hablar el lenguaje de señas casi nunca viene. La niña solo llora, llora y llora, o se queda en el silencio […]. Nadie sabe qué hacer», relató el Comité.
Por todo esto dijo que el Estado debe desarrollar un programa de formación integral sobre las desapariciones que contemple procesos de capacitación coordinados y continuos y asegure la apropiación de los marcos institucionales, jurisprudenciales y normativos nacionales e internacionales relacionados con las desapariciones y la lucha contra la impunidad.
Estos programas deben promover el uso de las herramientas establecidas como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares; la Alerta AMBER; el Protocolo Alba; el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes; las guías para la búsqueda de personas, la búsqueda con perspectiva de género, el análisis de contexto en la fase de la búsqueda y para el uso del habeas corpus o amparo buscador.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas, actualmente en México hay 24 mil 554 mujeres desaparecidas en todo el país.
