Legisladores del Partido Encuentro Social presentaron la propuesta en el Congreso de Chiapas
Ana Liz Leyte / Sandra de los Santos / Aquínoticias
Diferentes organizaciones, docentes y ciudadanía en general se pronunciaron en contra de la propuesta que presentaron las y los legisladores del Partido Encuentro Social (PES) en Chiapas para implementar el llamado «pin parental» en la Ley de Educación Estatal.
El pin parental propone que madres, padres o tutores puedan prohibir que niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad participen en programas, cursos, talleres y otras actividades sobre moralidad, sexualidad y valores ciÌvicos.
Este recurso que fue presentado por los legisladores Vianney Reyes Sumuano, Silvia Torreblanca Alfaro, Maya de León Villard y Sergio Rivas Vázquez, propone el derecho de los padres a educar a sus hijos e hijas, de acuerdo a sus criterios morales, por encima del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación laica, científica y cuyos contenidos obligatorios se incluyen en programas y planes de estudio consideraron las y los firmantes del pronunciamiento que fue dirigido a los diferentes poderes de gobierno.
«El pin parental viola las garantías que emanan del ArtiÌculo 3° de nuestra Constitución, así como las de los tratados internacionales a los que México está suscrito. Cualquier intento de violencia contra la infancia es inaceptable, por mínima que ésta sea, ya que tiene repercusiones físicas, sociales, psico-emocionales y relacionales a corto y largo plazo», expresó Samantha Peña Hernández, docente y promotora de los derechos sexuales y reproductivos.
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Enfatizó que el Estado en su conjunto -incluidos los tres niveles de gobierno- tiene la obligación de combatir y eliminar la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
«Nosotras y nosotros conocemos el contexto chiapaneco: aún sin el pin parental, es complejo que docentes aborden estos temas en comunidades. Y, aunado a ello, no podemos pasar por alto que, en Chiapas, encabezamos las estadísticas por embarazos no deseados en adolescentes, por cifras de VIH, por muerte materna», expresó.
En la entidad tampoco existe el acceso a una interrupción legal del embarazo y en comunidades es prácticamente imposible el acceso a métodos anticonceptivos que enfrentan las y los adolescentes.
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«Queremos ser enfáticos: maestros, maestras, personal de apoyo, directivos del estado de Chiapas, y ciudadanía en general estamos en contra de este intento por impedir que se difunda informacioÌn sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que es, de por sí, insuficiente», dijo Samantha Peña Hernánde.
Pidieron a las y los representantes populares no ejercer sus funciones bajo una lupa moralista y conservadora, ya que basta revisar la historia de México y Chiapas para conocer el costo, desde la lucha social, por lograr una educación integral, democrática e incluyente.
El PES ha promovido esta legislación en diferentes estados. En Aguascalientes se aprobó, pero se presentó una acción de inconstitucionalidad. En una decena de estados más se presentó la iniciativa, pero aún no se ha votado. Nuevo León la desechó.
Diferentes organizaciones de defensa de los derechos de la niñez como Save the Children ha emitido pronunciamientos en contra de que en las entidades se estén presentando y en algunos aprobando este tipo de iniciativas.
