La pregunta que titula la colaboración responde a la preocupación que me ha generado ver los acontecimientos violentos en distintas entidades federativas en donde el crimen organizado, en particular, los cárteles de la droga, se disputan las plazas entre sí y retan a las autoridades municipales, estatales y federales, destruyendo bienes y propiedades de ciudadanos indefensos y, en algunos casos, asesinándolos, además de generar «bajas» entre los bandos confrontados.
La violencia que presenciamos por los medios tradicionales y las redes sociodigitales no es nueva: hemos sido testigos de acciones monstruosas que no tiene caso enumerarlas; lo fue la manera en que los criminales, directamente, fueron a atacar a la población civil: tiendas de autoservicios, gasolinerías, transportes públicos, pequeños restaurantes fueron vandalizados, quemados o rafagueados; invadieron la cotidianidad, usaron el miedo como una de sus armas. No hubo enfrentamientos con policías, militares o marinos, tampoco ocurrió la detención de un «objetivo» para que después hubiera una represalia de esa escala. Quienes habitan en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, sólo tuvieron una opción: buscar refugio. Sólo la suerte –sí, estar en el lugar y la hora correctos– se interpuso entre ellos y la bestialidad. Resulta claro que la acción registrada en distintas ciudades de los estados referidos no fue casualidad.
Eventos similares han ocurrido en localidades del país sin importar si se ubican al norte o del sur, en la costa del Pacífico o del Golfo; incluso, en la Ciudad de México, la sede de los poderes y en donde vive el Presidente –cosa no menor, porque se pensaría que ahí no puede ocurrir nada de grandes dimensiones–. Estos sucesos hacen preguntarse qué está pasando en el país. La violencia se ha vuelto tema de sobremesa con familiares y amistades en donde, no sin apasionamientos, se tratan de dilucidar causas, consecuencias y responsables. También en estos intercambios casuales se advierte una crisis: la de validar únicamente nuestros propios argumentos o ideas afines. Hace falta escucharnos.
La crisis en materia de seguridad no apareció en el pasado inmediato, pero se ha agudizado, nutriéndose con las desigualdades que cada vez cubren más territorios y con la pobreza que se incrementa. El tema es de Estado y no uno de partidos o gobiernos, no es bandera electoral ni debe ser usado como propaganda. O se convoca a un gran acuerdo plural, republicano, y se utilizan las herramientas constitucionales para tomar la iniciativa y actuar o, más pronto que tarde, seremos testigos de que el futuro del país lo dicte la criminalidad.
La respuesta a la pregunta es sí. Se puede perder un país si el gobierno no actúa contra quienes le disputan el ejercicio de la autoridad o lo hace de manera equivocada; si la sociedad claudica en la exigencia de mejores políticas públicas de carácter integral; si en nuestro fuero interno aceptamos la realidad con pesadumbre y dejamos de hacer algo por miedo o comodidad; si las élites, buscando conservar el estado de cosas, pactan con el crimen para no resultar afectadas; si personas dedicadas a la política y a la función pública en cualquier nivel, en su fútil ambición, se vuelven empleados de los delincuentes; si los partidos políticos, únicas organizaciones capaces de formar gobiernos, aceptan postular a personas ligadas a actividades delictivas.
Sí, se puede perder un país, pero no de la noche a la mañana; se va perdiendo poco a poco, frente a nuestros ojos.
