Durante la contingencia el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará ha observado un aumento en la tasa de feminicidio y violencia sexual, disminución en denuncias y restricción de la libertad
Angélica Joselin Soto Espinosa / Cimac Noticias
Ciudad de México. América Latina registró nuevos patrones de violencia contra las mujeres durante la pandemia, como aumento en tasa de feminicidio y violencia sexual, disminución en denuncias y restricción de la libertad, de acuerdo con el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).
La Mesecvi es un mecanismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuya función es evaluar las estrategias y políticas de cada país de la región para atender la violencia contra las mujeres.
Desde el inicio de la pandemia, este mecanismo advirtió sobre un posible incremento de la violencia contra las mujeres derivado del confinamiento y otras medidas adoptadas por los Estados para hacer frente a la COVID-19.
Cinco meses después de esta advertencia, la Mesecvi identificó como parte de su informe «La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19» que en las Américas,algunos países y gobiernos locales dieron cuenta de un incremento de hasta 80 por ciento en las llamadas a las líneas telefónicas que brindan atención y orientación en casos de violencia. Al mismo tiempo, las llamadas a líneas telefónicas por parte de hijas o hijos o familiares de mujeres víctimas de violencia también aumentaron con la cuarentena.
Varios países, observó este Mecanismo, identificaron que el alto consumo de alcohol estaría relacionando con los casos de violencia en el hogar registrados durante la cuarentena. Otros Estados reportaron que, a pesar de la disminución general de la criminalidad, se registró un aumento en los casos de violencia en el hogar, abuso sexual en niñas, casos de feminicidio consumados o frustrados, y casos de agresores liberados de prisión como medida para contener el COVID-19 que asesinaron a sus exparejas luego de su liberación.
En Argentina, por ejemplo, la sociedad civil dio cuenta de que 25 por ciento de los casos de feminicidio en el 2020 sucedieron en el marco de las restricciones de circulación preventiva del contagio de coronavirus, la mayoría ocurrieron en la vivienda de la víctima o la compartida con el agresor.
Por otra parte, en Chile y Uruguay se registró una disminución en el número de denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia, pero al mismo tiempo hubo un aumento en casos de feminicidio, «lo que podría indicar las limitaciones para efectuar una denuncia», explicó el Mesecvi.
Como parte de este cambio de patrones se identificó también un aumento de casos de violencia física y psicológica en el ámbito privado. En estos casos, la violencia fue perpetrada principalmente por parejas, exparejas y familiares.
Por otro lado, en Bolivia, muchos agresores que contaban con prisión preventiva por violencia de género fueron liberados. «Esta medida no tuvo en cuenta el efecto o la protección debida, a las víctimas de estos delitos», determinó el Mecanismo.
Asimismo se identificó un aumento de violencia sexual contra las niñas perpetrada por parientes cercanos en los hogares, así como de denuncias de violencia contra mujeres que trabajan en el sector salud. La violencia contra este personal fue perpetrada por sus familiares, en el transporte público y en sus propios lugares de residencia.
El Mesecvi señaló que hubo un aumento de violencia contra las mujeres migrantes «al verse más expuestas a diversos delitos como explotación sexual, desapariciones y feminicidio». En México las solicitudes de asilo en refugios para mujeres migrantes aumentaron un 30 por ciento.
Este Mecanismo también documentó restricciones a los servicios de atención y acceso a salud sexual y reproductiva, denuncias de violencia en relaciones desiguales de poder por vulnerabilidad económica, así como restricciones ilegítimas de la libertad de trabajadoras domésticas por encontrarse en una situación de cuasi servidumbre al estar encerradas en las casas de sus empleadores.
También hubo un aumento de casos de violencia digital y se registró un aumento de delitos por crímenes relacionados con extorsión sexual y pornografía infantil en línea.
De acuerdo con el Mecanismo de la OEA, durante la pandemia hubo reportes en Argentina, Colombia, Paraguay y Perú de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, intimidaciones y arrestos injustificados por parte del personal policial, a propósito de la cuarentena.
A esto se suma que las restricciones al derecho al tránsito afectaron «de manera desproporcionada» a mujeres que no pueden salir a poner una denuncia y carecen de acceso a herramientas telemáticas, porque no se han facilitado estas herramientas o porque desconocen su existencia; mujeres y niñas que requieren cuidados especializados debido a su edad o a su condición de discapacidad.
Asimismo, estas restricciones provocaron abandono de mujeres adultas mayores lo que, explicó el mecanismo, «exacerba su situación de vulnerabilidad, en tanto no se dictaron medidas que pudieran garantizar su acceso a servicios esenciales de cuidado».
