En un comunicado reclamó que las entidades federativas no están cumpliendo con su parte de otorgar protección a las y los periodistas
Ciudad de México.- Un día después de que cientos de periodistas protestaron en 65 de ciudades del país y después de que se plantaron frente al edificio de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, para exigir garantías para ejercer su labor, la institución emitió un pronunciamiento en el que aseguró que la protección a personas periodistas y defensoras de Derechos Humanos es obligación de los estados y no solo de la federación.
El titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, Enrique Irazoque Palazuelos, destacó que de los homicidios registrados, solo siete periodistas y dos personas defensoras se encontraban incorporados al Mecanismo y recalcó que la protección es un deber de Estado.
También detalló que entre 40 y 45 por ciento de las agresiones contra el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado. Explicó que al inicio de esta administración el Mecanismo contaba con 758 personas y a la fecha son mil 508 personas beneficiarias: 495 periodistas (155 mujeres, 360 hombres) y mil 023 personas defensoras (551 mujeres, 472 hombres).
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El funcionario recordó que el Mecanismo surgió en 2012 como eje articulador y coordinador de las fuerzas del Estado mexicano para generar una política nacional; sin embargo, mencionó que a 10 años de su creación, «pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya que lo que surgió como un Mecanismo extraordinario, se convirtió la ventanilla única de atención o la única política pública para defender el tema», reclamó.
Denuncian deficiencias en protección
A pesar de que Irazoque Palazuelos explicó que la protección de periodistas en riesgo corresponde a los estados y no solo a la federación, mujeres periodistas que se manifestaron este 25 de enero en diferentes ciudades del país denunciaron la incapacidad e inacción de las autoridades locales y estatales para garantizarles seguridad, incluso señalaron que ante la desconfianza en estas instituciones buscaron protección a nivel federal.
En la movilización de este 25 de enero frente a Segob, en un enlace telefónico desde Tijuana, Baja California, las periodistas Inés García, Gabriela Martínez y Yolanda Morales, junto con Laura Sánchez Ley que salió de la entidad, denunciaron el ambiente de agresiones en Baja California. Incluso la Red de Periodistas de Mexicali aseguró en un comunicado que el Mecanismo local de Protección, creado en agosto de 2017, ha servido de poco porque los ataques a la prensa continúan.
Otro periodista que denunció esta situación fue Camelia Muñoz, corresponsal de noticias MVS en Coahuila y quien lleva cuatro años como beneficiaria del Mecanismo. Ella explicó a El Economista que las medidas que le otorgaron no fueron lo mejor. Desde su primer análisis de riesgo, señaló, las autoridades se limitaron a ver las medidas mínimas de protección, pese a que en diversas ocasiones denunció la intromisión de personas en su hogar y ataques que pusieron en peligro su vida.
Aunque Irazoque Palazuelos destacó en el comunicado que ahora hay más periodistas en el Mecanismo de Protección, el testimonio de Camelia Muñoz es que no hay seguimiento de sus casos. «Pero luego ya no te dicen cuál es el seguimiento (…) no me han podido dar las medidas de protección integral. Te ponen incluso en un momento de inestabilidad emocional, no estás segura», dijo al periódico.
Las deficiencias del Mecanismo de Protección también las vivió la periodista Cecilia Solís Martín, originaria del estado de Quintana Roo y quien en 2020 recibió un balazo en la pierna cuando cubría la manifestación del 9M, organizada para exigir justicia a mujeres víctimas de feminicidio, en la ciudad de Cancún.
Después de la agresión, Cecilia ingresó al Mecanismo, pero según contó a Radio Sonora, éste ordenó al municipio darle protección. «Sin embargo, peleaba que no, que no era posible ellos me cuidaran porque eran los que yo estaba demandando. No podría yo soportar que la policía estatal, la policía municipal, la que un día me agredió a mí, a cientos de ciudadanos que se estaban manifestando en el palacio municipal, fueron los propios elementos que me estaban dando esta seguridad», dijo.
La periodista explicó que como parte del seguimiento en el Mecanismo, la policía fue a su domicilio a tomar fotografías, así que insistió en que su seguridad no quedara en manos del estado. «Al final lo entendieron, se dieron cuenta de la gravedad de la situación» y le dieron medidas desde la federación como un botón de pánico, cámaras de seguridad en su casa y escoltas.
Al igual que Lourdes Maldonado (asesinada el pasado 23 de enero, en Baja California), pero en 2021, Cecilia Solís acudió a la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador a pedir ayuda y protección del presidente y si bien la atendieron, las repercusiones por su exigencia de justicia también llegaron a su esposo, quien es funcionario municipal y sin razón ha sido reubicado de lugar de trabajo.
Mecanismo sin perspectiva de género
Las comunicadoras han denunciado la falta de perspectiva de género cuando el Mecanismo analiza sus casos y les otorga medidas de protección, por ejemplo no tomar en cuenta si son madres o si las amenazas están acompañadas de acoso o desprestigio a su labor por ser mujeres, o si tiene alguna vulnerabilidad debido a la desigualdad económica, política y social.
En 2019 la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo y encontró la falta de integración de la perspectiva de género en diferentes procesos, en particular en casos de periodistas y defensoras en condición de desplazamiento, por lo que planteó la necesidad de integrar la perspectiva de género desde una concepción amplia e integral.
En este contexto, Irazoque Palazuelos detalló que la impunidad, superior a 90 por ciento en los casos de agresiones, es el gran problema en la agenda nacional de Derechos Humanos y precisó que de diciembre de 2018 a la fecha se tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras; y 57 por ciento de las agresiones a periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz.
Lo que no se menciona en el comunicado de la Segob, es el dato de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en su informe 2021 indica que radicó 270 expedientes, de los cuales 92 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas, por parte de diversas autoridades, entre las que destacan la Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Fiscalía General del Estado de Sonora, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y la Fiscalía General de la República.
El titular de la Unidad de Derechos Humano de la Segob aseguró que en estos tres años se han invertido, a través del Mecanismo, más de mil 200 millones de pesos en la protección de periodistas y personas defensoras; tan solo para 2022 se aprobó el presupuesto más alto en la historia del Mecanismo, ya que se destinarán 388 millones.
Por último, subrayó que desde la Segob, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, se impulsa una modificación a la Ley General de Víctimas para tener los elementos que permitan ejercer una política de Estado, que haya reglas sobre la responsabilidad y las obligaciones de los tres órdenes de gobierno y se pueda salir de este eje reactivo para pasar a la prevención en todas las regiones del país.
