Se reactivó la comunicación, sin embargo, esta vez se analizará la situación en cada entidad; mientras tanto, el gobierno del estado no puede probar su actuar para la resolución del conflicto
Portavoz / Agencias
[dropcap]S[/dropcap]e reactivó la comunicación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y dirigentes estatales del magisterio disidente, confirmó el subsecretario de Gobierno de esa dependencia, René Juárez Cisneros.
En el Palacio de Coibán (Ciudad de México), admitió que se recibieron documentos de mano de los dirigentes de Chiapas y Michoacán pero reconoció que aunque no se puede hablar de una reactivación de la mesa nacional con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sí se inició un análisis de la situación en cada entidad pues «de lo que se trata, es de resolver cosas».
La reunión con el funcionario de la Segob se prolongó al menos dos horas y se confirmó por parte del magisterio de Chiapas, la presencia de Adelfo Gómez Álvarez, de la Sección 7. No obstante, la prensa nacional refirió que después de este encuentro, los maestros de Michoacán y Chiapas optaron por salidas alternas para evitar hablar con los reporteros.
«Aquí estarán las puertas abiertas para todos, siempre en estrecha coordinación (en el caso de los maestros) con la Secretaría de Educación Pública», declaró Cisneros, a quien hace un mes le encomendaron el cargo que ocupa.
A pesar que en junio pasado se reanudaron las pláticas con Gobernación a causa de los enfrentamientos en Nochixtlán, Oaxaca, apenas ayer se confirmó que se le daría continuidad a la mesa con la CNTE que fue suspendida en agosto pasado tras haberse concretado sólo 11 sesiones.
Mientras que la coordinadora aún reclama la abrogación de la reforma educativa, el subsecretario dijo que «la actitud es de apertura total, diálogo permanente y construcción de acuerdos, siempre en pleno respeto y en el marco de la ley».
Sin voluntad
Hasta hace cinco días, el gobierno de Chiapas continuaba sin presentar pruebas ante el juez federal que así lo requirió, de las gestiones que puso en marcha para acabar con el conflicto magisterial disidente en la entidad.
Esto, en el curso de la demanda de juicio de amparo contra los gobiernos federal, estatales y municipales que interpuso en agosto pasado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) debido a las presuntas omisiones para garantizar el Estado de derecho de estos órdenes de gobierno, ante los bloqueos y protestas prolongados del magisterio. En el caso de la entidad, el juez quinto de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, admitió el recurso legal.
De acuerdo con el expediente 1730/2016, la solicitud de la Coparmex se debe a la falta de voluntad por restablecer el orden ante bloqueos carreteros, a plazas comerciales, a las tiendas departamentales y a los supermercados, en detrimento de terceros y en particular de los empresarios.
Al admitir el juez federal Agustín Tello Espíndola el trámite, asimismo ordenó pedir al presidente Enrique Peña Nieto, por medio de su consejero jurídico Humberto Castillejos, así como a los gobernadores estatales rendir sus informes para justificar su inacción.
Sin embargo, tal como lo informó El Universal, el gobierno del estado de Chiapas no tiene constancia de que sostuvo una estrategia de conciliación con los dirigentes del movimiento magisterial disidente a fin de dirimir el conflicto que surgió por la Reforma Educativa.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno estatal informó al juez décimo primero de distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México —Tello Espíndola—, que no puede comprobar las gestiones que implementó para acabar con ese conflicto porque consistieron en pláticas con los dirigentes estatales de la CNTE, así que «no le es posible exhibir constancia alguna».
En cambio, el gobierno de Chiapas solicitó el sobreseimiento (suspensión del procedimiento judicial por falta de pruebas u otra causa) del juicio de amparo promovido por la Coparmex, bajo el siguiente argumento: «Con fecha 19 de septiembre del año en curso, el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación oficialmente dieron por terminado el movimiento magisterial, restituyéndose el libre tránsito en los estados afectados». Tello Espíndola no se pronunció sobre esta solicitud.
No se respeta acuerdo
El viernes pasado, profesores disidentes de la estatal Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que protestan contra la aplicación de la Reforma Educativa en Chiapas, retuvieron afuera del Palacio Estatal de Gobierno al subsecretario de Educación Estatal, Eduardo Velázquez.
Según documentaron medios nacionales, los docentes aseguraron que el funcionario de Educación permanecería retenido «como garantía» para que el gobierno cumpliera el compromiso de no aplicar la Reforma Educativa en la entidad, pues pese a que media un acuerdo entre el Federal con las secciones 7 del SNTE y 40 adherida a la CNTE para no hacerla efectiva en Chiapas hasta el 2018, las autoridades de Educación no lo cumplen.
Uno de los inconformes denunció que el gobierno estatal continúa con la promoción de la evaluación educativa para acceder en los escalafones laborales, además, las autoridades del sector aplican las cadenas de cambio sin reconocer la antigüedad laboral de los maestros.
DESTACADO
Sin pruebas
El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno estatal informó al juez décimo primero de distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México —Tello Espíndola—, que no puede comprobar las gestiones que implementó para acabar con ese conflicto porque consistieron en pláticas con los dirigentes estatales de la CNTE, así que «no le es posible exhibir constancia alguna».
Continuidad
A pesar que en junio pasado se reanudaron las pláticas con Gobernación a causa de los enfrentamientos en Nochixtlán, Oaxaca, apenas ayer se confirmó que se le daría continuidad a la mesa con la CNTE que fue suspendida en agosto pasado tras haberse concretado sólo 11 sesiones
