De acuerdo al cabildo municipal, el exalcalde José Alfredo Toledo Blas había sido ratificado a sabiendas que es nacido en otro estado, acción que despertó su suspicacia
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
Luego de que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, mediante el cual se nombró a José Alfredo Toledo Blas como presidente municipal del Ayuntamiento de Arriaga, regidores y regidoras señalaron al poder legislativo estatal como un ente que busca tener injerencia en el municipio.
«Estos meses en el que el Congreso del Estado, en un afán de tener injerencia dentro de un ayuntamiento, que es autónomo, ha sido evidente, el Congreso nombró a José Alfredo a sabiendas de que un oaxaqueño no puede presidir un ayuntamiento en Chiapas, no puede».
«Esa persona fue denunciada penalmente ante la FGE por incurrir en un delito para sumir su cargo, pero la FGE ha sido omisa en atender esa denuncia encubriendo conductas delictivas, lo que estaremos impugnando», Liliana Bernal, representante legal del cabildo.
La Sala Regional determinó como erróneo que el Tribunal Electoral local calificara como definitiva la ausencia de David Parada Vázquez, derivada del procedimiento de desafuero al que fue sujeto, siendo que en realidad se trata de una falta indeterminada, pues la misma está condicionada a que el Tribunal competente defina la situación jurídica que deba prevalecer.
«No se tomó el cuidado de analizar que no era una falta definitiva y que además en el supuesto que hubiera esa falta se necesita ver por cuánto va a ser la ausencia, se aplica la ley de desarrollo municipal constitucional de los municipios de Chiapas, que prevé esos casos, en este caso se aplica el artículo 69 de la constitución política local, 115 constitucional, artículo 224, fracción III de la ley», declaró Servando Cruz, presidente de barra chiapaneca de abogados.
Anunciaron que demandarán penalmente al exalcalde José Alfredo Toledo Blas, por presunto desvío de más de 30 millones de pesos.
