La sentencia sienta un precedente para que cualquier mujer del República, donde está penalizado el aborto, pueda presentar un amparo para evitar ser criminalizada por interrumpir su embarazo
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Anayeli García Martínez
Cimac Noticias
Ciudad de México.- En una decisión histórica, este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un mensaje a los congresos de todo el país para no criminalizar a las mujeres que interrumpen un embarazo un deseado, pero no despenalizó el aborto a nivel nacional.
Al declarar inconstitucional que el estado de Coahuila sancione con pena de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente tenga un aborto, el alto tribunal de justicia del país sentó un precedente que obliga a todos los tribunales del país a no criminalizar a quienes interrumpan su embarazo por decisión propia. Sin embargo, para despenalizar el aborto en toda la República se requiere la modificación de todos los códigos penales locales.
Así lo explicaron en entrevista las abogadas feministas, Leticia Bonifaz Alfonzo, Karla Micheel Salas Ramírez y Yolanda Molina Reyes, así como el abogado experto en derechos sexuales y reproductivos, Alex Alí Méndez, quienes detallaron que el mensaje es que no se puede castigar con cárcel a las mujeres que abortan.
Con esta decisión de la SCJN, derivada del análisis de una acción de inconstitucionalidad que interpuso la Procuraduría General de la República (PGR), la única entidad en la que no se sanciona el aborto voluntario es Coahuila, ya que la Corte inválido el artículo 196 de su Código Penal al considerar que es inconstitucional y violatorio de los derechos mujeres.
La abogada del área de Documentación y litigio del Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), Yolanda Molina Reyes, recordó que México es una federación, es decir, cada entidad puede definir cómo castigar una conducta delictiva. Actualmente cuatro entidades del país ya tienen despenalizado el aborto: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, pero en el resto continúa sancionándose el aborto en sus códigos penales.
No obstante, la experta en el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Leticia Bonifaz Alfonzo, detalló que esta sentencia, que estará disponible en próximos meses, sí sienta un precedente para que cualquier mujer del resto de las entidades de la República donde está penalizado el aborto pueda presentar un amparo para evitar ser criminalizada por interrumpir su embarazo.
Se trata entonces de una sentencia de cumplimiento para los operadores del Poder Judicial, tanto a nivel local como federal; no obstante, señalaron, sí manda un mensaje para que los congresos locales y el federal identifiquen la necesidad de reformar sus códigos penales al ya no ser vigentes y ser inconstitucionales. De no hacerlo, se arriesgan a que alguien les interponga un recurso de inconstitucionalidad, explicó la directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas Ramírez.
La experta del Comité CEDAW, Bonifaz Alfonzo, explicó que esta jurisprudencia es retroactiva, es decir, aquellas mujeres a quienes se les aplicó el tipo penal de 2017 de Coahuila (específicamente el que analizó la Corte) y hayan sido sentenciadas ya por este delito pueden apelar a la nueva sentencia de la SCJN y solicitar su liberación.
El abogado experto en derechos sexuales y reproductivos, Alex Alí Méndez, detalló que si bien con esta acción de inconstitucionalidad se sentó jusrisprudencia, ésta solo aplica para los juzgadores de todo el país porque en realidad siguen vigentes los códigos penales que penalizan el aborto en 28 estados de la República.
Hasta ahora lo que queda claro es que las mujeres en el estado de Coahuila, las acompañantes y el personal médico que las asistan en un procedimiento de aborto no tendrán el temor de ser sancionadas o criminalizadas. Se trata de una victoria inmediata, aunque no se puede dejar de lado que esta resolución manda un mensaje a las autoridades de todo el país.
La sentencia puede ser utilizada por las mujeres de cualquier entidad para reclamar su derecho a la atención en un procedimiento de aborto, por medio de un juicio de amparo y significa que en México todas las mujeres tienen el derecho a acceder al aborto sin ser criminalizadas por ello.
