La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México culpable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, indígena maya ch’ol y simpatizante del EZLN, revelando la relación del gobierno con grupos paramilitares en el conflicto de Chiapas
Aquínoticias Staff
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada en 1999 de Antonio González Méndez, indígena maya ch’ol y simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El fallo no solo reconoce los derechos violentados de González Méndez, sino que expone las conexiones entre el Estado y grupos paramilitares que operaron en Chiapas durante el conflicto armado de los años 90.
La desaparición de González Méndez ocurrió en un entorno de violencia exacerbada tras el alzamiento del EZLN en 1994. Según la Corte, en ese periodo se implementó el “Plan Campaña Chiapas”, una estrategia contrainsurgente que promovió el surgimiento de grupos paramilitares como “Paz y Justicia”.
La Corte destacó que estos grupos “actuaban con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado” con el objetivo de neutralizar a organizaciones consideradas opositoras. González Méndez fue visto por última vez cerca de una zona donde operaba el grupo “Paz y Justicia”, y hay pruebas de que la última persona con la que tuvo contacto estaba vinculada a este grupo.
La sentencia subrayó la “falta de una investigación adecuada” por parte de las autoridades mexicanas y la afectación psicológica a la familia de la víctima, quienes han enfrentado años de incertidumbre y desamparo.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que acompañó el caso, calificó la decisión como “un avance significativo” en la búsqueda de justicia. Sin embargo, la organización insistió en que el Estado debe cumplir plenamente con el fallo, esclarecer el paradero de González Méndez y emprender investigaciones exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos durante el conflicto.
El fallo pone en evidencia una política de represión sistemática en Chiapas, donde los grupos paramilitares jugaron un papel clave. Arturo Lomelí, experto en derechos humanos, afirmó que este fallo “abre la puerta para que otras víctimas de la violencia estatal en los años 90 encuentren justicia en instancias internacionales”.
El EZLN, que se alzó en armas en 1994, nunca depuso las armas formalmente, pero desde hace años ha optado por el activismo social y la autogestión en sus comunidades. “Este caso revela las cicatrices no sanadas del conflicto, pero también la resiliencia de las comunidades indígenas en su búsqueda de justicia”, añadió Lomelí.
La sentencia de la Corte IDH establece un precedente que podría impulsar otras investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Chiapas y en otros contextos de violencia en México. A más de dos décadas de la desaparición de González Méndez, la resolución es un recordatorio de la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado interno.
Con información de Sin Embargo
