El Senado aprobó una enmienda constitucional que promete alcanzar la soberanía energética, reforzando el papel del Estado en la gestión de los recursos del país
Aquínoticias Staff
Luego de casi cinco horas de intensos debates en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos del Senado, se aprobó una reforma constitucional que promete cambiar el panorama energético de México. Con 29 votos a favor y 10 en contra, los legisladores avalaron la iniciativa que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con el fin de reforzar la soberanía energética del país y romper con el modelo impulsado por la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013.
El principal objetivo de esta reforma es garantizar el suministro de electricidad a precios más bajos, asegurando el control estatal de sectores estratégicos como el litio y el servicio de Internet, mientras se fortalece la planificación y el control del sistema eléctrico. La modificación constitucional también elimina el concepto de «empresas productivas del Estado», abriendo paso a «empresas públicas del Estado», lo que en términos prácticos refuerza el papel del Estado en la gestión de los recursos energéticos del país. Esta medida ha sido vista como un esfuerzo por reivindicar el papel del Estado en un área crucial para el desarrollo económico.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue uno de los principales defensores de la reforma, argumentando que esta medida busca asegurar que los recursos naturales de México beneficien directamente al pueblo. Para él, la nacionalización de áreas estratégicas como la electricidad y el litio es una herramienta crucial para preservar la soberanía del país en un contexto global cada vez más competitivo. Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía, agregó que el enfoque social de la reforma es vital, pues el fortalecimiento de las empresas públicas debe traducirse en mejores condiciones de vida para la sociedad, especialmente en comunidades marginadas.
Sin embargo, no todos los actores políticos ven con buenos ojos este movimiento. Desde el Partido Acción Nacional (PAN), Agustín Dorantes Lámbarri expresó su preocupación por la falta de atención a las crisis financieras que enfrentan Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para él, la reforma, lejos de resolver estos problemas estructurales, podría agravar las pérdidas de ambas empresas, con el riesgo de afectar gravemente las finanzas públicas. Esta preocupación no es nueva, pues desde hace varios años, Pemex y la CFE han estado luchando por mantenerse a flote en un mercado energético cada vez más competitivo.
El contexto histórico también juega un papel importante en este debate. Antes de la reforma energética de Peña Nieto, la CFE generaba el 63% de la electricidad en el país, pero en 2021, esa cifra había caído al 38%, mientras que el sector privado ya producía el 62%. Para muchos defensores de la reforma actual, esta caída representa un «saqueo» por parte de las empresas privadas, como lo afirmó Beatriz Mojica Morga de Morena. Según Mojica, devolverle al Estado el control de la energía no solo revertirá ese proceso, sino que permitirá llevar Internet a comunidades indígenas y afromexicanas, que hasta ahora han sido excluidas del desarrollo tecnológico.
Pero no todos comparten ese optimismo. Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que el verdadero reto para México no es el control estatal de la energía, sino su generación a partir de fuentes sostenibles. Para Colosio, apostar por un monopolio estatal no resolverá los problemas de accesibilidad o costo de la energía. En cambio, sugiere que se permita la competencia para incentivar la producción de energía más barata y limpia, en línea con los compromisos internacionales en materia de cambio climático.
La reforma también aborda el controvertido tema del litio, un recurso que ha ganado enorme relevancia en los últimos años debido a su papel en la transición hacia energías limpias, principalmente en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. A partir de la modificación constitucional, el Estado tendrá el control absoluto sobre la explotación de este mineral, cerrando la puerta a la inversión privada en este sector estratégico.
En medio de estos debates, la realidad es que la reforma representa un intento audaz por parte del gobierno para recuperar el control del sector energético, pero su éxito o fracaso dependerá de cómo se implemente en los próximos años. Mientras tanto, actores políticos de distintos partidos continúan discutiendo si esta iniciativa realmente beneficiará a la población o si simplemente marcará un retroceso en la competitividad de México en un mundo donde la energía limpia y barata se está convirtiendo en un estándar.
