A la estructura panista le quedan apenas seis días para abandonar los locales donde sus integrantes se encuentren establecidos y operar cómo finiquitar a personal, a fin de ajustarse a las peticiones de la dirigencia estatal
Portavoz Staff
[dropcap]E[/dropcap]n la recta inicial del proceso electoral local ordinario, el Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas ya comienza a resentir los estragos de haberse retirado el financiamiento público a los institutos políticos, tras la reforma que se hiciera al artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado, a fin de otorgar ese dinero a los damnificados de los sismos de septiembre.
El Comité Directivo Estatal pidió, el pasado 23 de octubre, a todos sus homólogos municipales, delegacionales y organizadoras en la entidad que sesionen en domicilios particulares, de miembros de los comités, ante la falta del recurso.
Mediante el oficio número CDE/PCIA/CHIS/0030/2017, cuyo asunto es «medidas urgentes de austeridad», comenta que «ante tal inesperada situación de la falta de recursos públicos para las actividades ordinarias permanentes y para las campañas de los partidos políticos, el Comité Directivo Estatal les instruye a tomar las medidas necesarias que impliquen compromisos de carácter financiero», en el entendido que no será posible enviarles prerrogativas hasta en tanto desaparezca de manera oficial la contingencia.
«Para el caso de las estructuras municipales que no cuentan con inmueble propio, deberán trasladar todos los bienes del Partido al domicilio del presidente o de alguno de los integrantes de la directiva municipal a más tardar el 31 de octubre del presente año, lugar en donde habrán de reunirse y sesionar de manera ordinaria, notificándonos el nuevo domicilio», se lee en la misiva.
Asimismo, el oficio —firmado al calce por la presidenta estatal panista, Janette Ovado Reazola, y el secretario general, Carlos David Alfonzo Utrilla— recomienda prescindir de arrendamiento de inmuebles, así como pago de secretarias y servicios.
Ello se traduciría en que a la estructura panista le quedan apenas seis días para abandonar los locales donde sus integrantes se encuentren establecidos y operar cómo finiquitar a personal, a fin de ajustarse a las peticiones de la dirigencia.
Sin impugnación
El pasado 2 de octubre, tras la aprobación de la medida por parte de la LXVI Legislatura de Chiapas, el Periódico Oficial del estado —en su edición 321— publicó el Decreto número 004 que modifica el numeral 12, 13 y 14 del artículo 42 de la legislación estatal referida, por lo que quedó así:
«Artículo 52:
12.- Cuando derivado de un fenómeno o catástrofe natural, uno o más municipios de la entidad sean declarados zona de desastre, se eliminará el financiamiento público otorgado a los partidos políticos durante el tiempo que dure la contingencia. Dicho monto será destinado para el auxilio de la población chiapaneca y la reconstrucción de las comunidades que resulten afectadas, mediante los mecanismos y procedimientos que establezca la autoridad hacendaria estatal. La aplicación de dichos recursos será vigilado por un Consejo Ciudadano designado por el Congreso del estado.
14.- El Instituto de Elecciones establecerá con base en las leyes generales, las bases y criterios a los que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos que no provenga del erario público».
Días después de la aprobación, en entrevista para Portavoz, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, admitió que la Ley federal especifica que no se pueden realizar modificaciones fundamentales para el ejercicio electoral y por tanto, la última palabra correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No obstante, aseveró que la LXVI Legislatura se iría a litigio —ante la inconstitucionalidad de la reforma—con la finalidad de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos con registro en la entidad, a fin de redireccionar los recursos para el apoyo de los damnificados. Hasta el momento, nadie ha interpuesto algún recurso de impugnación.
Por su parte, en una emisión radiofónica, el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, destacó que ahora que los fondos para financiamiento de partidos no son públicos, es imprescindible estar preparados para que este tipo de iniciativas se acompañen de otras medidas con el fin de que intereses oscuros e ilegales no secuestren la vida institucional del país.
Para El País, del caso en específico de Chiapas, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, previó que en efecto el caso llegaría a la SCJN, instancia que tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de la medida, y que la decisión sería impugnada.
Respecto a las voces que respaldan el hecho de que institutos políticos renuncien, como en Chiapas, a sus prerrogativas, opinó: «Hay una sobre reacción. Parece que los políticos están asumiendo un sentimiento de culpabilidad y esta propuesta tiene una buena dosis de demagogia».
Añadió que en el debate están ausentes la serenidad y la frialdad necesarias para discutir las reglas de las que depende el futuro democrático del país. Consideró que la iniciativa abre la puerta para que diversos intereses económicos irrumpan en las campañas de 2018 y no hay que perder de vista que en México hay muchos dispuestos a financiar la política.
«Desde intereses criminales a corporativos. Nadie puede negar el riesgo que esto supone… Lo planteo con exceso y mucha preocupación. ¿De veras queremos que el narco financie las campañas?», expresó Córdova.
