El Plan B de la reforma electoral plantea cambios a la revocación de mandato que permitirían al Ejecutivo promover su permanencia, en medio del debate sobre límites del poder y reglas democráticas
AquíNoticias Staff
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconfigura el tablero político. A menos de una semana del rechazo a su reforma electoral, el llamado Plan A, el nuevo intento —ahora desde el Senado— no solo revive la discusión, sino que introduce un elemento que ya genera polémica: la posibilidad de que el titular del Ejecutivo promueva su permanencia en el cargo.
El Plan B, enviado al Senado, contempla modificaciones constitucionales en los artículos 35, 115, 116 y 134, con un eje claro: redefinir las reglas de la revocación de mandato.
La propuesta establece que la persona titular de la Presidencia solo podrá enfrentar este mecanismo una vez durante su sexenio, en el segundo o tercer año de gobierno, con la consulta programada para el primer domingo de junio.
Pero el punto más sensible está en otro lado.
El proyecto abre la puerta para que el propio presidente participe en la promoción del proceso y llame al voto a su favor, bajo las reglas que establezca la ley. Desde el Ejecutivo, el argumento es claro: se trata de garantizar el derecho de defensa y fortalecer el debate público informado.
Sin embargo, la discusión de fondo ya está instalada:
¿Dónde termina el derecho de expresión del gobernante… y dónde comienza el uso del poder para influir en la decisión ciudadana?
El documento también propone suspender la propaganda gubernamental 60 días antes de la consulta, así como ajustes en el gasto público, incluyendo una reducción progresiva de hasta 15% en el presupuesto del Senado y límites a las remuneraciones de funcionarios electorales.
En el ámbito municipal, la iniciativa plantea reducir el número de regidores y acotar la integración de los ayuntamientos, con el argumento de evitar estructuras sobredimensionadas.
En paralelo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, adelantó que las leyes secundarias incluirán mayores controles financieros a los partidos políticos, obligándolos a transparentar sus ingresos en tiempo real y prohibiendo recursos de origen ilícito o extranjero.
Además, la presidenta confirmó que la elección judicial se mantiene para 2027, integrando este proceso en la ruta de transformación institucional.
El Plan B arranca ahora su ruta legislativa en comisiones. Pero más allá del trámite parlamentario, la discusión ya se trasladó al terreno político:
la redefinición de las reglas del poder… y de sus límites.
