La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó el envío de la iniciativa que modifica leyes electorales para reducir costos en el sistema político, limitar remuneraciones y ampliar mecanismos de participación ciudadana
AquíNoticias Staff
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este 17 de marzo de 2026 enviará al Senado de la República el denominado Plan B de la reforma electoral, una iniciativa enfocada en reducir privilegios, ajustar el gasto público y fortalecer la participación ciudadana.
Durante su conferencia matutina, la mandataria precisó que el proyecto contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tras el rechazo previo del denominado Plan A en la Cámara de Diputados.
Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá la presión política para reducir el presupuesto de los organismos electorales y de los partidos.
“Seguiremos insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que no se deben destinar tantos recursos a los partidos políticos”.
Austeridad y rediseño institucional
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que el eje del Plan B es la austeridad republicana, con medidas dirigidas a disminuir lo que calificó como excesos en el ejercicio del poder público.
“Tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos, en el ejercicio de la función pública (…) Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”.
Entre las disposiciones centrales destaca que ningún funcionario electoral podrá percibir ingresos superiores al de la Presidencia de la República, así como la reorientación de recursos hacia obras públicas.
Ajustes en municipios y congresos locales
El Plan B plantea cambios en la estructura de los gobiernos locales:
Municipios
- Reducción del número de regidurías (de 7 a un máximo de 15).
- Limitación a una sindicatura por municipio.
Congresos locales
- Tope presupuestal del 0.70% del presupuesto de egresos estatal.
- Reorientación de ahorros hacia infraestructura y servicios públicos.
Estas medidas buscan, según el gobierno federal, liberar recursos para atender necesidades sociales en estados y municipios.
Cambios en el sistema electoral
La iniciativa también incluye modificaciones a leyes secundarias para ajustar el funcionamiento del sistema electoral:
- Topes salariales para consejeros del INE, magistrados y funcionarios de organismos electorales.
- Inicio inmediato de cómputos electorales al cierre de la jornada.
- Uso de tecnología en procesos de fiscalización.
En materia de partidos políticos, se propone:
- Transparencia obligatoria en remuneraciones de dirigentes.
- Reportes financieros en tiempo real.
- Topes salariales y restricciones al financiamiento ilícito o extranjero.
Revocación de mandato y calendario político
El Plan B establece que la revocación de mandato se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo de la solicitud ciudadana.
Un proyecto en dos tiempos
La presidenta aclaró que esta iniciativa no sustituye ni aplaza la reforma al Poder Judicial, la cual se mantiene como un objetivo de mayor alcance, aunque reconoció que implica un costo público significativo hacia 2028.
El Plan B se presenta como una vía legislativa más viable, al centrarse en modificaciones legales que no requieren cambios constitucionales.
El debate que sigue
Con el envío de la iniciativa al Senado, el gobierno federal abre una nueva etapa de discusión en el Congreso.
El eje político está claro: austeridad, reducción de privilegios y control del gasto electoral.
El resultado dependerá ahora de la correlación de fuerzas y de la capacidad de la coalición gobernante para sostener el consenso en torno a una reforma que, aunque acotada, toca intereses estructurales del sistema político.
