La propuesta busca obligar a fiscalías de todo el país a investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio desde el inicio y cerrar espacios de impunidad
AquíNoticias Staff
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, con el objetivo de establecer un marco obligatorio para todo el país y evitar que los casos se diluyan entre omisiones, reclasificaciones o investigaciones deficientes. Durante su conferencia matutina, sostuvo que la meta es que “ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer” y que “nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio”.
De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, uno de los cambios centrales será que el Ministerio Público deba investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio. La propuesta también contempla turno continuado para evitar interrupciones en las indagatorias y una reforma constitucional que permita expedir una ley general obligatoria para todas las fiscalías estatales.
El anuncio parte de un problema real: durante años, familiares de víctimas y colectivos han denunciado que numerosas muertes violentas de mujeres se investigan tarde, mal o bajo hipótesis que descargan sospechas sobre la propia víctima. La apuesta del gobierno federal es estandarizar criterios y cerrar márgenes de discrecionalidad local. En esa lógica, la iniciativa no busca solo castigar, sino también prevenir y reparar el daño.
El punto de tensión aparece en otro plano. Si bien el feminicidio exige una respuesta específica por tratarse de una violencia con razones de género, la discusión pública no se agota ahí. La pregunta que empieza a crecer fuera del discurso oficial es si el Estado mexicano será igual de severo frente a otras muertes violentas que también terminan atrapadas en la negligencia, la saturación ministerial o la impunidad.
Los datos muestran que la violencia letal en México sigue golpeando de manera abrumadora a los hombres. En 2024, la tasa preliminar de homicidios fue de 46 por cada 100 mil hombres, frente a 5.6 por cada 100 mil mujeres, según INEGI. La diferencia estadística no cancela la especificidad del feminicidio, pero sí exhibe otra deuda estructural: un sistema de justicia que no ha logrado investigar con eficacia sostenida el conjunto de las muertes violentas.
Ahí está el doble desafío para la nueva iniciativa. Por un lado, corregir una práctica institucional que durante años minimizó o distorsionó la violencia feminicida. Por otro, evitar que el mensaje público termine instalando una percepción de justicia segmentada, donde la energía del Estado parece activarse con distinta intensidad según el tipo de víctima.
La propuesta presidencial coloca presión directa sobre las fiscalías estatales, que deberán modificar leyes, protocolos y capacidades operativas si el proyecto avanza en el Congreso. Pero también abrirá una prueba política e institucional más amplia: demostrar que combatir el feminicidio no significa desatender la impunidad en otros homicidios, sino elevar el estándar de investigación penal en todo el sistema.
En el fondo, la iniciativa de Sheinbaum toca una de las grietas más profundas del país: no solo la violencia contra las mujeres, sino la debilidad crónica de las instituciones para investigar la muerte violenta con rigor, continuidad y verdad. La ley puede convertirse en un parteaguas. La pregunta es si el Estado mexicano está dispuesto a que ese nuevo estándar valga de verdad para todas las fiscalías y no se quede, otra vez, en la retórica de una reforma bien anunciada.
