La presidenta enviará al Congreso una reforma constitucional para limitar las jubilaciones de trabajadores de confianza en organismos públicos a un máximo de 70 mil pesos mensuales; la medida no afectará contratos colectivos y se enmarca en la política de austeridad republicana
AquíNoticias Staff
En medio de cuestionamientos por pensiones millonarias otorgadas a extrabajadores de organismos públicos como Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Pemex, CFE y banca de desarrollo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma constitucional al artículo 127 para limitar las jubilaciones de altos mandos.
La propuesta establece que las pensiones de trabajadores de confianza no podrán exceder el 50% del salario del titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales. “Tiene que ver con pensiones sin privilegios de funcionarios de altos mandos con pensiones onerosas”, sostuvo la mandataria.
La reforma, que será enviada al Congreso para su discusión, busca generar un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos anuales que, según el Ejecutivo, se destinarían a programas sociales como la Pensión para el Bienestar.
Los datos oficiales muestran la dimensión del gasto. De acuerdo con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, el padrón de jubilados de LyFC en liquidación asciende a 14 mil 73 extrabajadores, con un costo anual de 28 mil 74 millones de pesos.
En ese universo, 9 mil 457 personas reciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, y 3 mil 504 superan incluso el sueldo neto mensual de la presidenta, estimado en 134 mil pesos. Además, el Estado subsidia el ISR de estas pensiones por 2 mil 367 millones de pesos.
En Pemex, 22 mil 316 jubilados del régimen de confianza representan un gasto anual de 22 mil 844 millones de pesos; en CFE, 54 mil 8 jubilados implican un desembolso anual de 49 mil 950 millones. En este último caso, 2 mil 199 personas reciben montos superiores al salario presidencial.
La medida también abarcaría a entidades como Nafin, Banobras y Bancomext, cuyos regímenes de confianza concentran jubilaciones con altos costos presupuestales.
El anuncio coincide con la polémica generada por el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, que señala presuntas irregularidades en torno a un decreto de 2022 relacionado con compensaciones vitalicias para extrabajadores de LyFC. El exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas ha rechazado dichas acusaciones y el PRI ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República.
Sheinbaum fue enfática en que la reforma no afectará derechos laborales establecidos en contratos colectivos. “Lo que ganaron antes ya no se puede mover (…) es a partir de ahora”, aclaró. También señaló que, al tratarse de una modificación constitucional, no procederían amparos para evitar su aplicación.
La consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, explicó que la iniciativa se sustenta en tres principios: austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera.
Más allá del ahorro proyectado, la propuesta coloca nuevamente en el debate público el contraste entre pensiones consideradas “onerosas” y la narrativa de fin a los privilegios. El desafío legislativo será convertir el anuncio en norma efectiva, en un terreno donde convergen derechos adquiridos, presiones sindicales y disputas políticas.
El mensaje presidencial es claro: cerrar la puerta a jubilaciones que multiplican por varias veces el ingreso promedio nacional. La discusión ahora pasará al Congreso, donde se medirá el alcance real de la reforma.
