El abuso de poder han generado el mayor número de abusos, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Fujiko Yamasaki / Portavoz
[dropcap]C[/dropcap]hiapas registra un alto porcentaje de personas que han sido víctimas de flagelación; los escenarios más frecuentes de estos casos se dan durante la búsqueda de justicia, los procesos de detención e investigación, de acuerdo con el representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Jorge Luis Hernández Castro.
«Estos casos de violación a los derechos humanos se encuentran en los estados de detención, ya sea bajo proceso, por sentencia, detención de investigación, entre otras. En ese sentido sí es preocupante pues el sistema de justicia, tanto en la procuración como en aplicación, no cuenta con las herramientas o elementos necesarios para poder atender a estas personas.»
El Frayba dio a conocer que en el último año se registraron 17 nuevos eventos de tortura, especialmente en los municipios de Palenque, Comitán de Domínguez, Villa Comaltitlán, San Cristóbal de Las Casas, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez.
Asimismo, agregó que mucho se debe a las deficiencias en la preparación policial ante el nuevo sistema judicial, además de la escasa capacidad institucional y técnica para averiguar, resguardar evidencias, custodiar pruebas y cuidar la cadena de custodia.
Hernández Castro también mencionó que siguiendo protocolos internacionales, se ha constatado que Chiapas cuenta con un alto nivel de abuso por parte de elementos ministeriales, policías investigadores y policías municipales.
«La gran mayoría de los casos de detención arbitraria han sido víctimas de tortura, tanto física como psicológica, muchos de los cuales los hemos documentado y acreditado a través de la aplicación del Protocolo de Estambul, que es el instrumento internacional para verificar si una persona ha sido víctima de tortura y por lo tanto su detención es ilegal.»
Cabe precisar que el pleno del Senado aprobó el martes pasado la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Con la aprobación a esta ley se perseguirá de oficio este delito.
Según la reforma al código penal federal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y de la Ley de Extradición Internacional, se sancionará con una pena de 10 a 20 años de prisión y en caso de que la víctima sea menor de edad, adolescente, adulto mayor, indígena, migrante, periodista o se encuentre en una condición de vulnerabilidad la sentencia será al doble.
No obstante, el Frayba no es muy optimista con la aprobación de ley, ya que considera que no afectará en la realidad del país hasta que se vea traducida su entrada en vigor y su efectiva implementación.
