La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, advirtió que en México no existe una política de Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias
Ciudad de México. Desde 2019 nuestro país no cuenta oficialmente con programas que coordinen la política pública en materia de igualdad, no discriminación y vida libre de violencia para las mujeres, problemáticas que se han agudizado durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.
Al participar en una conferencia de prensa virtual , Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, advirtió que en México no existe una política de Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
«(Las mujeres) No somos una política de Estado. Tan que no lo somos que el 6 de marzo de 2019, el presidente presentó en la conferencia matutina el Plan Emergente para Prevenir y Sancionar las violencias contra las mujeres que hasta el día de hoy no está publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como tampoco está publicado el Programa para la Igualdad. Al no estar publicadas las políticas públicas en el DOF no podemos contar con indicadores, no podemos contar con conocimiento de cuáles son las metas y los objetivos de esos programas», señaló la experta en Derechos Humanos (DH).
Tania Reneaum expresó que en México las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres se han centrado en la violencia familiar durante los recientes 15 o 20 años; además, hay pocas políticas de prevención transexenales, que pueden evaluarse de un sexenio a otro, ya que en cada sexenio se reinventan las políticas de prevención sin dar resultados claros; a esto se suma, dijo, que México le ha apostado a políticas punitivas que se basan en aumentar el catálogo de delitos o de penas, pero no ha funcionado porque lo que se requiere son políticas que ofrezcan alternativas de vida para las mujeres víctimas de violencia.
SHCP retrasa programas
Cimacnoticias preguntó vía transparencia a la Secretaría de Gobernación (Segob) cuáles son las acciones que ha implementado de 2019 a 2020 para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, así como el estatus de publicación de los grandes programas transversales en esta materia: el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Esta dependencia respondió que ambos programas fueron diseñados en 2019 tras la elaboración de foros con sociedad civil en entidades como Oaxaca, Colima, Sinaloa y el Estado de México. Sin embargo, ambos prevalecen en dictaminación final por parte del área Jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. «Una vez que se cuente con el dictamen favorable correspondiente se procederá a su publicación en el DOF», dijo la dependencia.
Estos programas son centrales en la política pública a favor de los derechos de las mujeres porque tiene metas y acciones específicas medibles y porque contienen las directrices para la coordinación interinstitucional y entre los tres niveles de gobierno.
Por ejemplo, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece objetivos específicos para el acceso a la justicia, la coordinación interinstitucional, servicio de atención para las mujeres y prevención de la violencia; asimismo, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, conocido como ProIgualdad 2019-2024, cuyo objetivo es garantizar la transversalización de la perspectiva de género en toda la política pública federal.
De acuerdo con la Segob, estos programas entrarán en vigor para empezar a coordinar con los integrantes del Sistema Nacional para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes una vez que sean publicados en el DOF. Es decir, sin estos programas cualquier acción para prevenir o atender la violencia contra las mujeres no estará articulada con una política estratégica y central.
El pasado 30 de marzo, esta agencia consultó al respecto de estos programas a la directora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos. La funcionaria dijo que la SHCP ya los había validado pero permanecían en el área jurídica en espera de que se publiquen y aseguró que aunque los programas no se han publicado oficialmente, se están llevando a cabo. «No están paradas las acciones», respondió la titular.
Entre las acciones que, de acuerdo con la respuesta de Segob, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo estos dos años para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres están 43 capacitaciones para 872 personas servidoras públicas; la firma de la iniciativa Spotlight con la Unión Europea (para la que no tiene información de operación o resultado, de acuerdo también con la respuesta oficial); la instalación de una mesa para el seguimiento de las recomendaciones de la CEDAW; el inicio de un diagnóstico sobre el fenómeno de la tortura sexual de las mujeres en México; así como acciones de comunicación en redes sociales, campañas en medios de comunicación y concursos.
Asimismo, la Segob explicó que a través de la Conavim se crearon tres Centros de Justicia para las Mujeres y se fortalecieron cuatro; así como la asignación de 101 millones 591 mil 382 pesos para las Alertas de Violencia de Género, y se modificaron los reglamentos para el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, pero todo esto hasta 2019, nada reportado durante 2020.
Ausencia de políticas de Estado agrava violencia durante COVID-19
Wendy Figueroa, coordinadora de la RNR, explicó también durante la conferencia de prensa del 6 de mayo que un ejemplo de la ausencia de una política de Estado para atender la violencia contra las mujeres es en el tema los Refugios, ya que aún no se han implementado las casas de transición que se requieren para atender a las mujeres antes de que ingresen a un refugio; tampoco hay un mandato u obligación para que los estados y los municipios implementen refugios bajo normativas específicas; y cada año las organizaciones tienen que buscar el financiamiento para operar.
Esta ausencia, dijo, se hizo especialmente visible durante la contingencia sanitaria por la nueva pandemia, ya que la violencia contra las mujeres aumentó y con ello la necesidad de atención en los refugios, los cuales están saturados entre el 100 y 80 por ciento, no tienen suficientes recursos y brindan atención a mujeres que fueron canalizadas por las propias dependencias de gobierno en las entidades porque no tenían los recursos para atenderlas.
Según los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública del mes de marzo, las cifras de víctimas mujeres por homicidio doloso aumentaron entre febrero y marzo al pasar de 219 víctimas a 254 en el último mes, la cifra más grande reportada durante este 2020. Además, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, como abuso, acoso, hostigamiento sexual o violación también aumentaron al pasar de 5 mil 239 carpetas de investigación a 5 mil 786.
En esa conferencia, distintas organizaciones a favor de las mujeres advirtieron que tienen previsto acudir al Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (un organismo internacional que revisa y da monitoreo a las políticas públicas de los Estados de la región americana en materia de la violencia contra las mujeres) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que «revise que las políticas públicas en materia de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en México durante la pandemia, y aún antes de la pandemia, no son una realidad».
