Con al menos cuatro obras detectadas cada uno, al presidente del comité directivo de la CMIC, le corresponde un monto total de 65 millones 878 mil 129 pesos. Al tesorero, 40 millones 127 mil 897 pesos; y al vicepresidente de sector agua, 33 millones 049 077
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]I[/dropcap]ntegrantes del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chiapas son favorecidos en la asignación de obra pública en la entidad, lo que ha ocasionado un desequilibrio que ha llevado a la quiebra a empresas del mismo rubro, denunciaron constructores que no han resultado beneficiados en las licitaciones.
De acuerdo con la información que proporcionaron a Portavoz, José Luis Acosta González, Carlos Alberto Morales Vázquez, Sergio Mendoza Ramos, Efraín de Jesús García López, Martín Ricardo Barroso Rueda y Jorge Luis Aguilar Gordillo —todos, integrantes de ese comité— aparecen en la lista de contratos.
Acosta González, presidente; Morales Vázquez, tesorero; Mendoza Ramos, vicepresidente del sector Agua y Saneamiento, tienen obra asignada en las secretarías de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc); de Comunicaciones y Transportes (SCT); el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) y en el Ayuntamiento de Tuxtla.
Por su parte, García López, vicepresidente del sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Barroso Rueda, su homólogo en Turismo y Medio Ambiente; y Aguilar Gordillo, quien es «invitado permanente», tienen obras asignadas en el Inifech; en el caso del primero también tiene con la SCT.
Con al menos cuatro obras detectadas cada uno, al presidente del comité directivo de la CMIC, le corresponde un monto total de 65 millones 878 mil 129 pesos. Al tesorero, 40 millones 127 mil 897 pesos; y al vicepresidente de sector Agua y Saneamiento, 33 millones 049 077.
Con dos obras, a García López le correspondería 15 millones 764 mil 910 pesos; Barroso Rueda, con una, 4 millones 708 mil 324 pesos; y Aguilar Gordillo, también con una, 5 millones 661 mil 791 pesos.
Estos personajes, acusaron los denunciantes, son los mismos que salen para expresar pronunciamientos a favor de las autoridades estatales. Es evidente, aseveraron, que esta forma de establecer los acuerdos se hace en claro contubernio con el titular de la Sopyc del gobierno del estado, Jorge Alberto Betancourt Esponda.
Además de los miembros del comité directivo de la CMIC, hay empresas que aparecen de manera recurrente en el listado, como Constructora Villaflores S.A. de C.V.; Maver Construcciones S.A de C.V.; Daes constructores; y Construcciones e instalaciones Helfa S.A de C.V.
A la primera le corresponden al menos 51 millones 810 mil 290 pesos por monto de sus obras; a la segunda, 33 millones 393 mil 191 pesos; a la tercera, 15 millones 122 mil 863 pesos; y a la última, 14 millones 491 mil 758 pesos.
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Hasta noviembre del año pasado, ante medios locales, algunos agremiados a la CMIC Chiapas ya habían denunciado la existencia de anomalías en el reparto de la obra pública; estas irregularidades permitían a los directivos de la cámara resultar beneficiados, acusaron.
Por esas fechas, un inconforme e integrante de la CMIC declaró para Reporte Ciudadano: «Es conocido por todos los socios que la obra pública estatal no beneficiará a todos los agremiados, pero lo que no se vale es que sean unos cuantos, principalmente los que integran el Comité Directivo, hay empresarios que llevamos más de cuatro años sin trabajar con el gobierno».
Ese mismo mes, Óscar Octavio Marín Alegría, presidente de los Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción (ECIC), también se pronunció al respecto en la prensa. Atribuyó el quiebre de muchas empresas de ese sector a esa inequidad en la asignación de contratos; explicó que él llevaba al menos tres años pugnando porque se le otorgaran licitaciones a integrantes de esa asociación que está constituida por al menos 266 miembros, de los cuales sólo el 11 por ciento había sido contemplado por las autoridades del ramo.
Seis meses antes, declaró a los medios: «El sector se encuentra harto de que las contrataciones de la obra pública se otorgue en grandes montos a unas cuantas empresas constructoras, que presumiblemente resultan ser en algunos casos propiedad de algunos funcionarios públicos».
La revista Proceso consignó que en el último bimestre del año, al menos 90 empresarios de la asociación civil Constructores Independientes del Sureste (Ocisac) marcharon en protesta para exigir al gobierno del estado ser tomados en cuenta en la asignación de obras. En esa ocasión, acusaron al director del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech), Eduardo Zenteno Núñez, de elegir a los que serían favorecidos.
Su presidente Valente Ordóñez Ruiz refirió que los proyectos son asignados a otras organizaciones como la CMIC y el Colegio de Ingenieros Civiles Siglo XXI, mientras que a ellos se les dejaba al margen.
