La Red de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos», conformada por 84 organizaciones en 23 estados de México, envío hoy un comunicado a la PGJ-CdMx en el que manifiesta su «consternación» ante la demora del cumplimiento de las obligaciones que tiene respecto al caso
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]a Red de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos», conformada por 84 organizaciones en 23 estados de México, envío hoy un comunicado a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) en el que manifiesta su «consternación» ante la demora del cumplimiento de las obligaciones que tiene respecto al feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio.
El próximo tres de julio se cumplen dos meses del hallazgo del cuerpo sin vida de Lesvy Berlín en el Anexo de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y lejos de haberse apagado la indignación, parece haber sumado a más organizaciones y activistas.
El caso de Lesvy Berlín se ha convertido en una piedra en el zapato del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Los ataques que la joven sufrió desde la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría, considerado «criminalización» por las organizaciones civiles, por estudiantes y familiares, marcaron el ejercicio de Rodolfo Ríos Garza, hoy el titular de esa dependencia.
Una cosa similar a lo que ocurrió con el llamado «Caso Narvarte», que tuvo un perfil similar al de Lesvy: el pésimo manejo de prensa (desde filtraciones hasta criminalización) provocó malestar de otra comunidad: la periodística. Apenas un puñado de medios se prestó a convertir a las víctimas en criminales. También este caso marcaron a la dupla Mancera-Ríos Garza.
La carta dirigida a la PGJ-CdMx, señala que el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización representante de la familia, ha solicitado acceso y copias autenticadas de la carpeta de investigación, que contiene las diligencias de hallazgo del cuerpo y levantamiento del cadáver, y que debería incluir fotografías y videos del caso, misma que la dependencia se ha negado reiteradamente a proporcionar argumentado que se encuentra en poder de la PGR y que no se cuenta con ningún respaldo que se pueda proporcionar a la familia o a su representante legal.
Además informaron que se hizo una serie de cuestionamientos sobre el caso, a los que las dependencias tampoco ha dado respuesta. La organización considera este silencio «una violación directa al derecho de las víctimas de acceder a la justicia».
Para el Centro Vitoria «el cumplimiento del debido proceso y la debida diligencia en el caso Lesvy, tanto por la PGR como por la PGJ-CDMX, es de suma importancia porque impacta directamente en el acceso a la justicia para las víctimas, además de reconocer derechos constitucionales que el Estado en su conjunto está obligado a respetar, proteger y garantizar».
También, el Grupo de Académicas Expertas en Perspectiva de Género de la UNAM denunciaron que la PGJ-CdMx obstaculiza el acceso a la justicia de la familia de la víctima y lamentaron que la dependencia encargada de perseguir e investigar los delitos niegue el acceso total a los registros de la investigación o los proporcione a «cuentagotas».
Además, la máxima casa de estudios anunció la creación e incorporación de seis expertas en las investigaciones del feminicidio de la joven.
